Este año hay una serie de temas importantes a tratar con respecto a la educación superior. En su artículo de la semana pasada en Campus, Roberto Rodríguez anotaba dos. Uno es el desenlace del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si el presupuesto se llegara a quedar como fue aprobado por la Cámara de Diputados, las universidades públicas tendrían un respiro para sortear la coyuntura. Pero el problema financiero en su perspectiva estructural quedaría pendiente.
Por lo pronto, la política financiera de la educación superior pública se guía desde varias ópticas y tiene discrepancias “técnicas” que intervienen para asignar y distribuir los recursos.
A lo anterior se suma que, a finales del año pasado, se produjo una especie de fractura política entre los tres grandes actores (el Ejecutivo, el Legislativo y las agrupaciones institucionales) que intervienen en la definición de los recursos.
Han dejado la impresión de que navegamos en un barco a la deriva y algo deberán hacer para que la nave tenga dirección. Si se quedan en puro forcejeo perderíamos los dos años que le quedan al sexenio.
Es necesario acordar una forma en que la asignación sea suficiente y brinde certeza económica a las instituciones públicas. De no arribar a un acuerdo, las negociaciones para el Presupuesto de 2006 es posible que se vuelvan más complicadas y se produzcan más tensiones sin que se resuelva nada de fondo.
El otro punto que menciona Rodríguez es el de la reorganización funcional de la Secretaría de Educación Pública. Este cambio va ocurrir en el contexto de lo señalado y en medio de un ambiente político complejo por el juego partidario que vamos a vivir con motivo de la sucesión presidencial.
Lo cual puede hacer más difícil que la medida sea efectiva debido a los intereses que se manifiestan en este espacio y las presiones cruzadas que acarrean.
Así, los acontecimientos de la vida política nos competen directamente a los universitarios porque podemos ser afectados por éstos. Más bien deberíamos aprovecharlos porque los partidos tendrán que elaborar sus plataformas de campaña. Y uno de los temas más sensibles será el educativo, particularmente el del nivel superior.
Es oportuno que nosotros los académicos participemos presentando las ideas y los temas que nos parecen relevantes; aquellos que no pueden dejarse políticamente de lado.
Agrego a los dos de Roberto un tercero: la coordinación del Sistema Educativo Superior. Creo que a pesar de los avances que se han dado hasta ahora, es de vital importancia que se ponga en el tapete de la discusión, en virtud de los problemas que no se han resuelto. Hago sólo algunas sugerencias generales al tema.
El sistema de educación superior en México se ha diversificado y expandido. Como parte de estas tendencias se ha vuelto extraordinariamente complejo; consta de varios segmentos, muy diferenciados entre sí y en su interior.
La heterogeneidad institucional es su rasgo más típico. De ahí las dificultades para coordinarlo.
Pero su manejo y coordinación no pueden hacerse aislándolo y visualizándolo como un ente propio fuera de lo que es y representa para toda la sociedad, sin tener en cuenta que México es un mosaico cultural con grandes desigualdades. Que el país tiene fines generales y requerimientos educativos particulares que dan sentido a diversas realidades sociales.
Para que el sistema pueda funcionar de manera más adecuada es necesario pensarlo en su vinculación con un proyecto nacional de desarrollo del cual se deriven los grandes ejes que lo articulen y lo relacionen con las intenciones y necesidades educativas que se proyecten.
Coordinar el SES quiere decir, también, que las políticas públicas dirigidas a este objetivo se conciban en un marco global que permita ejecutarlas con flexibilidad para que converjan las políticas federales con las estatales y se descentralice la toma de decisiones. Caminar rumbo al federalismo. Lograr que las realidades educativas estén asociadas a su entorno social y atiendan efectivamente a sus esfuerzos de cambio como parte del movimiento que siga el sistema educativo.
La idea de flexibilizar se aplicaría, igualmente, para que las instituciones tengan y ejecuten sus propios proyectos de desarrollo, integrados al plan de educación nacional, cuyo seguimiento sería permanente para llegar a evaluarse en periodos multianuales.
En una perspectiva amplia del SES, la coordinación debe operar en un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos educativos y sociales.
Sería un extremo crucial que se legislara en la materia para que todas las agencias educativas de los tres niveles de gobierno puedan funcionar mediante consensos para implantar y ejecutar las políticas orientadas a todo el sistema. Asimismo, la ley debe favorecer la constitución de sistemas regionales y estatales de educación superior.
Como parte de la coordinación del sistema, los organismos que agrupan a las instituciones, principalmente la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, deben jugar un papel relevante para integra los esfuerzos de sus afiliados y ofrecer opciones a la dirección que sigan los cambios del SES proponiendo políticas y líneas de desarrollo estratégico.
La coordinación tiene como objetivo esencial, en los próximos tiempos, fortalecer a las u universidades y promover el equilibrio de las capacidades para que las instituciones más débiles se acerquen al promedio del conjunto. En esta medida pueden operar reglas de competencia justa.
Finalmente, los aspectos jurídicos en que se sustente la coordinación deben contemplar la regulación de las instituciones privadas por parte del Estados: establecer cuáles son los requisitos para otorgarles registro; cuáles son los mecanismos para evaluarlas y los criterios para mantener su incorporación al sistema.
Este y otros aspectos contenidos en la coordinación se entienden bajo el principio de que la educación es un bien común de la sociedad que sirve para que las nuevas generaciones estimulen efectivamente el progreso.
La educación es esencialmente política y en el juego político que viene debemos influir, expresándonos, para que a la educación universitaria pública se le brinde la prioridad que merece.
