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CyT: un presupuesto político
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 441 [2011-11-24]
 

Los incrementos específicos al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no se asignan con criterios objetivos y casi nunca con base en indicadores. La afirmación proviene del secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la actual legislatura. No, no es una novedad, pero confirma que se trata de un proceso dominado por la presión política y la improvisación.

Cada año parece repetirse, con algunas variantes, el mismo acto en la negociación del presupuesto: el gobierno federal envía su propuesta de gasto, los diputados dicen que la analizan durante un par de meses, reciben las peticiones de diferentes sectores y en la fecha límite, al calor de las presiones, aprueban un presupuesto ligeramente diferente al original. Una alza leve aquí y otra allá; nada sorprendente.

Nunca faltan los detalles pintorescos de la negociación presupuestal. El lenguaje florido de legisladores que nadie atiende, los puños crispados de los tribunos, los malentendidos entre diputados que bostezan porque no se enteraron de los acuerdos de sus coordinadores parlamentarios o las alusiones personales que se olvidan con un fuerte abrazo al final del día.

El asunto, como lo reveló el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, secretario de la comisión encargada de elaborar el dictamen del PEF —uno de los doce secretarios—, es que las negociaciones entre las fracciones permite conservar el nivel de gasto e incluir temas que no se consideran prioritarios, como los asuntos de género o las actividades científicas y tecnológicas.

No obstante, como lo señaló el mismo diputado, “los incrementos específicos no siempre se asignan con criterios objetivos y en general nunca con base en indicadores. En realidad, es el peso en la Cámara de gobiernos estatales y de agencias federales, así como de otro tipo de actores, lo que influye, y mucho, en el proceso” (Enfoque, 20/11/11: 2).

Así es. En el caso del gasto en actividades científicas y tecnológicas, el gobierno federal propuso un volumen de gasto para ciencia y tecnología de 44 mil 765 millones, y de ese total 21 mil 236 millones para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt (Ramo 38). En ambos rubros sin considerar los ingresos propios, lo cual añadiría poco más de 11 mil millones de pesos.

Los diputados, en la sesión del 15 de noviembre, autorizaron un total de 47 mil 675 millones de pesos y de ellos 21 mil 872 millones de pesos para Conacyt. (También sin considerar recursos propios.) Esto es, al gasto global del sector propuesto por el gobierno federal, le sumaron casi tres mil millones de pesos más. ¿Cómo fue que decidieron aplicar el incremento y en qué rubros específicamente?

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados solamente señaló que si bien la propuesta del gobierno federal para Conacyt (Ramo 38) consideraba un incremento de 16.5 por ciento, en términos reales respecto al presupuesto de este año, el aumento se explicaba por “la creación del Programa para Reducir la Brecha Digital”, al cual el gobierno le había asignado casi tres mil millones de pesos (p. 11).

En el mismo dictamen también se destacó que la propuesta del gobierno federal para ciencia y tecnología (todos los sectores) para el año 2012 tenía una variación 41.4 por ciento, en términos reales, respecto de lo aprobado para 2011. Esto es, un incremento de casi 18 mil millones de pesos (p. 18). Imposible.

Simplemente las cifras del dictamen no cuadran, ni con lo que está aprobado para este año ni con el proyecto que envió el gobierno federal. De hecho, los sectores solicitaban alrededor de 11 mil millones de pesos más ¿Entonces?

Al parecer, la fundamentación del dictamen es lo de menos, lo relevante es dónde se localizan los incrementos y qué tan claros son los anexos que los reportan. Como dice el diputado, Vidal Llerenas, en los aumentos unos actores influyen y otros ni figuran.

El anexo 9 del dictamen, aprobado el pasado 15 de noviembre, contiene las ampliaciones que realizaron los diputados por casi 3 mil millones de pesos más. Del total reasignado: mil 893 fueron para la Dirección General de Educación Superior Universitaria —casi dos terceras partes del aumento—; 636 millones para Conacyt; 160 millones para el Instituto Politécnico Nacional; 150 millones para la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía; 50 millones para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y 20 millones para el Instituto Nacional de Salud Pública.

Los mayores incrementos fueron para educación y para Conacyt, pero respecto del primero debe advertirse que no se trata de presupuesto educativo (ése aparece en otro anexo y otro ramo de gasto), sino de gasto para actividades científicas y tecnológicas que realiza ese u otros sectores. Obviamente, el dictamen no justifica ni argumenta la localización de los incrementos, pero como se podrá deducir, expresan más bien la influencia de los actores.

Como dice el diputado Llerenas de sus mismos correligionarios: “opinamos poco de lo sustancial y lo que reasignamos refleja más intereses y clientelas que prioridades de política”. Sí. Un presupuesto dominado por lo político, más que racional.


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