El Instituto de Educación Superior para América Latina y El Caribe (IESALC), órgano regional de la UNESCO especializado en temas universitarios, inició la difusión de una serie de estudios, realizados entre 2003 y 2004, sobre la situación de diversos países en cuanto a la presencia de proveedores transnacionales en sus respectivos sistemas de educación superior. Del conjunto de trabajos publicados hasta ahora sobresale el elaborado por Luis Eduardo González, con el título “Los nuevos proveedores externos de educación superior en Chile.”

El caso chileno es relevante para la comprensión del problema porque ejemplifica un modelo en que, en primer lugar, la atracción de inversión extranjera ha sido un objetivo explícito de las políticas públicas, y en segundo lugar porque el proceso de transnacionalización universitaria ha alcanzado, en ese caso, un mayor nivel de profundidad y desarrollo si se compara con otros países de la zona.

Como se recordará, en Chile la expansión de la educación superior privada fue promovida por una serie de reformas, de corte neoliberal, que en los años ochenta y noventa tendieron al acotamiento del gasto gubernamental en la educación superior pública mediante un enfoque de subsidio a la demanda centrado, principalmente, en el planteamiento de un esquema de crédito educativo a través del cual se buscaba facilitar el ingreso de estudiantes a instituciones particulares. Este diseño propició la expansión de la inversión privada en el sistema de educación superior, tanto como el decaimiento del segmento público, en la lógica de concentrar el gasto educativo en los niveles de educación básica. Cabe hacer notar que, hasta la fecha, Chile presenta uno de los niveles inferiores de gasto público en educación superior, se mida como proporción del gasto fiscal en el subsistema o bien como gasto por estudiante.

La privatización de la oferta educativa chilena, incentivada a través de estímulos jurídicos, fiscales, y propiamente económicos (subsidios indirectos), ha conducido, al igual que en otros países de la región México incluido, a una auténtica remodelación del sistema, en que la responsabilidad de la oferta universitaria es compartida por entidades pública y particulares. Evidentemente, la tendencia a mediano plazo es consolidar un sistema universitario de carácter eminentemente privado.

En estas condiciones, no es extraño que la inversión extranjera en educación superior haya encontrado en Chile un lugar especialmente interesante para la colocación de fondos, programas y alianzas empresariales. Así lo muestra el estudio de González, en el cual se presenta en forma casi exhaustiva la diversidad de mecanismos y formas de participación de proveedores externos en el sistema, que va desde la oferta a través de medios electrónicos (educación superior a distancia), hasta la implantación de “enclaves” de inversión foránea.

Entre los casos considerados en el estudio del especialista chileno se recoge la presencia del consorcio norteamericano Sylvan Learning Systems, cuya presencia en el mercado se estableció mediante la adquisición parcial de las universidades De las Américas y Nacional Andrés Bello, así como la participación de la Universidad SEK de España, que ha también colocado ofertas en otros países de Centro y Sudamérica. Sólo estas tres instituciones reciben al 7.5% de la matrícula universitaria total en ese país.

Además, se documenta la presencia de más de treinta diferentes ofertas de programas (principalmente posgrados) conjuntos entre instituciones nacionales y extranjeras, en que ocurren distintas combinaciones, por ejemplo el programa se imparte en la sede nacional con base en el currículum de la institución extranjera, o bien el programa se imparte parcialmente en el extranjero y es reconocido por la sede nacional.

Por último se hace alusión a un mecanismo bursátil novedoso: la colocación de bonos en la bolsa de Santiago, en la que pueden concurrir inversionistas nacionales o extranjeros. Según el reporte de González, la Universidad de Concepción (privada tradicional) colocó en 2003 un bono en la Bolsa Electrónica Chilena por el equivalente a 48 millones de dólares, estructurado a diez años. Por otra parte, la Universidad Diego Portales (privada nueva) colocó, el mismo año, un bono por 24 millones de dólares. En el primer caso, el bono es asegurado por una fiduciaria local, mientras que en el segundo participa el Banco Mundial, lo cual lleva a afirmar al especialista, con toda razón, que el mecanismo “delinea una nueva modalidad que podría ser imitada a futuro por otros organismos internacionales.”

El documento de Eduardo González sobre la situación chilena contiene también datos y consideraciones acerca de la presencia de ofertas universitarias de ese país en otras naciones latinoamericanas, así como sobre el flujo de estudiantes chilenos al extranjero y de estudiantes foráneos hacia Chile.

Una comparación con México encontraría varios elementos comunes. La presencia misma del proceso de transnacionalización, ya que en ambos casos es evidente el interés de inversionistas foráneos para concurrir en un mercado en plena expansión. También, la ausencia de datos precisos sobre las instituciones con inversión extranjera y sobre el total de inscritos en alguna de las nuevas modalidades. Hay también diferencias, en el caso de Chile la presencia de inversionistas extranjeros es reconocida por el gobierno y se valora en los mismos términos que otras inversiones foráneas. Además, se cuenta con procedimientos de mayor amplitud que los del caso mexicano para asegurar la calidad de los estudios profesionales ofrecidos por el segmento privado. Por último, el interés del contraste radica en que nos permite anticipar procesos que ya están tocando a la puerta.