De manera hasta cierto punto convergente al proceso de revisión de las políticas europeas de educación superior, ciencia y tecnología, en Estados Unidos se ha desarrollado una nueva propuesta gubernamental: A strategy for american innovation: driving towards sustainable growth and quality jobs, mediante la cual la administración de Barack Obama se propone reordenar las prioridades y estrategias de las políticas sobre estos sectores.

La iniciativa, dada a conocer a finales de 2009, presenta una estructura piramidal, en cuya base se identifica la necesidad de “invertir en los pilares de la innovación estadunidense”. En el centro de la pirámide se describe el objetivo de “promover los mercados competitivos que estimulan al sector empresarial”, y en la cúspide se sitúa el propósito de “catalizar los avances científicos y la innovación sobre las prioridades nacionales”. Para el logro de esos propósitos, la iniciativa propone reforzar los presupuestos de los organismos de coordinación científica, apoyar proyectos que atiendan la mejora de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la educación, en particular la enseñanza de las matemáticas. Para estimular las exportaciones, se propone simplificar los controles internos y brindar apoyos focalizados a los sectores económicos con mayores capacidades de proyección internacional.

El objetivo de aproximar las agendas de investigación, tecnología e innovación hacia las prioridades nacionales, se centra en favorecer con recursos a los programas y proyectos que atiendan las prioridades de la agenda social y económica gubernamental: incentivar la competitividad de la industria estadunidense; recuperar los niveles de empleo en el sector formal; robustecer el sistema de salud pública y, con gran énfasis, desarrollar tecnologías favorables a la restauración ecológica, la protección del medio ambiente, y la reducción de riesgos por catástrofes naturales.

De los instrumentos propuestos para que avance la iniciativa, dos han recibido especial atención: el estímulo a los clusters (concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas, que actúan en una determinada actividad productiva) regionales para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y la iniciativa de gobierno abierto (OGI).

Lo nuevo en materia de clusters de I+D+I consiste en que el gobierno federal aporta recursos complementarios a las aportaciones fiscales de los estados, con lo cual tienden a mejorarse las perspectivas de dinamizar y generalizar estos instrumentos.

Por su parte, la iniciativa OGI, que consiste en estimular la puesta en línea y el acceso abierto de la documentación gubernamental, incluida la producción académica y científica subsidiada con fondos públicos, representa un estímulo para la formación de redes académicas y para un mejor aprovechamiento del conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología del país.

Aunque la estrategia de Obama ha sido bien recibida en el medio académico de EU, algunas críticas hacen notar que la provisión de fondos federales en el marco de la propuesta ha sido insuficiente para obtener resultados a corto y mediano plazo. También se cuestiona la escasa atención que la iniciativa presta a los “eslabones” de la cadena en que debieran vincularse los resultados de las instituciones de educación superior e investigación científica, las instancias productoras de tecnología, el sector productivo y el gobierno.

Entre las acciones que reflejan los primeros pasos de implementación de la política de innovación cabe referir, en primer lugar, el incremento presupuestal a las agencias gubernamentales encargadas de la coordinación y fomento de actividades científicas. En presupuesto 2011 se aprobaron fondos que representan incrementos reales entre 2 y 3 por ciento, aunque algunas agencias, por ejemplo, las de energía y salud pública, obtuvieron aumentos significativamente superiores.

El dato es relevante por dos razones. La primera es que el presupuesto científico en EU mostraba, en los pasados diez años, una tendencia hacia el estancamiento, manteniendo la misma proporción respecto del gasto fiscal global, así como una proporción similar en el balance de inversión pública-privada. La segunda razón es que hace verosímil la meta presidencial de alcanzar, en 2017, la duplicación del gasto público en ciencia respecto del presupuesto federal de 2006.

Otra veta destacada de la iniciativa es la distribución de fondos para reforzar la política de creación o consolidación de los denominados “parques científicos regionales”. Lo novedoso es el estímulo para que dichas infraestructuras, además de fomentar la colaboración entre empresas privadas y organizaciones académicas, incluidas las universidades, se constituyan en nichos para la colocación, temporal o definitiva, de los egresados de los programas de posgrado universitarios en ciencia y tecnología.

Así, la iniciativa pretende apoyar no sólo a las instituciones y empresas comprometidas con la generación de conocimientos y nuevas tecnologías, sino también crear nuevas vías de acceso a las nuevas generaciones de científicos y tecnólogos.

No faltan, como es de esperarse, apuntes críticos acerca del esquema, pues también implica el refuerzo de pautas de privatización del sistema público de educación superior e investigación científica. A medida en que se generaliza la perspectiva de incentivar económicamente los vínculos entre universidades y empresas, crece la participación cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, del sector privado en la definición de las agendas científicas de las instituciones públicas.

Respecto de la política de acceso abierto a la documentación gubernamental, es uno de los componentes más dinámicos de la estrategia de innovación. En poco tiempo se han alcanzado metas importantes, como obligar a las agencias gubernamentales a poner en línea acervos documentales de gran magnitud, a desclasificar aquellos que permanecían cerrados, aunque se mantienen salvaguardas relacionadas con la política de seguridad nacional y con la privacidad de datos personales.

En el sector académico y en el tecnológico, el esquema de OGI también avanza, aunque más lentamente. Resistencias importantes (derechos de autor y derechos de propiedad industrial) han hecho sentir su peso para obstruir la idea de brindar acceso público a las investigaciones y publicaciones patrocinadas con fondos públicos. Es éste un debate abierto que, por su naturaleza e importancia, amerita un análisis específico.