El mes anterior la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dio a conocer los resultados de su consulta sobre "Política pública en ciencia y tecnología". Los datos que tuvieron mayor recepción en los medios fueron la reprobación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la falta de apoyos para la investigación. La encuesta tiene otros datos relevantes, mismos que ya comentaremos, pero la polémica que siguió a esas apreciaciones muestra otro tema importante para el sector: la capacidad de las instancias legalmente reconocidas de deliberación de las políticas científicas.
La mayor parte de los medios destacaron que Conacyt salió reprobado en la encuesta y anotaron las bajas calificaciones con las que fue valorado --como fue mostrado en la presentación pública de los resultados de la encuesta de la AMC--, lo mismo que la escasa satisfacción con los recursos financieros destinados a la investigación o la poca atención a los problemas nacionales y regionales. Calificaciones alrededor de cinco en una escala de diez.
Sin embargo, en la difusión realizada por la propia AMC resaltan algunos resultados (www.amc.unam.mx). Por ejemplo, respecto de la actuación de Conacyt señala que la comunidad científica "expresa dudas sobre la orientación que se le ha dado a la política pública" en la materia y tiende a calificar desfavorablemente el funcionamiento del sistema de apoyos y financiamiento a la investigación científica y tecnológica.
Otro caso es el de la relación público-privado en la definición de las políticas y el financiamiento de la actividad científica. De acuerdo a los datos, la mitad de los científicos encuestados considera que quienes deben diseñar y decidir la política del sector son el Estado, la comunidad científica y el sector privado. Sin embargo, un 30 por ciento considera que el sector privado no debería participar en la definición y el 20 por ciento restante destacó que solamente debería ser responsabilidad de la comunidad científica y tecnológica.
Las cifras, como se puede advertir, muestran una división casi en partes iguales entre quienes están a favor de la intervención del sector privado y quienes no. El dato es importante porque corresponde a un tema sensible en la definición de las políticas y que ha estado presente en el debate desde hace ya un par de décadas.
En cuanto a la responsabilidad financiera de la actividad científica, la división no es tan marcada pero también es significativa: un 60 por ciento opinó que debería corresponder al sector privado y al Estado, mientras que un 38 por ciento destacó que el Estado debería ser el único responsable. Aunque, como acota la AMC, la primera opción está más extendida entre los jóvenes investigadores, mientras que la segunda se concentra en los investigadores de mayor edad y de mayor nivel.
El asunto del financiamiento, como también lo hemos advertido en estas páginas, es otro de los aspectos clave en la definición de las políticas y punto de tensión en la participación de los diferentes niveles de gobierno y en la relación público-privado, especialmente por la reforma legal del artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y tecnología que refiere a gasto público y privado, y su discordancia con el artículo 25 de la Ley General de Educación que señala solamente el gasto público.
Por último, el otro dato de la encuesta que llama la atención es el apoyo a la investigación básica y aplicada. Según las cifras, casi un tercio de los investigadores opinó que tanto la investigación básica como la aplicada han sido prioridad para el gobierno federal, aunque una proporción casi similar consideró que ninguna de las dos. Pero el dato complementario que llama la atención es que la mayoría el (81 por ciento) considera que se "deben fortalecer ambas por igual".
Ante los diferentes resultados, pero especialmente los que calificaban su desempeño, las autoridades de Conacyt decidieron que no les convenía responder. Según nota de la Jornada (09/07/05: 43), una consultoría les recomendó que "no vale la pena responder" porque los datos no tienen validez estadística. Y, efectivamente, en los resultados de la encuesta, aparte de señalar que se trató de una encuesta vía correo electrónico que respondió el 39 por ciento del total de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, se anota que no está basada en una muestra probabilística y por tanto no se "puede hacer inferencias estadísticamente válidas de la opinión del universo de los investigadores del Sistema".
La discusión posterior fue sobre todo en los medios y particularmente sobre el alcance de la opinión de quienes respondieron la encuesta, también de una demanda de mayores recursos para el sector, las formas de asignación de los mismos y la conveniencia de discutir el rumbo de las actividades científicas y tecnológicas.
Sin embargo, conviene notar que las reformas a la normatividad científica del 2002 tuvieron entre sus objetivos la creación de espacios consultivos y deliberativos que se orientaran a las cuestiones estratégicas de la ciencia y la tecnología, y en tal virtud se creó, entre otros, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (que asumió y amplió las funciones de su antecesor el Foro Permanente). Según lo marca la Ley, el Foro es un órgano autónomo permanente de consulta de diferentes instancias (ejecutivo federal, Conacyt, Congreso de la Unión, etcétera), amplio y plural, en el que se expresan las comunidades científica, académica, tecnológica y el sector productivo para la formulación de propuestas en materia de políticas. La pregunta es si el Foro es ya insuficiente como organismo deliberativo, no opera como tal o si están mudando los espacios de interlocución de los principales actores de las políticas científicas y tecnológicas.
