Toda reforma universitaria es controvertida. Habrá quienes estén a favor y en contra; también quienes no demuestren interés en un cambio institucional. Para llevarla a cabo es necesario llegar a consensos entre una multiplicidad de actores que representen fuerzas políticas favorables al cambio y cuyas acciones sean pertinentes al mismo. Requiere acuerdos entre dichas fuerzas sobre un proyecto que establezca con claridad qué se mantiene y qué se transforma. Ideas que guíen el desarrollo de la universidad de cara a las exigencias nacionales. Las fuerzas que pueden impulsar o inhibir una reforma se encuentran dentro y fuera de la universidad. Aquí hablaremos de dos: una latente, la de los académicos y una manifiesta, la del gobierno.

El primer episodio consiste en convencer a ambos para que apoyen la reforma. Como parte del mismo capítulo, el contenido de la reforma debe hacerse explícito de antemano. Por ejemplo, para los académicos es indispensable que el proyecto deje en claro que la reforma es necesaria para mejorar las condiciones y el clima de trabajo, que no se trata de algo formal sino de un conjunto de acciones que permitirán avanzar en una organización de unidades que integren el conocimiento.

Si de verdad se requiere transformar a la UNAM, entonces es fundamental tener un discurso político hacia el interior que remonte la falta de confianza que hasta ahora se percibe entre los académicos. Esto es posible si lo académico se resalta como centro de una nueva cultura de política de los universitarios. Crear una mentalidad favorable al cambio, gestionar la reforma con respeto de la pluralidad de puntos de vista acerca de la conducción institucional, revisar continuamente lo hecho, abrir los órganos de gobierno a una representación adecuada para que haya un diálogo constante con todos los sectores que forman la comunidad son, entre otros, temas de gran interés que las instancias encargadas de promover la reforma deben presentar y poner en la mesa de la discusión.

Pero también hay que convencer a los académicos de que la reestructuración política, administrativa y académica significará que nuestra casa de estudios enfatice su papel como agente que impulsa el cambio y progreso de la sociedad mexicana. En ese sentido se debe prefigurar cómo será nuestro país en el futuro cercano para delinear qué Universidad Nacional anhelamos y deseamos construir. La tarea es difícil pero no imposible. Hay algunos análisis sobre las condiciones del México actual en el cual se encuentra inmersa la educación superior, de los cuales se podría partir.

Sobre las condiciones que privan en el país, la reforma tiene varios puntos críticos. Este año y el próximo, el proceso en la UNAM se moverá en un escenario político cobijado por una democratización que no acaba de llegar a la sociedad, con un gobierno que no ha podido remontar prácticas y estructuras burocráticas del antiguo régimen, en la incertidumbre de las relaciones entre los poderes y el desgaste de las agendas partidarias. Además, da la falta de una visión que integre lo educativo, la reforma se verá en medio de políticas oficiales en la materia que siguen lineamientos de antaño y orientadas a una mayor injerencia gubernamental en la vida institucional y académica.

Lo anterior le representa a la reforma de la Universidad Nacional el desafío de actualizarse, en un ambiente sociopolítico complejo, según sus criterios y puntos de vista. Si éstos no son claros, explícitos y acordados, orientados a cambios sustanciales en la estructura y organización de la academia, se dejará en claro la falta de capacidad institucional y una mayor presión desde las esferas oficiales, a partir de su marco de políticas para el sistema de educación superior. Se sumarán a la presión grupos y sectores sociales que han predicado que la universidad pública consume enormes recursos injustificables y los universitarios inconformes con los planteamientos. El riesgo de la ambigüedad o la imprecisión en los objetivos es elevado.

La reforma y los cambios que se produzcan en la institución necesitan financiamiento. Para que la UNAM lo encuentre, su proyecto deberá convencer que cumplirá con los cometidos de sus cambios, y que éstos satisfacen necesidades nacionales y nuevas demandas sociales. La experiencia internacional demuestra que los gobiernos se han acercado a las universidades bajo esta tónica. La UNAM a su forma y sensibilidad -con el peso intelectual y moral de su historia- debería resolver la tensión entre depender económicamente del gobierno federal y mantener un espectro amplio de su autonomía y el principio de libertad de cátedra, que en América Latina han sido consustanciales al florecimiento institucional y a las relaciones históricas entre la universidad y el Estado.

Hacia fuera del campus, el discurso de la UNAM tiene algunas ventajas. El gobierno de la República es un actor y un factor esencial para conducir la lucha por la competitividad en el terreno internacional. Y tal lucha depende en gran parte de dos elementos: de una fuerza de trabajo altamente calificada, que pueda reingresar a las aulas para actualizarse permanentemente, y de la producción de conocimiento que agregue valor de bienes y servicios. Hay que demostrar insistentemente que la Universidad Nacional tiene capacidad para cumplir con ambos propósitos mejor que ninguna otra institución.

Es cierto que el gobierno federal cuenta con medios para regular el desarrollo de la educación superior. Pero la regulación tiene un límite político y práctico. Un gobierno democrático, en principio, debe sostener y respetar las tradiciones y los fundamentos de valor en los cuales se fincan las universidades públicas. Eso le es conveniente en la coyuntura, entre otras razones, porque en tales tradiciones y valores se generan condiciones óptimas para el progreso de la ciencia. No es accidental que las mejores universidades del mundo se hayan desarrollado en ese contexto, como tampoco que los gobiernos que desean competir exitosamente, en este inicio de siglo, descansen en el sector de la educación superior que conjunta a las universidades de investigación.

En el caso mexicano, la UNAM es la que mejor se apega a ese modelo de institución y que en la actualidad las universidades e instituciones de educación públicas del país son las que soportan la investigación básica y aplicada. A pesar de ello, México tiene una precariedad científica notable. Así, no es difícil contar con buenos argumentos y convencer al gobierno para que apoye el cambio de la UNAM, que seguramente repercutirá en todo el sistema de educación superior para consolidar y extender la investigación.

En este terreno, la reforma de la máxima casa de estudios del país es estratégica y políticamente relevante para el gobierno. Por lo pronto, no puede prescindir de la universidad pública para hacer viable cualquier proyecto social o educativo que quiera llevar a cabo. Tampoco para jugar el papel de mediador que acerque a la sociedad con la academia. Y, para tal fin, al gobierno le corresponde crear mecanismos de coordinación y cooperación que sean efectivos y flexibles, que den cabida a las iniciativas de vinculación de las universidades.

Colofón: la reforma tiene un frente interno y uno externo que se debe cubrir. Desde ya se impone el inicio de alianzas con fuerzas reales que lleven adelante el proyecto de cambio acordado por los universitarios. Una reforma profunda trae aparejada una controversia de fondo. Pero más allá de la controversia, lo que tenemos en común es que si se hace una reforma, queremos que la UNAM salga fortalecida de ésta.