El mes pasado debió concluir el Proyecto Financiamiento a la Educación Superior (Higher Education Financing Project. MX-PE-49895) impulsado por el gobierno mexicano y un préstamo del Banco Mundial (BM) por 180.2 millones de dólares. El convenio fue firmado en mayo de 1998 y los recursos se destinaron principalmente a crédito –no becas- para estudiantes de ingresos medios y bajos que seleccionaron la institución de su preferencia.

Es un proyecto que orientó los recursos directamente a los estudiantes, de los llamados proyectos de segunda generación del BM dirigido a la demanda, a diferencia de los anteriores que canalizaban los recursos a la oferta de las instituciones educativas. Los créditos fueron operados por una entidad privada y una pública. La primera se refiere a la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (Sofes S.A. de C.V.), que fungió como intermediaria para hacer llegar los créditos a las instituciones afiliadas a la Federación de Instituciones Mexicanas de Particulares de Educación Superiores (FIMPES).

La Sofes se constituyó desde 1996, pero hasta 2000 recibió autorización de la Secretaría de Hacienda para funcionar con la figura jurídica de Sociedad de Financiamiento de Objeto Limitado; actualmente asocia a medio centenar de particulares de educación superior, mismas que han sido certificadas por FIMPES. A Sofes le fueron otorgados 150.2 millones de dólares del préstamo del BM (83 por ciento del total). Además, el proyecto preveía fondos adicionales por otros 87 millones de dólares de aportaciones del gobierno federal, las universidades integrantes de SOFES, los estudiantes y sus familias.

La segunda entidad, la pública, fue el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (ICEES). Este instituto fue constituido por el gobierno estatal en 1985 –una derivación del Fondo de Crédito Educativo en el mismo estado creado en 1980- y maneja diferentes tipos de recursos para los distintos niveles educativos (www.se-sonora.gob.mx). Al ICEES le correspondieron 30 millones de dólares de los fondos y también se preveían recursos adicionales por 1.2 millones de dólares.

Según el proyecto, al poner en marcha los créditos educativos se estaría promoviendo una mayor equidad en la formación profesional, puesto que los préstamos se canalizarían a estudiantes con capacidad académica pero desprovistos de recursos financieros. La calidad educativa, a su vez, se vería mejorada dado que los estudiantes, al asumir parte de los costos de sus estudios, tenderían a ser más exitosos, a estar más motivados y a demandar una mejor educación. Además, se destacó, al operar los créditos a través de Sofes e ICEES se desarrollarían instituciones crediticias más eficaces y financieramente sustentables.

Según los cálculos del proyecto había un mercado potencial para los créditos Sofes de 80 mil nuevos estudiantes por año, así como una proporción significativa de los estudiantes ya matriculados en universidades privadas. Conviene advertir que en el ciclo escolar 1998-1999, la matrícula universitaria y tecnológica en el país era de 1.5 millones de alumnos, de los cuales 412 mil estaban inscritos en instituciones privadas (27 por ciento). También estimaban que 66 por ciento del mercado potencial de estudiantes provenía de familias de bajos ingresos y tres cuartas partes de ellos tenían un buen historial académico (entre 8 y 10 de promedio). Al final del proyecto esperaban aumentar en más de tres puntos porcentuales la participación relativa de los estudiantes de bajos ingresos en el total de la matrícula (una estimación basada en una encuesta de Sofes que preveía que este perfil de alumnos pasaría de 20.7 a 24.2 por ciento, entre 1997 y 2003). En el conjunto preveía otorgar créditos a poco más de 25 mil estudiantes e, incluso, duplicar esa cifra si se añadían los recursos complementarios. Si fuera el caso, la cifra de 50 mil representaría alrededor de 8 por ciento de la matrícula privada del ciclo escolar 2003-2204.

Las proyecciones para el ICEES indicaban que también duplicaría el número de sus beneficiarios. De hecho, preveía que para 2002 estaría otorgando créditos a 21 mil estudiantes. Esta cifra representaría cerca de una tercera parte de la matrícula sonorense (en el ciclo escolar 2001-2002 estaban inscritos poco más de 64 mil alumnos en las distintas instituciones de licenciatura, normal y posgrado en esa entidad).

El informe con los resultados del proyecto todavía no se conoce, pero el volumen de las proyecciones muestra que se trata de un asunto relevante. Por un lado, si bien los 180 millones de dólares no fueron entregados en una sola exhibición y tampoco constituyen un moto significativo del presupuesto de la educación superior (representan entre 4 y 5 por ciento), su importancia radica en la posibilidad de impulsar el mercado de los créditos estudiantiles y canalizar por ese medio la presión de la demanda estudiantil que seguirá en aumento por lo menos una década más.

Por otro, cabe aclarar que entre el ciclo escolar 1998-1999 y el actual se han agregado 535 mil nuevos alumnos en cifras redondas a la licenciatura del sistema educativo, de los cuales casi se dividen en la misma proporción los lugares entre el sector público y privado (52 y 48 por ciento, respectivamente). El problema no solamente es averiguar cuál ha sido la contribución de este esquema en el incremento de la demanda educativa, sino también cómo se ha reorientado la demanda, la distribución de responsabilidades de los sectores público y privado, cómo han operado los créditos y la situación de la cartera.

El reporte de enero del ICEES destacó que cerca de la mitad de los créditos tenía más de un año de vencimiento y que su principal pasivo era el préstamo del Banco Mundial (www.sec-sonora.gob.mx/noticias/n105.html). Pero tal vez lo más importante es cómo y quién asumirá la responsabilidad de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes. En México siguen fuera de la escuela ocho de cada diez jóvenes y no parece que la proporción se vaya a modificar de forma importante.