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Normalidad anormal en la UJED
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 415, pp.13 [2011-05-19]
 

Con motivo de la invitación para dar una plática sobre el tema de la reforma universitaria, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y darme cuenta, de primera mano, de la situación por la cual atraviesa la vida académica de la universidad, luego de los conflictos de septiembre y octubre del año pasado.

Es curioso observar cómo la UNAM estuvo presente en aquella institución durante mucho tiempo, pues el escudo del antiguo Instituto Juárez, antecedente de la UJED, es muy parecido al de la Universidad Nacional y nuestro lema “Por mi raza hablará el espíritu” es el mismo de la universidad duranguense.

Pero volviendo a los orígenes del actual conflicto, éste comenzó a finales de septiembre de 2010, cuando el edificio central de la UJED fue asaltado por un grupo de encapuchados encabezado por el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD). La exigencia del grupo fue contar con un mayor porcentaje en la votación para elegir al nuevo rector en una reunión del Consejo Universitario que se celebraría el 8 de octubre de ese año.

En la madrugada del 28 de septiembre, el Congreso del estado modificó la orden del día para incluir dos puntos relacionados con la UJED. El primero de ellos fue cambiar el nombre a la UJED por “Universidad Juárez Autónoma del Estado de Durango”. El segundo punto fue la modificación a la Ley Orgánica para evitar la inminente reelección del entonces rector con licencia en sus funciones directivas.

Se insistió mucho que éste había tenido un fuerte desacuerdo con el gobernador del estado y ése era el motivo del conflicto entre el Congreso y la UJED. Se había designado a un rector interino, quien conduciría el proceso de elección de la máxima autoridad de la universidad.

Una vez aprobadas las modificaciones a la Ley Orgánica, en sesión secreta, el Congreso designó como nueva rectora a quien hasta entonces había sido la directora de la Facultad de Medicina y Nutrición. Estas medidas violentaron también una de las funciones del Consejo Universitario que, según dicha ley, tenía la facultad de nombrar al rector de la universidad.

Ante esto, el Consejo interpuso un amparo ante las instancias federales en contra de las medidas antes mencionadas. Después de una movilización de cinco mil universitarios, la comunidad de la UJED desconoció a la rectora. El 1 de octubre, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) publicó un documento en favor de la autonomía de la universidad duranguense.

Poco después, en una accidentada sesión, el Consejo Universitario resolvió designar a quien fungía como rector interino como nuevo rector de la UJED. Cabe mencionar que en un confuso incidente ocurrido luego de terminada la sesión, el recién designado rector fue detenido durante varias horas por presuntos policías. Casi al mismo tiempo se concede la suspensión provisional al amparo interpuesto por el Consejo, con lo cual queda sin efecto el nombramiento de la rectora que había hecho el Congreso.

Sin embargo, los ocupantes de los edificios universitarios se negaron a dejar las instalaciones, alegando que sólo lo harían cuando existiera una suspensión definitiva de la determinación judicial.

Luego de que las actividades académicas se suspendieron por un breve periodo el 7 de octubre, la autonomía de la UJED se ve nuevamente violentada, al aprobar el Congreso del estado otra modificación a la Ley Orgánica y, al poco tiempo, y sin que se integre legalmente el quórum del Consejo Universitario, en una sesión de emergencia se designa como rector al funcionario que la fugaz rectora había designado como secretario general.

El recién designado rector ofrece en su discurso inaugural que restituirá la autonomía a la universidad. Entre las irregularidades para la instalación del Consejo está haber impedido el ingreso a la sesión de un número importante de profesores consejeros y que se “acarreó” a varios profesores del campus de Gómez Palacio, afines al grupo que obtuvo los votos necesarios para elegir al nuevo rector.

Desde entonces, la universidad ha continuado sus labores académicas en una aparente normalidad caracterizada por una especie de “limbo” jurídico, pues el rector en funciones no es reconocido por la ANUIES, aunque sigue administrando los recursos financieros que le otorgan los gobiernos federal y estatal.

Además, se sigue en espera de una resolución definitiva al recurso de amparo, esta vez por parte de la Suprema Corte de Justicia. No se ha definido en cuánto tiempo ésta habrá de examinar el asunto y dar su fallo. De ser así, se esperaría que la resolución del supremo tribunal de justicia del país estuviera orientada por el precedente del caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual determinó que esa institución tenía plena capacidad jurídica para designar a sus autoridades de acuerdo con el espíritu de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución.

Es de esperar también que con la resolución de la Suprema Corte, la autonomía de la UJED sea fortalecida y se prevengan futuras intromisiones de quienes son ajenos a ella. En este caso, ha quedado claro lo importante que es el respeto a la autonomía como elemento fundamental para que se cumplan satisfactoriamente las funciones sustantivas de la institución.

Posdata. En mi artículo anterior sobre la UACM (Campus 413, 05/05/2011) incorrectamente señalé que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Estatuto General Orgánico, asunto para el cual la ALDF no tiene competencia. Ofrezco una disculpa por la equivocación.


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