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Elecciones, nuevo gobierno y cambio educativo
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 451 [2012-02-23]
 

En 1982 estalló una crisis estructural en México. De ésta han seguido varias. La recuperación prometida nunca ha llegado. Por más ajustes de cuentas, el modelo de desarrollo implantando a fines del siglo pasado ha provocado cada vez más desigualdad y pobreza. Para dejar las crisis, los gobernantes nos dijeron que el Estado tenía que replegarse frente al mercado. Etat modeste, etat moderne (Crozier) al servicio de los grandes capitales: reducción del déficit fiscal y restricción del gasto social, una formula que no ha traído desarrollo y sí muchas tensiones sociales.

Ahí están los altos niveles de desempleo y el castigo al salario real para contener las presiones inflacionarias; en suma, una desigualdad social creciente. El modelo neoliberal nos ha dejado en una crisis cuasi permanente, a la que nos hemos acostumbrado, pero que nos mantiene alertas, porque en cualquier momento pueden estallar conflictos, además del que ya tenemos por el narcotráfico.

Una de las principales tensiones sociales ocurre en el campo educativo. La educación está guiada por políticas que orientan hacia acciones netamente utilitaristas, con fines al servicio del sistema productivo. La idea que se trata de convertir en hegemónica es que el estudiante adquiera competencias para ser trabajador. Pero no hay suficiente oferta laboral. Por tanto, no se justifica un mayor gasto educativo.. La fórmula es hacer más con menos financiamiento. El gasto educativo en 2011 se ubico alrededor de 0.65 del PIB, una cifra muy pequeña del presupuesto federal.

Las políticas utilitaristas han dejado a la educación en el país hecha un desastre, desvalorada. La educación ha dejado de cumplir con las expectativas de la población en materia de trabajo. Y es ahí donde se manifiesta claramente la cuestión social y las tensiones que la rodean (Suárez), porque en tiempos de crisis lo único que queda para salir adelante es que los hijos estudien, lo cual también resulta difícil. Veamos algo de la cruda realidad:

1. Es innegable que el promedio de escolaridad de la población trabajadora se ha extendido, pero no lo suficiente.

2. Entre los 15 y los 19 años de edad, sólo 1 de cada 2 están matriculados en la escuela y sólo 1 de cada 2 termina la enseñanza media superior (OECD).

3. México ha experimentado el bono demográfico, pero sólo uno de cada tres jóvenes está matriculado en la educación superior (SES-SEP).

4. El 6.4% de los estudiantes de educación superior proviene de los dos deciles de ingreso más bajo. El 37% de los dos más altos (SES-SEP).

5. Entre los 15 y los 19 años, uno de cada cinco y uno de cada cuatro entre los 25 y 29 años no recibe educación y está desempleado (OECD).

6. Cerca del 30% de la población ocupada en México (alrededor de 13 millones de personas) trabajó en el sector informal el año pasado (ENOE). La mayor parte de las personas en este sector tiene secundaria o menos. Dos de cada cinco profesionistas trabajan en el sector informal (CIEP).

7. Casi 6 de cada 10 profesionistas ganan menos de cinco salarios mínimos (Censo, 2010).

8. Entre 2005 y 2007, México envió 441 mil personas con estudios universitarios a los Estados Unidos, 3/4 partes de las cuales fueron a trabajar (Lozano, p.46).

9. Por si faltaran más datos, las casas encuestadoras han señalado que ha crecido la desconfianza en las instituciones, la mayor parte de los mexicanos creen que el año pasado les fue peor y casi todos opinan que la situación económica se ha agravado.

Es evidente que en el modelo de desarrollo actual, la educación ha perdido importancia para la política, justo cuando la globalización pondera, cada vez más, a la producción de conocimiento y justo cuando los nuevos empleos tienen que ver con él. Es evidente, también, que las políticas sociales dirigidas a la educación y al empleo son un rotundo fracaso, a juzgar por los datos.

Como vamos a elegir a un nuevo gobierno en julio, me parece crucial hacer balances que sean comprensibles a la mayor parte de las personas. En este caso, el balance permite sugerir la necesidad imperiosa de un cambio en la política educativa, que alterando la relación educación-trabajo, enfatice a la educación como un bien público, como un vehículo para estimular el desarrollo nacional con bienestar para todos, rescatando el precio y el aprecio al trabajo. Que la educación sirva para ampliar la esfera pública y para crear una ciudadanía participativa, entre otras cosas. Y para que la educación y su relación con el trabajo funcionen de un mejor modo, será menester cambiar el modelo de desarrollo, la visión educativa de los gobernantes, y entrelazar la economía con la política dentro de un Estado que tenga responsabilidad social.


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