En las semanas anteriores cambiaron de titular tres instituciones de investigación en el país: el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) –el director para este último tomará posesión hasta junio.
La notoriedad de los cambios se debió más a las expresiones públicas de inconformidad por la forma como fue nombrado el nuevo director del CIDE, también a cierta extrañeza de que en el CIMAV el designado fuera un candidato externo y sobre todo por la opinión expresada por el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la presentación oficial de los nuevos titulares.
El titular de Conacyt señaló festivamente, en alusión a la competitividad en materia de investigación en México y al complejo e incierto problema de la “fuga de cerebros”, que los expertos que están fuera (los que ya se fugaron) “en muchos casos representan un excelente vínculo para estrechar lazos de cooperación” (Boletín, no. 17/04).
Los aspectos anteriores, controvertidos y dignos de examen, tal vez opacaron lo más sobresaliente: la pertenencia de las instituciones a un irresuelto sistema de investigación. Efectivamente, los tres centros forman parte del sistema Centros Públicos Conacyt (anteriormente Centros SEP-Conacyt). Un conjunto de 27 instituciones de enseñanza e investigación que se agrupan casi en partes proporcionales en el área de las ciencias sociales y humanidades, naturales y exactas y desarrollo tecnológico.
El sistema se formó como tal a partir de 1992, con el fin de agrupar y coordinar a diferentes instituciones de investigación por medio de Conacyt (en esa fecha todavía sectorizado a la SEP). Una de las razones fue la reestructuración de la administración pública federal que prescindió de la Secretaría de Programación y Presupuesto y redistribuyó funciones entre las diferentes secretarías.
El conjunto de instituciones del sistema son consideradas como entidades paraestatales, aunque tienen régimen variados. Algunas son Asociaciones Civiles, como el CIDE, el CIESAS, el Colegio de la Frontera Norte o el Centro de Investigaciones en Matemáticas de Guanajuato. También hay de sociedad civil, como el Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico en Electroquímica de Querétaro, o el de Matemáticas Avanzadas de Chihuahua, o como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste que se creó como asociación civil y en 1994 mudó a sociedad civil. Incluso también existe una entidad de sociedad Anónima y Compra Venta. Corporación Mexicana de Investigación en Materiales.
Una buena parte de las instituciones fueron creadas en los años setenta y principios de los ochenta. El conjunto se encuentra diseminado en una veintena de estados y en casi todas las ciudades importantes del país. Algunas se fundaron a instancias de las universidades federales, otras a impulso de Conacyt y otras más mediante el esfuerzo del gobierno local, iniciativa privada, gobierno federal y universidades públicas.
La institución con mayor antigüedad era El Colegio de México y la que se incorporó más recientemente, a finales de la década pasada, fue el Colegio de San Luis. Sin embargo, la primera dejó de pertenecer al sistema el año pasado, al igual que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México. Probablemente la separación de estas dos instituciones se debió a los cambios en la regulación del sistema que se operó en los años recientes.
La normatividad científica se reformó de forma importante en 1999 y una nueva Ley de ciencia y Tecnología y la ley Orgánica de Conacyt otra vez fueron modificadas en junio del 2002. La primera incluye un articulado (Capítulo IX) destinado a regular los centros públicos de investigación y sobresalen las normas referentes a: reconocimiento de las entidades paraestatales dedicas a investigación y desarrollo tecnológico como centros públicos de investigación (artículo 47), la coordinación de Conacyt mediante convenios de desempeño (artículo 48) y el establecimiento de fondos de investigación con los recursos autogenerados en los centros (artículo 50).
En cuanto a la Ley de Conacyt, reservó las funciones de coordinación y vigilancia a este organismo y en artículo transitorio oficializó el cambio de sistema SEP-Conacyt a Centros Públicos Conacyt. Incluso, en abril del año pasado, el Ejecutivo federal emitió un acuerdo mediante el cual quedaron el conjunto de entidades “sectorizadas en un régimen especial de coordinación sectorial”, en el Conacyt (DOF 14/04/2003).
Lo sobresaliente es que previó a los cambios normativos de 1999, los directivos del sistema sostuvieron reuniones con legisladores y prefirieron conservar su régimen en entidades paraestatales (Foro de Consulta SEP-Conacyt, abril de 1998). Esto implicó también continuar bajo el régimen de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para el nombramiento de sus directivos, cuyo artículo 21 señala que los directores de estas entidades serán “designados por el presidente de la República, o a indicación de éste a través del coordinador de sector”.
El problema es que conforme existen mayores capacidades e influencia en el conjunto de centros de investigación, parece más complicado de resolver su coordinación y el nombramiento de sus autoridades. El año pasado una situación similar a la actual ocurrió con el Colegio de la Frontera Norte y probablemente veremos más en lo sucesivo. No parece haber duda de la relevancia del conjunto de instituciones –de cuyos indicadores nos ocuparemos próximamente- y del fomento a una investigación descentralizada, pero queda por resolver cuál es mejor forma de coordinarlo.
