El problema con la distribución de los recursos públicos persiste. No se trata de la definición normativa, en curso, de los ámbitos de competencia entre legisladores y gobierno federal -aunque en el fondo tiene que ver con ello-. Más bien se refiere a la configuración de nuevas formas en la distribución de los recursos públicos.

A pesar de que no fue lo más destacado en las notas periodísticas, la semana anterior se presentó el cuarto y último volumen de la colección de libros titulada "Ciencia y tecnología en México en el siglo XX. Biografías de personajes ilustres". Esta colección inició al final de la década pasada y en ella participan tres de las organizaciones más importantes de la ciencia: la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República (CCC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La serie, como lo indica su título, reúne las biografías de numerosos personajes de la ciencia en México que realizaron aportaciones destacadas en el campo.

Pero las biografías no fueron lo más destacado del acto. Según la crónica de la reportera Karina Avilés, del diario La Jornada, las intervenciones del director de Conacyt y del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados mostraron un diferendo por las asignaciones presupuestales de este año (La Jornada 04/03/05). De acuerdo a la nota, el funcionario de Conacyt, en su turno a la palabra anunció un convenio de apoyo a la AMC por 35 millones de pesos e incluso se comprometió a adicionar otros cinco millones para sumar un total de 40 millones para esa organización. Sin embargo, el diputado Martínez Della Rocca enseguida corrigió públicamente las cifras y aseguró, dice la reportera, que la Cámara de Diputados había aprobado un presupuesto de 50 millones para la AMC. Una diferencia, como se puede apreciar, de 10 millones de pesos. Incluso, se consigna en la nota, el diputado señaló que lucharían porque se cumpliera lo que aprobaba la Cámara.

Uno de los aspectos sorprendentes del asunto es que la AMC, si bien es una de las organizaciones más importante de científicos, no es una institución pública educativa, es una asociación civil y por tanto sería difícil que se le adjudicara una partida especial como tal en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Efectivamente, un par de días después Conacyt aclaró que en el presupuesto público no había formalmente ningún rubro de gasto para la AMC y que tanto a esa asociación como a otras de régimen similar, les otorga recursos de la partida "Apoyos especiales" (La Jornada 06/03/05). Pero, además, la dependencia precisó que entre el 2001 y el 2004, le había destinado 104 millones de pesos a esa organización, lo que en términos reales representaba 31 por ciento más de lo que había recibido en los primeros cuatro años del anterior sexenio.

No es la primera vez que se expresa un diferendo por los recursos entre Conacyt y la AMC. El año pasado también se polemizó por la forma, los montos y los tiempos de entrega de los recursos. De hecho, el actual presidente de la AMC, sostiene que el año pasado solamente recibió 18 millones de pesos, contrario a la cifra de 28 millones que argumenta Conacyt (Reforma 05/03/05).

Sin embargo, lo que es novedoso en la actual situación es la intermediación de uno de los poderes públicos en la asignación de recursos financieros. Desde luego, una de las funciones reservadas plenamente a los diputados es precisamente la discusión y aprobación anual del presupuesto público. En ese sentido no habría por qué sorprenderse de su actividad. Pero la responsabilidad ha ido en aumento y, como en estas mismas páginas lo he mencionado, se ha hecho cada vez más evidente a medida que sus decisiones tienen efectos notorios en la distribución y reasignación de los recursos públicos. La situación no es irrelevante (independientemente de los litigios con el ejecutivo federal).

Otro aspecto que conviene señalar es el papel de organizaciones intermedias en esta, relativamente, nueva situación. Independientemente de la asignación de partidas específicas en el presupuesto público, tal parece que las organizaciones que median entre los poderes públicos y los beneficiarios desempeñarán una actividad más decisiva en el diseño del presupuesto, sea en términos explícitos o informales. Probablemente estas organizaciones siempre habían tenido una influencia en la asignación de recursos, pero tal vez lo era en términos sumamente discrecionales y opacos. Lo distintivo es que ahora están más expuestas a la observación pública. Como se recordará, en los últimos meses del año anterior, al igual que en los anteriores, presenciamos el activismo de diferentes grupos y asociaciones en el recinto legislativo y en los medios para demandar mayores recursos; lo mismo que un forcejeo entre fracciones parlamentarias y entre éstas y el gobierno federal. El resultado es un presupuesto para este año que está por verse.