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La actividad parlamentaria y la agenda científica
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 133 [2005-06-16]
 

La discusión sobre los problemas relevantes de la ciencia y la tecnología que podría ser parte de la agenda en los próximos meses ya está a la vista. Las fuerzas políticas con representación parlamentaria y las organizaciones vinculadas con la ciencia se han mostrado especialmente activas en estos días. A pesar de que a la administración gubernamental le queda poco más de año y medio, el mismo tiempo que a los legisladores, el horizonte y las preocupaciones ya están en la contienda electoral del año próximo.

La comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de diputados realizó el fin de semana anterior, en Cozumel, Quintana Roo, una reunión para evaluar su plan estratégico (Boletín de la Cámara No. 1932). Los asistentes fueron, además de los diputados de la comisión y otros funcionarios estatales , los representantes de organizaciones como la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Cabría suponer que "la evaluación del plan estratégico" se refiere a lo que han hecho hasta ahora los legisladores, así como las posibilidades y límites de lo que todavía podrían hacer en los más de 15 meses que le restan de actividad a la presente legislatura, puesto que hasta ahí terminan sus funciones y responsabilidad. Sin embargo, a juzgar por las conclusiones a las que llegaron su perspectiva va más allá.

En la inauguración de la reunión el presidente de la comisión, Julio César Córdova, destacó la necesidad de alcanzar un acuerdo político nacional en favor de la ciencia y la tecnología, puesto que "se requiere pensar en las futuras generaciones antes que en las próximas elecciones". Lo curioso es que el siguiente boletín de la Cámara que dio cuenta de las conclusiones de la reunión se tituló, precisamente, "Incorporar la ciencia y la tecnología a las plataformas políticas de los candidatos al 2006, demandan diputados" (Boletín No. 1940).

Pero la referencia a un acuerdo nacional no era solamente una alusión propia de un discurso protocolario. Según el boletín correspondiente, los asistentes a la reunión, con excepación de la AMC, suscribieron un documento denominado "Declaración de Cozumel" en el que destacan la necesidad de una política de Estado en la materia y, fundamentalmente, la necesidad de un acuerdo nacional que pudieran asumir los eventuales candidatos a la presidencia el próximo año. En tal acuerdo, dicen los diputados, se debe incluir la planeación a mediano y largo plazo, un sistema nacional de vinculación con el sector productivo, el desarrollo regional, un financiamiento gradual y sostenido, la ampliación del Sistema Nacional de Investigadores, así como la formación y aprovechamiento de recursos humanos, entre otros aspectos.

En términos operativos sugirieron que se integrara una mesa de trabajo para la formulación del acuerdo, en la podrían participar prácticamente todos los actores involucrados, como los científicos, técnicos, los gobiernos estatales, el sector productivo, los partidos políticos y las fracciones parlamentarias.

La información disponible no indica cuál ha sido o es el plan estratégico de la actual comisión de ciencia y tecnología de los diputados, mismo que no estaría mal conocer y que nos podría indicar si la acción que ahora promueve se desprende de lo que ha logrado o estaba prevista en sus propósitos de trabajo. Lo que es público son el tipo de iniciativas que han aprobado los legisladores y en este caso las cuentas no son las más deseables.

La responsabilidad legislativa, como se sabe, la comparten senadores y diputados y, a menudo los dictámenes de las iniciativas recaen en más de una comisión legislativa. De modo que sería excesivo atribuirle la mayor carga a una sola comisión, máxime que en ellas generalmente se expresa lo que sucede en el pleno. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse el papel que desempeñan.

La iniciativa más visible en materia científica de esta legislatura ha sido la reforma que mandata destinar al menos el uno por ciento del PIB al gasto científico, según lo prescribe el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pero, como lo advertimos en su oportunidad, esa reforma presenta diferencias importantes o cierta ambigüedad con lo que señala el artículo 25 de la Ley General de Educación, que es su contraparte y debería ser compatible. Son términos muy diferentes (y desde luego también magnitudes) si hablamos de gasto nacional, como lo señala la primera ley, o gasto público, como lo manda la segunda norma (Campus Milenio 26/08/04). No se entiende si el equivoco es un mero descuido o se trata de una acción deliberada, pero lo que sí es evidente es el papel que tuvo la comisión legislativa correspondiente.

No todo es descuido. Ahí está la sensibilidad que mostraron al adoptar una posición en la regulación de la investigación genómica (la reforma a ley de los institutos de salud y la creación del Instituo Nacional de Medicina Genómica), las modificaciones al presupuesto de egresos en lo concerniente al gasto científico o el incremento en los recursos disponibles para incentivos fiscales. Pero también está la controversia que ha generado la ley de bioseguridad o los rezagos de las iniciativas.

Alcanzar un acuerdo nacional en materia de ciencia y tecnología es un objetivo deseable y que no es nuevo. El problema parece estar en que el tema solamente cobra vigencia y oportunidad, precisamente, en la época en que las ofertas electorales comienzan a florecer.


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