Uno de los debates más relevantes en el terreno de la educación superior es el que se refiere al cambio que se está dando en el carácter de bien público de la educación superior. Por muchos años, tanto en la mayoría de los países en desarrollo como en los de mayor industrialización, el Estado tuvo a su cargo el sostenimiento de las instituciones universitarias. Las instituciones privadas eras escasas y muy pocas de ellas lograron alcanzar prestigio social. La situación empezó a cambiar dramáticamente desde fines de los setenta.

Un buen número de naciones estimularon la creciente participación del sector privado en la provisión de los servicios educativos de nivel superior. Una buena parte de los países que se encontraron en esta situación, lo hicieron siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE y el BID. Uno de los argumentos utilizados que fundamentaron las prescripciones era que los gobiernos estaban siendo muy presionados para poder satisfacer la demanda de educación superior y que la intervención de los particulares disminuiría dicha presión y alentaría la sana competencia entre las instituciones de ambos sectores. Sin embargo, lo explosivo de la demanda observada en los setenta y ochenta superó los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas. En el primer caso, la expansión de los establecimientos públicos no fue acompañada de suficientes recursos por parte del Estado, y del otro, las numerosas instituciones privadas en su mayoría buscaron principalmente satisfacer la demanda de educación terciaria y obtener ganancias rápidas. En ambos casos, la calidad de los servicios educativos se deterioró de modo muy considerable.

Otra situación que ha formado parte del panorama educativo de nivel universitario ha sido el establecimiento de programas de estímulos al desempeño del personal docente y de investigación. En el origen de estos programas se hallan los intentos por abandonar la política de homologación llevada a cabo en la década de los setenta. Otro elemento es que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se pretende resarcir, no de modo generalizado, sino de manera individual. La naturaleza del trabajo académico en muchas instituciones ha sido alterada, pues los profesores e investigadores se hallan muy preocupados por conseguir el mayor número de puntos que les permitan ascender o al menos mantenerse en los programas de estímulos. Para ello se concentran en realizar primordialmente aquellas actividades que les resulten más redituables, dejando de lado las que no produzcan puntos. De esta manera se ha estimulado de manera considerable el individualismo y en varias instituciones hasta se han llegado a afectar de un modo considerable las actividades colegiadas.

En un panel celebrado recientemente en el marco de la reunión que anualmente celebra la Asociación para el Estudio de la Educación Superior (ASHE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Portland, Oregon, se discutieron con profundidad las situaciones planteadas arriba. En lo referente al primer punto, se señalo que una de las tendencias de las políticas neoliberales ha sido por un lado, el estímulo a la participación del sector privado en la educación superior. Una de las consecuencias es que se ha dejado de ver a la educación superior como un derecho al que debería tener acceso cualquier ciudadano con las cualidades necesarias. En ese sentido, vale la pena agregar que en gran parte de los países desarrollados están por alcanzarse niveles de cobertura cada vez más cercanos del grupo de edad correspondiente. Otro efecto ha sido escatimar los recursos necesarios para el sostenimiento de las instituciones de nivel universitario y otorgar el financiamiento sobre la base de una evaluación del rendimiento de los establecimientos. El debate en torno a la consideración de la educación como bien público o privado se ha dado incluso al seno de los organismos internacionales, pues hay posiciones que señalan que, dado que la obtención de un grado universitario mejora las posibilidades de elevar los ingresos, el más beneficiado es el individuo mismo (y, muchas veces, su familia también) (Cf. Banco mundial. La educación superior: lecciones derivadas de la experiencia, 1994). Otras posiciones consideran que la educación superior es un bien público, pues aún reconociendo que los individuos pueden aumentar sus posibilidades de obtener mayores ingresos, la sociedad se beneficia al contar con personas más preparadas para enfrentar los retos del mundo actual (Cf. UNESCO and World Bank. Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise, 2001).

Finalmente, en lo que hace a los programas de estímulos al rendimiento de profesores e investigadores, se hizo hincapié que en México, a diferencia de otros países tanto en desarrollo como industrializados, el nivel que representan los ingresos por dichos programas es muy alto, pues en algunas ocasiones llegan a alcanzar o superar el salario base. Más aún, la desmovilización que los estímulos al rendimiento han provocado en el personal académico de la mayor parte de las universidades públicas, aunado al individualismo anotado en uno de los párrafos anteriores, dificultan su cuestionamiento y la búsqueda de alternativas.