Las universidades y las instituciones de educación superior públicas están inmersas en un contexto de recesión económica y crisis social que las amenaza en su desarrollo. La economía prácticamente no crece desde hace varios años y el tejido social viene fracturándose, entre otras cuestiones por la falta de empleo, que se ha convertido en pérdida.
En este suplemento varios articulistas hemos insistido en reiteradas ocasiones acerca de la problemática que enfrentan los jóvenes: hay varios millones de adolescentes (entre los 13 y los 19 años) que ni estudian ni trabajan; el desempleo se eleva por arriba del promedio entre los que tienen educación superior; ha habido depreciación de títulos y grados en el mercado de trabajo; ante la carencia de ingresos las familias han seguido como estrategia de supervivencia enviar a más de sus miembros a obtener recursos; los indicadores que miden las condiciones críticas de trabajo que elabora el INEGI ilustran un deterioro muy grande del ámbito laboral. En pocas palabras, ha continuado la pauperización de las clases medias, una mayor pobreza de los que ya eran pobres, que se asocian con el resentimiento social. Y no es para menos: existe una distribución del ingreso francamente insultante y poca capacidad de acceso a bienes materiales y culturales entre las grandes mayorías de la población.
Por otra parte, hay la sensación de que el Ejecutivo ha perdido capacidad para resolver los agobiantes dilemas de la nación. Tiene serios déficits en sus finanzas, se mueve en medio de tormentas políticas por las declaraciones de sus secretarios de Estado y no consigue coordinar una pluralidad política que le permita establecer consensos para llevar a cabo los tan prometidos cambios.
En materia de educación superior la realidad no está mejor. Hay falta de espacios para dar cabida a las presiones desatadas por el bono demográfico y por los flujos que terminan el bachillerato, entre otras cosas por la tendencia a la mejoría de la eficiencia terminal en este nivel educativo. La cobertura de educación superior se ha elevado, ciertamente, pero será difícil a este paso cumplir con las metas ofrecidas para el fin del sexenio. El indicador, según fuentes oficiales, además, señala claramente que la cobertura educativa del grupo de 19 a 23 años presenta diferencias muy grandes entre las entidades federativas y no hay una visión territorial claramente expresada.
Más todavía, la orientación de la política educativa, en lo que respecta al aumento de la oferta, ha puesto énfasis en la creación de instituciones tecnológicas, a pesar de que en el imaginario social hay una preferencia por estudiar en las universidades. Hacia las primeras se han derivado nuevos recursos, mientras que la gran mayoría de las universidades públicas reciben la parcela más pequeña del subsidio federal. A la par, la matricula de educación terciaria en escuelas privadas crece incesantemente como proporción del total. Una parte importante de la demanda escolar por educación privada se absorbe por instituciones de muy dudosa calidad, que en el lenguaje coloquial se denominan como “universidades patito”. Está a la vista de todo mundo que han proliferado sin tener regulaciones.
Un argumento para no invertir más en las universidades públicas es que la matrícula se concentra en sólo 10 carreras. Lo cierto es que las medidas aplicadas, desde hace lustros y las actuales, no han cambiado esta distribución, entre otras causas porque la población percibe de manera utilitaria el vínculo educación-trabajo, que piensa se logra más fácil si se estudia derecho, contaduría o administración. Considera que son carreras más baratas que otras que se imparten en el campo de las ciencias naturales o más rentables que aquellas que cubren las humanidades.
A lo anterior se añade la falta de plazas para incorporar a académicos jóvenes. Hoy es muy difícil que un recién egresado del doctorado consiga trabajo en una universidad pública. Quienes ejercen la academia son un grupo con tendencia al envejecimiento y a la permanencia en las instituciones, porque no existe una jubilación digna. El retiro de los académicos es un túnel cada día más largo, al que no se le ve salida, a no ser por una medida de rescate como la que se tomó con los bancos, lo cual es impensable en el corto plazo. Mientras, los académicos desconocen estas realidades y conviven en aquel estrés cotidiano que produce las múltiples evaluaciones a las que se ven sujetos. Están desorganizados, ocupados en lo suyo y muestran apatía por los asuntos colectivos.
Los recursos insuficientes que otorga el gobierno federal se complementan con otros de carácter extraordinario que se entregan por la vía de programas para el fortalecimiento institucional. Son recursos, restados del subsidio, que significan una cuantía importante respecto al presupuesto de las universidades dedicado directamente a las actividades sustantivas. A través de los programas se ha ocasionado una mayor injerencia y control de la vida académica que han provocado un proceso de desinstitucionalización. La lógica de evaluar todo lo que se hace en la academia ha tenido efectos negativos sobre la gobernabilidad de las instituciones (las decisiones se toman fuera) y ha vuelto más vulnerable a las comunidades académicas.
¿Qué soluciones se ofrecen para remediar esta problemática de la educación superior en el marco de la crisis por la que atraviesa la sociedad mexicana?
Algunos sectores empresariales y de la tecnocracia que queda en el gobierno, sostienen la idea de que una parte sustancial del presupuesto otorgado a la educación superior debe ser entregado por medio de becas a los estudiantes, para que sean ellos quienes elijan la institución en la que desean estudiar (la democracia supone libertad de elección) y paguen las cuotas con el dinero que se les entrega. Con ello se propicia que las instituciones desarrollen su propia superación académica para conquistar las preferencias de los clientes (alumnos). Y para que tal medida sea eficaz es necesario debilitar a las instituciones públicas; crear un clima propicio en la sociedad para que sea ella misma quien solicite al gobierno que no solape más a universidades, institutos y cetros carentes de estándares mínimos de calidad. Aquí se cierra el circuito.
La otra solución que circunda, y se ensaya, es avanzar en esquemas de financiamiento a través de contratos. Cada institución presenta su plan de desarrollo en el que se estipulan los propósitos y tareas que se pretenden realizar y el tiempo en el que se desahogarán. Establece un contrato con el gobierno a corto plazo, se supervisan periódicamente sus acciones y si no cumple queda sujeta a sanciones o a restricciones financieras a futuro.
Estas dos soluciones afectan intereses que seguramente pondrán resistencia a su aplicación. Son de tal fuerza que quizás las detengan. Antes de un choque por otro error, o de que alguien las proponga en serio, sería recomendable que se revisen las experiencias de países en las que han sido puestas en práctica, que arrojan un saldo de defectos, fracasos y frustraciones, para no decir que ni la equidad ni la calidad se consiguieron. Significan un retraso a lo mucho o poco que se haya logrado en los esfuerzos de coordinación del sistema de educación superior. Niegan por principio los objetivos centrales del actual Plan Nacional de Educación.
Estamos en un punto histórico de inflexión; el país todo requiere reestructurarse. Reformar de fondo las instituciones del Estado como prerrequisito de un desarrollo económico sostenido que eleve los niveles de vida y abra paso a relaciones sociales fincadas en la colaboración, la responsabilidad y el respeto ciudadano. La educación superior pública juega un papel trascendente en el cambio social, en la transformación productiva, en el aumento de la competitividad y en el arraigo de nuevos valores en la construcción de la sociedad. Ojalá que la próxima legislatura tenga la posibilidad de corregir el rumbo y que la sociedad tenga la disposición de actuar e impedir los peligros que actualmente nos acechan como país. El Estado, por su parte, debe asumir la obligación de propiciar el crecimiento económico, de elevar su capacidad financiera, de brindar una buena educación a todos los jóvenes y, con ese fin, destinar recursos suficientes y oportunos. No vamos a ir muy lejos como nación si la juventud carece de perspectivas educativas y laborales; si deja de creer en su país como ya ocurre. ¡Aguas con lo que puede venir si seguimos en las mismas!
