A lo largo de la actual campaña electoral, como lo hemos reiterado aquí mismo, ha cobrado fuerza la idea de crear una nueva Secretaría para el sector. Múltiples y muy variados actores se han pronunciado a favor; otros han mostrado sus reservas. Recientemente se sumó otra organización más: el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo). Tal parece que la presión de los diferentes grupos interesados seguirá en aumento, aunque todavía no sea una realidad la nueva estructura.

Incluso, las intenciones anunciadas sobre la propuesta podrían no llegar a materializarse. Recordemos que al menos uno de los candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto, el representante del PRI-Verde, ya manifestó su negativa a la sugerencia, según lo anotamos aquí la semana pasada.

Sin embargo, los destinatarios de la iniciativa han comenzado a realizar cálculos y a perfilar sus posiciones. Uno de los elementos que gravitará en la decisión de crear o no una nueva Secretaría es, precisamente, las implicaciones de un rediseño de los sectores educativo y científico y tecnológico. La tarea no solamente incluye recursos públicos, también están involucrados equipos técnicos, espacios de control y ciertas prioridades en materia de iniciativas.

Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene bajo su conducción las tres subsecretarías de los correspondientes niveles (básica, media superior y superior), la Oficialía Mayor, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, una treintena de instancias administrativas (direcciones generales y coordinaciones) y una decena de órganos desconcentrados. En conjunto forman uno de los cuerpos burocráticos más extensos de la administración pública.

La propuesta inicial planteaba crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, reunir en una misma estructura administrativa a Conacyt --el órgano rector de la política científica y tecnológica— y a la subsecretaría de educación superior. Pero no todos los actores comparten la misma opinión. Algunos piensan que la nueva estructura solamente debiera considerar el sector científico y tecnológico y no distraerse con otros.

Los partidarios de que se incluya a la educación superior en la nueva estructura han argumentado que se trata de un vínculo natural y los efectos positivos serían innegables. La Anuies, por ejemplo, ha presentado media docena de razones para tal inclusión, como la de establecer bases para “una nueva gobernabilidad y gobernanza” de ambos campos o la posibilidad de una especialización administrativa y presupuestaria de la educación superior entre otros argumentos.

La educación superior es un subsistema relativamente complejo y heterogéneo; compuesto por diferentes sectores y múltiples funciones. Es suficiente recordar que cuando se creó la subsecretaría de educación media superior, no fue ninguna tarea sencilla reorganizar la adscripción del subsistema tecnológico al interior del mismo sector educativo. Entonces, ¿una nueva Secretaría absorbería todas las funciones del nivel o sería selectiva?

El posgrado, conceptual y organizativamente, sería el nivel que estaría más cercano a la investigación científica. De hecho, es el área en la que han trabajado de forma conjunta Conacyt y SEP. El extendido programa de becas de Conacyt, el establecimiento de criterios para la formación de padrones de posgrado y los incentivos para la reorientación de la matrícula lo muestran. Aunque, en un eventual contexto de rediseño institucional, los criterios podrían cambiar.

El Comepo ha decidido tomar previsiones y en una comunicación pública dirigida a los candidatos presidenciales ha señalado que la posible nueva Secretaría “debe operar bajo mecanismos que permitan dar continuidad y fortalecimiento a programas actualmente bajo responsabilidad del Conacyt” (Reforma 11/06/2012: 6).

Los programas a los que se refiere el organismo son: el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad; el programa de becas nacionales y para el extranjero; el Sistema Nacional de Invesitgadores; los fondos para repatriación, estancias y retención de investigadores; el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica; los programas de estímulos a la innovación; y los fondos mixtos y sectoriales.

Como se puede apreciar, una posible fusión de las áreas educativa y científica no será fácil; podría resolver unos problemas, pero también provocar otros.