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Restaurar el valor del trabajo académico
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 120 [2005-03-10]
 

La deshomologación salarial dio pie para formar el modo de trabajo académico en el país. A partir de su instauración se ha sustentado en la evaluación al desempeñó mediante el sistema de pago por méritos. Se trata de una historia condensada en el presente de extraordinaria relevancia, porque no sólo afectó las formas y los montos de retribución al trabajo, sino también el ejercicio de su actividad, la subjetividad y valores de los académicos, su capacidad de respuesta ante situaciones adversas y las maneras como operan las instituciones.

Las consecuencias del pago por incentivos sobre el régimen laboral, los valores, actitudes y comportamientos de los académicos no pueden entenderse si no se tienen en cuenta los rasgos institucionales que cobijan su trabajo, cuyas finalidades son la producción, transmisión y diseminación del conocimiento.

Las instituciones proporcionan las condiciones de trabajo que definen, en una gran medida, el desempeño de los académicos. Y son aquella las que están moldeadas en sus trayectorias por las políticas públicas que aplica el gobierno a la educación superior. El análisis de la dinámica y los efectos del sistema de pago por incentivos, así como el de las posibilidades de cambiarlo, deben de considerar un sinnúmero de ángulos y factores que intervienen.

La historia de la deshomologación salarial se ha formado de eventos, procesos y acciones en los cuales estuvieron involucrados quienes impusieron este sistema de pagos y los académicos que lo han resentido. A la política de ingresos se han hilvanado otras que han dado como resultado un complejo sistema de evaluación, para casi todo lo que implica la vida académica.

De ahí que, desde un perspectiva sociológica, sea de interés resaltar las tensiones y contradicciones, particularmente de naturaleza política, que este régimen laboral y los métodos de evaluación han provocado entre los académicos que compiten por los incentivos, entre ellos y las instituciones y organismos que los asignan, y entre éstas y las instancias del gobierno que formulan ejecutan las políticas educativas.

I. LA PERSPECITIVA DE LA POLÍTICA EN SU ORIGEN

Uno de los aspectos cruciales para entender e interpretar los cambios en las universidades públicas, y lo que en ellas ocurre, radica en las relaciones que mantienen con el gobierno por medio de las políticas que éste ejecuta en materia de educación superior.

En México, la deshomologación salarial de los académicos ha sido una política deliberada del gobierno. Tuvo su origen en la crisis del endeudamiento y el déficit fiscal durante la década perdida. A partir de ahí, con la premisa del ajuste estructural, en 1982 comenzaron a caer los salarios reales, y los de los académicos no fueron la excepción.

La caída del salario en las universidades trajo como respuesta de los académicos una estrategia de sobrevivencia para mantener su nivel de diva, que consistió en desempeñar trabajos en varias instituciones educativas al mismo tiempo. También, estimuló la fuga de cerebros de las instituciones públicas a las privadas, y una parte de los académicos migró o no regresó al país, sin que se conozca cuál fue la magnitud del problema.

La reacción oficial para ponerle remedio a la situación descrita fue crear medidas e instrumentos para que los académicos recuperaran sus ingresos. Pero no todos los profesores e investigadores. Había en los círculos del gobierno encargados de las finanzas públicas –desde entonces- la visión de que los académicos trabajan poco y no producen cosas relevantes para el país; que las instituciones son ineficientes y de mala calidad. Los programas de estímulos permitieron anclar los salarios y elevar los ingresos de los académicos selectivamente.

Para llevar a cabo la política de deshomologación salarial se montaron sistemas para entregar incentivos a través de becas. Tal sistema ha sido el mecanismo que ha permitido fijar los salarios tabulares a niveles muy bajos y diferencias los ingresos en función del desempeño, productividad y calidad del trabajo.

Los programas de evaluación al desempeño del trabajo académico abrieron una nueva etapa de relaciones entre el gobierno, las instituciones universitarias y la comunidad académica. La deshomologación salarial se ubicó como telón de fondo en un escenario en el cual se montó un complejo sistema de evaluación de instituciones, programas, procesos y resultados.

Esta política comenzó a ejecutarse al mismo tiempo que el Estado cambiaba su fisonomía dejando su carácter de educador para pasar a ser modesto y evaluador y, según el discurso, volverse un Estado moderno. Junto con esta transformación, el gobierno adquirió la posibilidad de controlar centralmente, a distancia, la vida de las instituciones y la capacidad económica de los académicos a través de múltiples programas de evaluación y restringir el presupuesto.

Los académicos comenzaron a trabajar por un enorme pago en instituciones con escasos recursos, lo cual encerró desde el inicio una contradicción entre el abaratamiento del trabajo y mayores exigencias impuestas al desempeño, en un ambiente laboral en el cual se fracturó el ethos académico, entre otras causas por la necesidad de contratarse con varios empleadores al mismo tiempo.

La política de deshomologación salarial vino acompañada del congelamiento de nuevas plazas académicas. Se trataba de que el gobierno pudiera hacer recortes al gasto educativo y de paliar las restricciones económicas de profesores e investigadores. Como medida de coyuntura, de parte de un gobierno que reaccionó con pragmatismo ante sus problemas fiscales, cumplió con ambos propósitos.

En los planes que ha seguido el gobierno a partir del ciclo que se inaugura con el TLC se sostiene como objetivo que la universidad pública cuente con capacidad de atender las demandas sociales y económicas y contribuya a elevar la competitividad. Lo cual resulta más difícil en un contexto de escasez de recursos, tomada la decisión de mantener el gasto federal relativamente estable, como proporción del Producto Interno Bruto en educación superior y ciencia y tecnología.

Así, se ha busca inducir los cambios otorgando financiamiento extraordinario al subsidio por medio de la evaluación, como eje central de las políticas educativas. Es desde aquí donde se pueden percibir los efectos conjuntos de la selectividad y diferenciación de los ingresos de los académicos y la orientación del financiamiento dedicado a las instituciones.

II. CONSECUENCIAS MÚLTIPLES DE LA DIFERENCIACIÓN SALARIAL

La política de ingresos diferenciados al trabajo académico, como parte del sistema de evaluación, ha tenido efectos globales que se aprecian en distintos planos institucionales.

Un balance inicial diría que los efectos positivos de la evaluación al trabajo académico fueron varios. En la coyuntura en que se pusieron en marcha los incentivos se retuvo en las instituciones a quienes resultaron beneficiados con ingresos adicionales y se evitó un malestar mayor que hubiera llevado a tensiones más fuertes entre académicos y autoridades.

Al inicio se puso un cerco a la ansiedad e incertidumbre que se vivía en los momentos de crisis. Ante soluciones que se anunciaban como remedios a la situación, los académicos que decidieron entrar a los programas de estímulos mostraron comprensión frente a los problemas económicos del país y una actitud favorable a la competencia por los ingresos. Se supone, igualmente, que mejoró el desempeño de investigadores y profesores y aumentó el número de publicaciones con los resultados de las investigaciones.

En un plazo más largo provocó, para muchos académicos, que él deterioro del ingreso fuera más tenue. Para otros frenó su caída o significó mantener su nivel y calidad de vida.

Después de un tiempo considerable, veinte años, los investigadores de la educación superior hemos señalado que los sistemas de pago por mérito y otros programas de evaluación han tenido un cúmulo de efectos negativos en el ámbito institucional.

Cuando una comunidad académica está remunerada, entre cinco a siete pesos de cada diez, por ingresos no contractuales, es decir, becas que pueden subir, bajar o eliminar una parte significativa del dinero que se recibe al mes, entonces las personas siguen comportamientos y actividades orientadas a cumplir los requisitos que se les demandan para alcanzar un ingreso decoroso.

En otras palabras, la remuneración económica de los académicos es un aspecto central en el ordenamiento de sus actividades. El homus acadmicus hace lo que le piden para que paguen mejor. Y esto ha conducido a que ahora se tengan que realizar actividades muy diversas (además de investigar y dar clases), que incluyen una enorme gama de tareas como el desarrollo de infraestructura, difusión, extensión y hasta la consecución y administración de recursos propios para hacer el trabajo. Los sistemas de incentivos nos convirtieron de empleados en trabajadores remunerados a destajo, y no es un juego de palabras sino una modificación de fondo.

Los instrumentos de evaluación incluyen toda la gama de tareas, pero otorgan prioridad a la investigación en detrimento de la docencia. Con todo, la evaluación al desempeño tiene una lógica de dispersión más que una racionalidad de lo que debería ser la división del tiempo de trabajo académico entre las funciones primordiales que deben cumplirse.

Otros aspectos en el orden laboral son la preeminencia de lo cuantitativo en el análisis de los productos, la escasa movilidad entre los nivele que fijan las becas, la falta de correspondencia entre las normas con las cuales se califica el trabajo académico, el alargamiento del ciclo de vida laboral de los académicos, la simulación y el estrés asociado a problemas de salud, que se agudizan con el envejecimiento del personal académico.

Por otra parte, en México como ha pasado en otros países, la investigación fue el punto de arranque de la deshomologación salarial al crearse el Sistema Nacional de Investigadores. Esta política atendió primero a un grupo pequeño de personas e instituciones para de ahí extenderse al conjunto de las universidades al conjunto de las universidades y dar lugar a otros instrumentos de evaluación.

Este tipo de programas se implantó en nuestro país casi a la par que en la región latinoamericana. Las políticas científicas para la competitividad global, grosso modo, trajeron consigo un nuevo patrón de investigación en la academia y una visión de las universidades que pone énfasis en la producción de conocimiento orientada a temas específicos de alta potencialidad, al tiempo que se presiona a las instituciones para que incrementen sus interacciones con la economía y comercialicen sus servicios.

Las nuevas condiciones instauradas para el trabajo académico, entre ellas la deshomologación, tuvieron impacto en el cambio de la cultura académica empujada hacia un alineamiento a la competencia y a criterios de mercado. Se impulsó, en consecuencia, la pérdida de ethos académico sustentado en la liberta-autonomía del trabajo, que es tal vez el cambio fundamental introducido por el nuevo paradigma de producción de conocimiento en los países de la región.

La educación superior y la ciencia pasaron a concebirse más como parte de la política económica que del gasto social. Y los resultados de la academia como cualquier otro producto más que como creación cultural.

La deshomologación salarial y los programas de pago por méritos han tenido influencia también en la institucionalidad de las universidades. Modificaron los hábitos, las formas de comportamiento y los imaginarios de la academia. Las reglas escritas y no escritas. Podría decirse que los sistemas de incentivos han servido ara la redistribución del prestigio y de los símbolos vinculados a una estratificación de la academia dividida ahora por varias escalas jerárquicas.

La acción de los académicos está orientada por la motivación de obtener consistencia de “estatus”, esto es llegar a los niveles más altos de cada escala, con lo cual reciben mayores remuneraciones posibles. Quien lo consigue es reconocido como un académico exitoso, el modelo al que deben llegar las nuevas generaciones.

Esta orientación dirigida al logro del mérito y del ingreso es de tal importancia que ha modificado las preferencias de los académicos. Por ejemplo, si lo que se premia son las obras de investigación publicadas, entonces se escoge escribir y publicar un artículo en lugar de atender a un alumno.

Si la investigación es el punto neurálgico para recibir recompensas económicas y el esfuerzo individual se centra en el logro de méritos para cumplir con los requisitos de la evaluación, entonces se pierde responsabilidad hacia aquellas tareas que no son las que se premian.

Si una parte considerable del ingreso, del prestigio académico y del reconocimiento social que recibe un académico se alcanza mediante el cumplimiento de reglas que no fija institución donde trabaja, entonces es posible que disminuya el sentido de pertenencia a la comunidad primaria de la que forma parte. El efecto conjunto de todo lo reseñado es de desinstitucionalización (Suárez y Muñoz en La academia en jaque, 2005)

Otros efectos de la deshomologación salarial, ligada a los sistemas de incentivos, se observan en el ámbito político. Este punto, igual que otros aquí enunciados, está abierto a la investigación.

Un primer efecto político de la deshomologación salarial fue la pérdida de influencia de los sindicatos universitarios a raíz de que el gobierno impuso límites al aumento salarial por su política económica para enfrentar la crisis de la deuda externa en los años ochenta. Años después, los sindicatos fueron paulatinamente desplazados en el terreno de lo laboral cuando se decidió que una parte de los ingresos que reciben los académicos no estaría sujeta a negociación, pues se daría en forma de becas.

La idea de un pago diferente al cumplimiento del trabajo mediante el concepto de productividad vino acompañada de un marco reglamentario aparte de los estatutos del personal académico y los contratos colectivos. A partir de esto, los sindicatos, que han jugado un papel relevante en la defensa de la educación superior pública, han permanecido hasta ahora como organismos que, por lo general, aceptan lo que se les ofrece de incremento salarial a sus agremiados.

Evidentemente, la lucha por un ingreso decoroso para los académicos no pasa hoy por la militancia sindical. Al volcarnos cada uno a mantener o mejorar nuestro ingreso nos hicimos vulnerables no hemos tenido capacidad de organizarnos. El riesgo de perder un parte del ingreso, la incertidumbre a futuro a medida que envejecemos y que sostengamos distintas visiones sobre cómo avanzar en la conquista de espacios académicos, son todos factores que han impedido la unión para la defensa de nuestros derechos e intereses y han facilitado la pasividad política de la comunidad.

Los incrementos nos hicieron trabajadores necesitados. Por mejorar económicamente dejamos atrás mucha de la dignidad que teníamos. Hay quienes abandonaron la importancia de la academia cuando se les presentó la oportunidad de ocupar un puesto académico-administrativo con más alta retribución.

En fin, la subordinación y la sumisión, en el sentido weberiano, se fueron instalando en nuestra cultura política institucional a medida que la evaluación se volvió un eje central de la conducción académica. Así, no pude negarse que hay académicos que sienten temor a que los bajen de nivel o les quiten los estímulos. Y el miedo los paraliza hasta manifestarse críticamente, porque asumir este tipo de posturas puede tener un desenlace negativo, de ser obstaculizados en el trabajo por quienes tienen el poder.

En suma, lo anterior posiblemente conforma un arsenal de creencias e imaginarios entre los académicos que las vivencias, experiencias y observaciones indican que no es falso. Probablemente, son rasgos que se acentúan más o menos dependiendo de las historias, tradiciones y formas de ejercicio del poder en cada institución.

Así como la desigualdad social es un obstáculo al desarrollo de la sociedad, el síndrome ideológico-político de los académicos se ha convertido en un impedimento para llevar a cabo cambios institucionales de fondo. Su forma de ver las realidades institucionales los inmoviliza provocando resistencias a la reformas o permitiendo que los cambios se realicen sin su intervención.

Las comunidades académicas están excluidas del establecimiento de criterios de evaluación para el pago por méritos. No son tomadas en cuenta como interlocutor. Estos programas están montados en una alianza no explícita entre los que formulan y ejecutan la política educativa y los que Burton Clark (1983) llama la “oligarquía académica” que, por recibir mayores privilegios y encontrarse en etapas avanzadas de su carrera académica, no tiene mucho interés en que se revise a fondo el sistema de evaluación favoreciendo el statu quo institucional.

En estas condiciones son las autoridades y los funcionarios quienes tomas iniciativas, los encargados de traducir y aplicar a cada realidad institucional los lineamientos oficiales de la política educativa en materia de estímulos. Están sujetos a presiones cruzadas del gobierno, por un lado, y de la comunidad, por el otro, que deben sortear para evitar ser vulnerables, lo cual genera una tensión permanente en la conducción institucional.

III. LOS OBSTÁCULOS Y LAS POSIBILIDADES DE CAMBIO

Discutir los elementos para un cambio de fondo del régimen laboral de los académicos requiere pensar en planos analíticos de alcances y tratamientos diferentes que van de lo estructural a lo individual. De lo objetivo a lo subjetivo.

La forma como no s remuneran y el régimen laboral en el cual nos encontramos están asociados a las políticas del gobierno y a la estructura de las relaciones académicas en las instituciones resultantes de los sistemas de incentivos. A continuación señalaré algunos de los obstáculos que veo y daré algunas sugerencias de cambio:

1. Desde mi punto de vista, un cambio de lo laboral tiene como uno de sus principales obstáculos la visión que tienen el gobierno de mantener separada la educación superior y la actividad científica. Mientras no se entienda que una y otra van de la mano, que son funciones que desempeñamos como parte de nuestro tiempo de trabajo, las instituciones en las cuales trabajamos y nosotros mismos seguiremos sujetos a reglas provenientes de distintos ámbitos para formar recursos humanos de alto nivel y para financiar nuestros proyectos de investigación, vamos a continuar rindiendo informes a múltiples instancias que artificialmente separan lo que producimos.

2. Desde hace tiempo un grupo de investigadores de la educación superior hemos sostenido que el modelo laboral de los académicos vive momentos de agotamiento. Actualmente, dificulta el avance académico por tensiones como las que se generan por el hecho de tener que rendir cuentas individualmente y los esfuerzos que llevan a cabo las instituciones para formar colectivos que brinden respuestas a demandas internas y externas de trabajo, en un contexto de escasez de recursos económicos.

Las instituciones deben programarse conforme a criterios que les fijan externamente para conseguir un subsidio adicional e ingresos extraordinarios que les permitan realizar sus funciones sustantivas, dar mejores condiciones al trabajo académico y los académicos recibir ingresos de distintas fuentes.

Un sistema de sobreevaluación engorroso se ha convertido en un obstáculo más para que la vida académica e institucional pueda desarrollarse con la flexibilidad y fluidez que demanda el ritmo de avance del conocimiento y la atención a los problemas del entorno.

3. En un contexto de cambio de las políticas públicas es como podría formularse mejor un modelo laboral distinto al que tenemos. Como por ahora dicho contexto no aparece, es posible, mientras tanto, enunciar algunas ideas de cambio que tienen un alto grado de generalidad debido a la diferenciación de situaciones y condiciones que tienen las actividades académicas en nuestras instituciones de educación superior.

En primer lugar, sería deseable que se modificara la forma como nos remuneran, por otra, que el salario represente la mayor proporción del ingreso y el pago por desempeño una parte realmente menor, pero sustancia, para que verdaderamente represente un estímulo. Supone agregar al salario tabular una porción de la que se dedica en los presupuestos al pago de incentivos.

También que existan entre las categorías académicas diferencias sustantivas en los ingresos. Esta medida estimula la cartera académica que el personal académico viva de su trabajo, comprometiéndose plenamente con él.

En segundo lugar, y dadas las características de cada institución, es necesario pugnar para que todo el personal académico de carrera realice investigación y docencia. Necesariamente hay que establecer de manera explícita el tiempo de trabajo que cada uno, según su figura estatuaría, debe dedicar a estas tareas.

Fijar el alcance institucional de la investigación y la docencia, esta última como una actividad que en su amplitud dispensa un tiempo mayor que el solo acto de impartir clases. Se debe evitar que la dispensión de actividades sea el sello de nuestro quehacer académico.

En tercer lugar, se deben establecer mecanismos para que las promociones y la definitividad se otorguen con base en estrictos requisitos académicos a ser cumplidos, ya sea para permanecer en la institución o para moverse entre categorías no adyacentes. Aquí la precisión de los requisitos en la cuestión fundamental, aceptándose que pueden cubrirse en distintos tiempos.

Finalmente, un orden laboral que auxilie a restaurar el valor del trabajo académico debe de descansar en unidades dentro de las instituciones que tengan su propia autonomía para tomar decisiones colegiadas.

Quiere decir que, ajustadas a un marco jurídico general que regule las condiciones de trabajo, los académicos puedan tener la capacidad de combinar las funciones u organizarse para establecer y deshacer colectivos que respondan a nuevas exigencias del conocimiento o para analizar y presentar soluciones a problemas emergentes en la sociedad. En esta medida, habrá que insistir en una recuperación e la ética académica.

Con base en lo anterior es posible plantar que las evaluaciones para asignar categorías y niveles de remuneración, aprobar promociones y otorgar la definitividad sean hechas por comisiones dictaminadoras integras basadas en normas emitidas por la propia institución, lo cual ayudaría a restaurar la imagen de la autoridad académica.

Por lo pronto, habrá que comenzar por nosotros mismo para reiterar el reconocimiento y el respeto que debemos sentir por la academia, como un modo de vida al que estamos ligados por vocación. Nosotros debemos valorarnos para que otros valores el trabajo que realizamos.

RESUMEN DE LA PONENCIA PRESENTADA EN VERSIÓN PRELIMINAR AL II ENCUENTRO DE AUTOESTUDIO DE LAS UNIVESIDADES PÚBLICAS MEXICANAS, 7 AL 11 DE FEBRERO DE 2005. CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN CIENCIAS Y HUMANIDADES, UNAM. SE HAN OMITIDO LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LAS NOTAS AL PIE DE PÁGINA POR MOTIVOS DE ESPACIO.


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