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Universidades públicas. A contracorriente
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 43 [2003-07-31]
 

Las universidades públicas en el país se desenvuelven en un contexto estructural complejo que les presenta múltiples dificultades. Trabajan y avanzan a contracorriente y, no obstante, responden y reaccionan a su entorno social y a las circunstancias económicas y políticas. En muchas de éstas se han logrado cambios positivos a pesar de que los recursos públicos que se les destinan son, por lo regular, insuficientes.

El Plan Nacional de Educación del gobierno se propone llevar a cabo políticas para el nivel superior que le permitan arribar a una serie de objetivos y metas, que a estas alturas del sexenio se estima no podrán cumplirse plenamente. Hay dos órdenes de procesos que favorecen el incumplimiento.

El primero es que la economía no ha crecido. El plan estaba fincado en tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que no han podido alcanzarse. México ha vivido en recesión desde hace tres años. El comportamiento de esta economía exportadora ha estado asociado a las dificultades que ha tenido el principal socio comercial, a la reducción de las inversiones, a la disciplina fiscal, al control del gasto público en materia social y a la pérdida de empleos.

Hemos estado inmersos en un mercado laboral deprimido en el que predominan los servicios, las pequeñas y medianas empresas y condiciones críticas de trabajo. La pobreza extrema es una de las debilidades estructurales del país. Ante la crisis, las familias necesitan ocupar a varios de sus miembros para completar el ingreso y poder subsistir. A ello se agrega la presión demográfica de una población joven en aumento que demanda educación y trabajo. Muchos jóvenes participan en la actividad económica, lo que les impide estudiar o tener un buen rendimiento en la escuela. Los que estudian, cuando egresan, se encuentran que el sistema productivo no ofrece una alta demanda de profesionistas, que en más de la mitad se concentran en diez carreras. Trabajan en lo que encuentran, lo que significa que hay desperdicio de personas con buena preparación.

Todas estas condiciones de la economía integran una coyuntura desfavorable para que las universidades públicas funcionen adecuadamente y se les destinen más recursos. A lo anterior se agrega que en los últimos dos años las propuestas de presupuesto enviadas por el Ejecutivo al Legislativo han solicitado recursos menores a los requeridos. Ha sido la Cámara la que ha tenido que ajustar al alza el financiamiento a las universidades públicas, que de otra forma hubieran cancelado actividades. ¿Este año se volverá a repetir la historia? Lo que no puede haber es queja de unas universidades contra las otras. Unirse y argumentar con los diputados parece una mejor estrategia.

El segundo obstáculo para que las universidades públicas sirvan mejor al país se encuentra en lo político y en las políticas. A las universidades se les ha empujado a establecer un arreglo político con el Estado que no garantiza un subsidio que les permita cumplir con sus objetivos en un ambiente de libertad. Por la vía financiera se han impuesto restricciones a la autonomía. Hay más tensión de la común en el modo de relaciones universidad-gobierno, una especie de estira y afloja que vuelve más vulnerables a los rectores y a la gobernabilidad institucional. Tal situación coloca a las universidades en la necesidad de moverse en el escenario político, a diversificar y redefinir sus relaciones con todos los poderes públicos y a un mayor desgaste para conseguir recursos.

Las políticas educativas que se aplican han corrido de manera paralela a los planes de desarrollo institucional de las universidades públicas. Ante la escasez de recursos, éstas no tienen condiciones de proponer o criticar; sólo se ajustan a decisiones centrales y a instrumentos que regulan básicamente a este segmento del sistema de educación superior. Aparte, las autoridades federales han optado por abrir nuevas ofertas institucionales en lugar de fortalecer a una vasta franja de universidades que cuentan con presupuestos magros. La diversificación del sistema, incluida la educación superior privada, dificulta su coordinación. Pero también dificulta entender y establecer el juego de la distribución de los recursos. Sigue la incógnita de cómo financiar la equidad con calidad, cómo y cuántos recursos asignar a esta última en instituciones que no pueden o no se quiere que incrementen su matrícula. Tampoco es claro cómo establecer prioridades financieras para mantener la calidad ahí donde crece la matrícula o tiene capacidad de aumentar. Al paso, las decisiones se toman en territorios complicados de transitar.

El contexto y las políticas han sido adversos sin que por ello las universidades públicas hayan bajado la guardia. Por el contrario, hoy tenemos universidades de las que todos nos sentimos orgullosos. Lo que queremos los universitarios es encontrar una fórmula para romper la desconfianza y las tensiones con el gobierno, definir nuestro estilo de desarrollo académico, caminar hacia el establecimiento de leyes que normen el comportamiento de los distintos actores que intervienen en el proceso educativo y las obligaciones financieras que tenga el Estado con su sistema de enseñanza superior. Un clima diferente al actual que le permita al país tener muy buenas universidades públicas (lo que es deseable y posible) y hacer que progresen aquellas que se encuentran rezagadas.

Es fundamental que se vuelva a la senda del crecimiento, desarrollar el mercado interno, generar empleo, oportunidades para capacitarse y educarse, romper el círculo perverso de la pobreza del que hablaba Myrdal hace muchos años, y aplicar una política que le otorgue prioridad al desarrollo de las instituciones públicas para cumplir los compromisos con las generaciones presentes y futuras. Estos grandes retos corresponden a la clase política mexicana.


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