Las campañas electorales están en la recta final y los contendientes intensifican la búsqueda del voto ciudadano. Pese a la enorme cantidad de propaganda que tapiza prácticamente cualquier espacio disponible y el cúmulo de frases repetitivas que compiten en los medios, parece no estar claro qué compromisos nos están planteando los aspirantes a diputados y, en especial, qué propuestas tienen para la educación superior.

No son suficientes las frases machaconas de cada partido, los innumerables rostros de candidatos sonrientes, los anuncios que viajan en autobús o los espectaculares que asoman en cada avenida. Son ilustrativos los anuncios que buscan conmover y convencer al electorado con imágenes técnicamente impecables pero, lamentablemente, insultantes a la memoria y al sentido común. Curiosamente, las campañas de los candidatos parecen depender cada vez más de la audacia y escrúpulos de las agencias de publicidad, los golpes de las encuestas y los asesores de imagen. Las plataformas electorales y los principios doctrinarios ya se desempolvarán algún día.

Las próximas elecciones del 6 de julio, las llamadas elecciones intermedias son un asunto que tendríamos que considerar más seriamente. En el ámbito federal se renovarán los 500 diputados de la actual Legislatura (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) y en diez entidades también se realizarán elecciones (en seis para elegir gobernador y diputados, y en las restantes para diputados y ayuntamientos). De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para este año, el IFE recibió casi 1 mil millones de pesos, de los cuales poco más de cinco mil millones (48 por ciento) son para financiar las actividades de los 11 partidos políticos que estarán en los comicios. El principal destino del financiamiento será la propaganda en los medios. Pero los recursos en juego son recursos públicos y son cuantiosos.

Por otra parte, conviene notar que desde que el Poder Legislativo se ha convertido en un poder independiente, los diputados tienen mayor responsabilidad como representantes populares y en las decisiones nacionales. No obstante, en torno a la Cámara prevalece una imagen de dispendio, disipación, ineficiencia, improvisación y distanciamiento de los ciudadanos. Lo paradójico es que la atribución de la Cámara de Diputados en materia financiera es realmente decisiva: de ella depende única y exclusivamente la autorización del gasto público anual. Los rectores, científicos y distintas asociaciones han entendido que los diputados son la mejor vía para obtener mejoras en el presupuesto que les asigna Hacienda. Pero, ¿ésa debe ser la única razón para votar en las próximas elecciones?

A pesar de que en las campañas no se aprecian propuestas claras, los partidos políticos tienen plataformas legislativas que no se han preocupado por difundir pero que deberían ser el factor más importante para convencer a los electores. Es interesante contrastar las propuestas de las tres principales fuerzas políticas (PAN, PRD y PRI) en torno a la educación superior.

El PAN propone incorporar un apartado especial sobre educación técnica y tecnológica en la Ley General de Educación (LGE) con el fin de vincular la oferta educativa con la demanda laboral. Si bien la participación de los sectores social y productivo en el campo de la educación debe ser regulada, el mayor problema es que la correspondencia entre educación y mercado laboral no depende de un ajuste al marco legal educativo sino de una política nacional. Otra propuesta de este partido es crear una nueva Ley de Educación Superior, mediante la cual se promueva la calidad de este nivel y la rendición de cuentas. Además, sugiere reformar el artículo 5 constitucional referente al ejercicio de las profesiones, buscando facilitar la acreditación y fortalecer los colegios profesionales. Cabe señalar que la actual Ley de Coordinación de la Educación Superior data de 1978 y existe coincidencia en que debe se actualizada, pero las diferencias asoman en lo que se refiere a los temas de autonomía y asignación de recursos. Por último, plantea reformar una vez más la reciente Ley de Ciencia y Tecnología para estimular la inversión privada en este campo, reformar la ley de patentes y derechos de autor, y regular la ingeniería genética y la biotecnología en seres humanos.

Por su parte, el PRD plantea como primer iniciativa que la próxima Cámara de Diputados garantice, al término del sexenio, la reforma de la LGE que establece que se destinarán ocho por ciento del PIB para educación y de ese monto uno por ciento para la investigación que se desarrolla en las universidades. De acuerdo con las actuales expectativas de crecimiento económico (entre 1 y 2.5 puntos porcentuales), el volumen de captación fiscal (11 por ciento del PIB) y los niveles de gasto público en educación (5.5 por ciento del PIB) parece poco probable que se pueda cumplir con esa promesa. Otra propuesta del PRD, también difícil de llevar a cabo, es la reorganización estructural del sistema educativo: propone suprimir el nivel de secundaria y añadir un año más a la primaria, otro al bachillerato y otro más al nivel profesional. Por último, este partido propone que el Estado se haga cargo de manera completa del financiamiento de la educación superior. Un principio y posicionamiento importante pero cuya formulación general no permite precisar exactamente a qué se está refiriendo.

Por último, el PRI enumera diez propuestas para este nivel educativo de las cuales sobresalen tres: el otorgamiento de subsidios a las universidades con base en estándares internacionales de calidad y cobertura, la revisión del marco jurídico para establecer métodos de evaluación para egresados y la creación de un marco jurídico para regular los sistemas de financiación de las instituciones particulares. El resto de propuestas son todavía enunciados más generales, como preservar a la universidad pública, defender la autonomía, impulsar la formación de profesores e investigadores o promover la participación de las entidades federativas en la planeación.

Habría que examinar con más detalle las propuestas de cada partido y entender que la educación es solamente uno de los componentes de la agenda legislativa, pero también expresar mayores exigencias a los aspirantes a representantes populares y, sobre todo, establecer los mecanismos que nos permitan constatar si valió la pena nuestro voto o fue un error.