Hace medio año que está en funciones la nueva administración y ya se cumplió el plazo para dar a conocer su Plan Nacional de Desarrollo. Ese documento en el que quedarán registrados los grandes objetivos nacionales que busca este gobierno, las estrategias que utilizará y las prioridades que se plantea. Lo curioso es que en este primer semestre de gobierno y antes de presentar el plan ya se han tomado, o están por tomarse, decisiones sumamente relevantes sobre el sector educativo y el de ciencia y tecnología.
Independientemente de las negociaciones y los desencuentros entre actores del sector y autoridades gubernamentales, algunas de las acciones que serán clave ya se han forjado en ese trayecto que venía de las promesas de campaña y arribó al hierro de los marcos institucionales que las estaban aguardando. Ahí se ha mostrado un primer atisbo de las capacidades técnicas de los nuevos equipos y las tenazas de los instrumentos de captura.
Algunas iniciativas están en continuidad con la administración anterior y otras más son novedosas. Por ejemplo, en el caso de la educación superior se continúa el Programa Nacional de Becas y se incrementa el volumen de sus beneficiarios en aproximadamente 65 por ciento para el próximo ciclo escolar (pasarán de 175 mil a 290 mil los alumnos becados).
También se han anunciado dos nuevas e importantes iniciativas: a) un convenio entre la SEP y la ANUIES para establecer el Sistema Nacional de Educación Superior a Distancia, un sistema que busca ampliar la oferta educativa e incrementar la cobertura en este nivel educativo; y b) la creación de un Consejo Nacional para la Planeación y la Coordinación de la Educación Superior, un organismo que al parecer se integrará por múltiples representantes de instituciones de educación superior, de autoridades educativas federales y estatales, lo mismo que de legisladores, sociedad civil y sector privado (Boletín SEP 18.05.07).
El programa de becas y el de educación a distancia se dirigen principalmente a lograr un mayor apoyo y ofrecer más oportunidades educativas para los jóvenes en edad de cursar estudios superiores. Una oferta por la equidad que apareció reiteradamente en los discursos de campaña en las pasadas elecciones y en casi todas las plataformas electorales de las fuerzas políticas participantes, incluida la del Partido Acción Nacional.
La propuesta de un Consejo Nacional, por su parte, no fue una oferta generalizada ni específicamente para la educación superior, pero sí fue planteada en la plataforma electoral de la "Coalición por el Bien de Todos". En el apartado de educación, apareció en primer lugar la idea de crear un organismo autónomo para la planeación educativa y cuya adopción estaría precedida de un debate nacional incluyente.
En lo que corresponde a ciencia y tecnología, pese al escaso activismo público de las autoridades del sector, también se pueden notar dos grandes iniciativas: a) la creación de un fondo de 500 millones de pesos para innovación tecnológica -una suma que es 14 veces más lo que se destinaba anteriormente-, anunciado por el ejecutivo federal el pasado 16 de abril y en el que participarán Conacyt y la Secretaría de Economía, y b) el reciente anuncio sobre el impulso a una nueva ley de ciencia que sustituirá a la del 2002 y en la que el tema de la innovación es el central.
La innovación tecnológica no fue un tema sobresaliente en los discursos de campaña de las pasadas elecciones y tampoco en las diferentes plataformas electorales, aunque sí apareció en la mayoría la intención de impulsar el desarrollo tecnológico. Todavía menos se mencionó la idea de cambiar la normatividad de las actividades científicas y tecnológicas. Debe advertirse que el cambio de normatividad no es propiamente obra del gobierno federal, es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico quien la encabeza, pero seguramente tanto ésta como la innovación tecnológica estarán en las primeras posiciones de la agenda del sector.
Está claro que la administración no se puede cruzar de brazos durante el primer semestre de su gestión y esperar a que estén listos sus planes y programas para comenzar a tomar decisiones; múltiples y muy diversos problemas demandan acciones inmediatas. Sin embargo, resulta sumamente ilustrativo cómo resuelven los distintos sectores de la administración qué nuevas iniciativas poner en marcha; cuáles de las heredadas inhibir y cuáles continuar. Y, desde luego, el mejor momento para optar por uno u otro camino. Ahí se refleja el primer contraste entre las lejanas promesas de campaña, el tamaño de los problemas que buscan resolver, los grilletes de las estructuras y la destreza de los equipos técnicos. Pero ese momento ya concluyó, ahora viene otra fase del mismo movimiento: las acciones que se omiten o se incluyen en el plan y programas, y, más importante, como saldrá esa declaración de intenciones en su traslado a la corrosión de los hechos.
