El acceso a los resultados de investigación es tema de debate en Europa y en Estados Unidos. El problema no es de ahora, ha estado presente en numerosas oportunidades y cada vez mayor insistencia, pero ahora el poderoso detonante es la industria de las revistas académicas de ciencia, tecnología y medicina. El reciente número de la revista The Economist (Vol. 372, no. 8387) publica un texto sobre el conflicto en asenso entre los editores de ese tipo de revistas y la intención de diferentes gobiernos de regular el acceso a los contenidos.

Al parecer todo comenzó cuando los balances en las bibliotecas universitarias comenzaron a mostrar un crecimiento desmedido en el presupuesto para la compra de revistas y un escaso incremento en el número de suscripciones de revistas.

De acuerdo con The Economist, alrededor de la diseminación de la investigación se ha construido una industria impresionante: aproximadamente dos mil editores de revistas de ciencias, tecnología y medicina publican alrededor de 1.2 millones de artículos al año en cerca de 16 mil revistas periódicas.

El problema, se dice en la revista, se centra en que es una industria que ha crecido sin demasiada vigilancia, es un monopolio y sus publicaciones no están al alcance de la mayoría, sobre todo ahora que a través de internet se pueden abatir costos, tiempos y distancias.

La edición no es lo que genera las dificultades, sino más bien el hecho de que algunas de las revistas, generalmente las más destacados, tienen la capacidad de atraer a los investigadores más prestigiados. Así, uno y otros se refuerzan a sí mismos y queda poco espacio para otras revistas y otros investigadores.

El poderío de las revistas, como se sabe, llega a tal grado que de éstas puede depender la valoración positiva de la actividad que realiza el investigador. Una primera división es entre las revistas “reconocidas” y las “no reconocidas”, pero, incluso, dentro de las revistas indexadas existen diferencias para publicar en una u otra.

Incluso, como se anota, la capacidad de algunas revistas llega a tal grado que de ellas puede depender que un investigador logre su definitividad, una promoción u obtenga financiamiento para realizar su investigación; todo sobre la base de un único artículo en la revista adecuada.

Pero, como señala The Economist, además los editores de esas revistas demanda derecho de autor (copyright) en lo que ellos publican. Esto implica que tanto las instituciones educativas como cualquier otro lector interesado, necesita adquirir las principales revistas si es que desea mantenerse al día de las novedades. Todo parece mostrar que las revistas prestigiosas son jugosos negocios.

De hecho, se indica que en el campus principal de la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, al hacer una revisión de sus políticas de adquisición de revistas encontró que entre 1986 y 2001, el presupuesto de la biblioteca se había incrementado en 149 por ciento, mientras que el número de revistas que se había adquirido solamente había crecido cinco por ciento. Además, los títulos de uno de los editores (Reed Elsevier), en la década anterior, habían incrementado anualmente en un promedio de diez por ciento y ocasionalmente en 20 por ciento.

Es el mismo caso en Gran Bretaña, donde, en junio pasado, el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes encontró que el precio promedio de una revista académica británica se incrementó 58 por ciento entre 1998 y 2003, mientras que el índice de ventas al menudeo había crecido 11 por ciento y el producto científico aumentó 20 por ciento.

Lo más interesante es lo que se está planteando para atender la situación. El comité del Parlamento británico señaló que se “debería requerir a las universidades del país para que se aseguraran de que todos sus artículos de investigación estuvieran disponibles gratuitamente en internet y que los financiamientos gubernamentales para investigación incluyeran acceso gratuito a los resultados”.

La iniciativa todavía no se convierte en ley y habrá que esperar la respuesta del gobierno británico el próximo mes, pero de llevarse a efecto, no hay duda de que sería un precedente respecto al libre acceso a los resultados de la investigación –demanda expresada en la llamada “Declaración de Berlín” del año anterior por los líderes de asociaciones de investigadores de varios países europeos.

Por su parte, en Estados Unidos, señala la revista, un comité de la Cámara de Representantes aprobó que se dé acceso abierto al material publicado por el Instituto Nacional de Salud, la falta de acceso “es contrario al mejor interés de los contribuyentes que pagan por esa investigación”.

Otra forma de dar respuesta al problema, destaca The Economist, es a través de las revistas donde el autor paga para que sea publicado y de las cuales existen varios ejemplos en Estados Unidos. Un esquema, además, que están adoptando las publicaciones electrónicas para abatir costos y dar libre acceso a los artículos.

Probablemente las iniciativas parlamentarias planteadas no prosperen –resta por ver la capacidad de presión de los editores y la industria editorial-, pero estará por resolverse una discusión acerca del financiamiento público de la investigación y el libre acceso a sus resultados, los derechos de autor divididos entre el investigador, la institución y las revistas, así como el papel de internet en la diseminación de la investigación.

Esto es más relevante si consideramos que, según la Biblioteca Pública de Ciencia citada por The Economist, solamente el uno por ciento de lo que se publica en el área es totalmente abierto.