La actividad de los diputados en estas semanas se ha centrado prácticamente en la discusión del Presupuesto de Egresos y la polémica con el gobierno federal. Pero la agenda legislativa incluye otras iniciativas importantes como la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

Al momento de escribir estas líneas, todavía no se sabe si los diputados la aprobarán tal y como la remitió el Senado hace más de un año y medio; si la modificarán o si pospondrán el debate. En cualquiera de los casos no parece cercana su entrada en vigor en el corto plazo y tampoco que sea n asunto fácil de resolver.

El origen de la iniciativa en la adhesión de México al “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre diversidad biológica”. Un tratado internacional aprobado en Montreal, Canadá, en enero de 2000, tras varios años de negociaciones en la década de los años noventa, y que representa uno de los instrumentos más relevantes para la protección de la biodiversidad y la salud humana.

La elaboración de la LBOGM es un compromiso asumido en el Protocolo, pues entre las disposiciones generales que establece ese instrumento destaca que cada Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas necesarias para cumplir con las obligaciones del protocolo y velará porque el “desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismo vivos modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana” (artículo 2 del Protocolo).

El punto clave es que tanto el Protocolo como las medidas que adoptará cada país son un intento por regular la aplicación de la biotecnología, buscando aprovechar su potencial pero al mismo tiempo controlar los eventuales riesgos que podría tener para el medio ambiente y para la saludo humana, particularmente por el desconocimiento de los efectos que podrían tener los organismos genéticamente modificados –a través de la biotecnología- y la rápida expansión de grandes compañías que se han dedicado a la comercialización de estos productos.

Según el mismo Protocolo, la biotecnología moderna se considera básicamente como la aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ADN recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o bien:

“La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción o selección tradicional”.

En el Senado –la Cámara de origen del proyecto- se discutió ante el pleno la iniciativa de la ley de Bioseguridad el 24 de abril de 2003, casi exactamente un año después de que ese órgano legislativo había ratificado el Protocolo de Cartagena.

El proyecto contiene más de un centenar de artículos, agrupados en una docena de títulos, en los cuales se determina, entre otros aspectos, las líneas generales de la política sobre bioseguridad, las competencias acerca de la materia para las diferentes secretaría de Estados, las bases de funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), las normas de evaluación de riesgos, así como criterios y condiciones de autorización de organismo genéticamente modificados.

Algunos de los aspecto más espinosos son el etiquetado de organismo genéticamente modificados, las exportaciones de los mismos y los procedimientos para liberar ese tipo de organismos en el medio ambiente.

Uno de los aspectos que cabe señalar es que la iniciativa de ley fue realizada con apoyo técnico y legal de la Academia Mexicana de Ciencias y, especialmente, por su Comité de Biotecnología (Gaceta Parlamentaria no. 101, 04/24/2003).

El apoyo sigue vigente, pues el mismo Comité realizó la semana pasada una defensa de la iniciativa y exhortó a los diputados para que aprueben la iniciativa que recibieron del Senado (www.amc.unam.mx).

Sin embargo, otros integrantes de la comunidad científica tienen una opinión diferente y consideran cuestionable el apoyo a la iniciativa (La Jornada, 12/12/04:35)

El punto de divergencia parece estar en la base misma que el Protocolo de Cartagena quiere conciliar: aprovechar el potencial que la biotecnología moderna puede ofrecer sin menoscabo de la preservación de la salud y la biodiversidad. La apreciación de algunos es que dicha conciliación es difícil de alcanzar.

El riesgo se ha maximizado con el informe sobre “Maíz y biodiversidad, efectos del maíz transgénico en México”, un documento de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte publicado hace más de un mes.

El Senado mismo, como punto de acuerdo, hizo un exhorto a la Cámara de Diputados el pasado 16 de noviembre para que considere esas recomendaciones en su dictaminación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Pero el presidente del Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias puntualizó que algunas organizaciones han propuesto la incorporación de algunas recomendaciones de ese informe sin ninguna valoración seria de las mismas, lo que provocaría políticas restrictivas al comercio internacional y “prohibiciones sin sustento técnico ni científico”.

La polémica involucra más elementos, pero tal vez uno de los aspectos en los que conviene reparar es que la Ley de Bioseguridad provoca abiertas diferencias de opinión entre integrantes de la comunidad científica, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la discusión acerca de la investigación con células troncales humanas hace varios meses.