Si en algo son insistentes los ranquedores de universidades, es en la confiabilidad de sus metodologías.
Por eso lo sorprendente de las declaraciones recientes de Phil Baty, editor del Times Higher Education World University Rankings. En una serie de artículos publicados en mayo y junio en University World News, el también periodista critica el uso de su propio ranking como base para la formación de políticas públicas. Inclusive, cuestiona uno de los principios básicos que ha hecho de los rankings instrumentos altamente influyentes y rentables: la idea de que son capaces de reflejar la calidad de las instituciones de forma imparcial y definitiva.
En realidad, argumenta Baty, “ningún ranking de universidades puede ser exhaustivo ni objetivo”.
Parece una extraña afirmación por parte del responsable de uno de los rankings de mayor influencia a nivel mundial. ¿O será una especie de mea culpa? Lo que sí es claro es que el fenómeno que empezó en 2003 con la publicación del primer ranking internacional - el Academic World Ranking de Universidades, de la Universidad de Jiao Tong en Shanghai – ha salido del control.
Este último ranking se originó por una inquietud por parte de académicos en Shanghai de saber cómo la producción científica de su institución se comparaba con la de las universidades “de clase mundial”. Es decir, no les importaba saber sobre la calidad de la docencia de las demás universidades, ni de su impacto social, entre otras funciones universitarias.
No obstante, este modelo de medición, que equipara la calidad con la producción de artículos científicos y de premios Nobel, se ha impuesto como el estándar de oro, en parte porque son los únicos atributos de una universidad que son fácilmente medibles. De allí han surgido otros rankings, como el de la Universidad de Leiden y el Scimago Institutional Ranking (SIR), que miden exclusivamente la producción científica de las instituciones. Mientras tanto, otros como el Times y su competencia inglesa, Quacquarelli Symonds (QS), han agregado a la mezcla otros rubros, como el número de estudiantes por profesor y las respuestas a encuestas aplicadas a académicos o empleadores. Pero el resultado es lo mismo: una imagen sumamente parcial y sesgada de la universidad.
A pesar de estos limitantes, los rankings suelen ser tomados como la última palabra sobre la calidad total de las instituciones de educación superior – con consecuencias mayores. En un artículo intitulado “Los rankings no cuentan toda la historia: manéjenlos con cuidado”, Baty cita los siguientes ejemplos como ejemplos del mal uso de los rankings por parte de las nuevas superpotencias económicas.
En Rusia, el primer ministro Dmitry Medvedev recientemente firmó una orden otorgando reconocimiento oficial a los títulos de 210 universidades en 25 países, en base a su presencia en los principales rankings a nivel internacional. A su vez, los miles de recipientes de becas para estudiar en el extranjero, bajo el nuevo Programa Global de Educación del gobierno ruso, sólo tendrán la oportunidad de escoger entre universidades que figuran prominentemente en los rankings.
En Brasil, el programa Ciencias sin Fronteras, que tiene un presupuesto de US$2 mil millones y busca colocar a 100,000 estudiantes de posgrado en universidades de primer nivel en el extranjero, también condicionará la recepción de becas en base al ranking Times, entre otros.
Y en la India, la Comisión Gubernamental de Becas fijó nuevas reglas en junio para asegurar que sólo las 500 universidades incluidas en el ranking Times y el ranking QS pueden operar programas de doble grado con universidades de ese país.
Según el propio Baty, por más gratificante que haya sido el reconocimiento de su ranking por parte de estos tres países, tal uso acrítico de los resultados pierde sentido. Explica: “Todos los rankings son poco precisos por definición, ya que reducen a las universidades y a sus distintas misiones y fortalezas a un solo número”. Es más, dice, “cualquiera que se guía demasiado por los rankings corre el riesgo de perder muchos rincones de excelencia en áreas de conocimiento que no están incluidos en los rankings institucionales, o de perder de vista a las labores de la institución – como es el caso del compromiso social – que simplemente no se reflejan en ningún ranking”.
Eso no quiere decir que los rankings no son herramientas útiles, dice Baty. Lo son, siempre y cuando se toman como guía y no como verdad absoluta.
Las declaraciones de Baty representan un reconocimiento público de la posición crítica expresada por muchos rectores latinoamericanos en mayo, durante el encuentro Las Universidades Latinoamericanos ante los Rankings Internacionales: Impactos, Alcances y Límites. El evento, que tomó lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), juntó a más de 60 rectores de toda la región, además de expertos y responsables de los principales rankings internacionales, incluyendo a Baty.
Al final de dos días, los rectores emitieron una Declaración Final, expresando su inconformidad con el uso de los rankings para la formulación de políticas públicas. En primer lugar, la declaración señala el fuerte y casi exclusivo enfoque de los rankings en la producción científica de las universidades, que favorece a un solo modelo de institución: la universidad anglosajona de investigación, de la cual Harvard es el mejor ejemplo. Como dice Imanol Ordorika, uno de los organizadores y acérrimo crítico de los rankings, éstos “fungen como harvardómetros, qué tanto te pareces a Harvard”.
Otras críticas incluyen: La falta de transparencia en cuanto a las metodologías utilizadas; la gran fluctuación entre la posición de las universidades entre un año y otro; y el sesgo hacia el idioma inglés, ya que las bases de datos bibliográficas que consultan los rankings – el ISI Web of Science y SCIverse SCOPUS – registran mayormente artículos científicos publicados en ese idioma.
La declaración también encontró simpatía entre otros de los responsables de los rankings. Paul Wouters, el editor del ranking de Leiden, escribió un blog después del encuentro sumándose a las críticas y aconsejando a los hacedores de políticas públicas a tener en mente las “bien conocidas deficiencias” de los rankings.
Estos sesgos influyen en la escasa representación en los principales rankings de las universidades latinoamericanas, cuya labor docente o fuerte tradición de responsabilidad social no son tomadas en cuenta. Aunque, la falta de inversión en el sector de educación superior, y en la investigación científica en particular, también es un factor clave.
Sólo una docena de instituciones latinoamericanas figuran entre las primeras 500 universidades en los principales rankings, y en algunos casos, el grupo es aún más limitado. En la última edición del ranking Times, sólo tres universidades latinoamericanas aparecían dentro de las primeras 500: la Universidad de Sao Paulo (USP), la Universidad Estatal de Campinas, ambas en Brasil, y la Pontificia Universidad Católica de Chile. La UNAM, que se ubicó en el lugar 74 en 2006, muy por encima de la USP (en lugar 284), ya no apareció en el ranking en 2012.
Tal exclusión no sería un problema si no fuera por la enorme incidencia de los rankings en políticas públicas en todo el mundo.
Véamos el caso de Dinamarca. El gobierno danés utiliza los resultados del QS World University Rankings para clasificar a candidatos que buscan obtener permiso de residencia o de trabajo en el país. Los egresados de universidades clasificadas dentro de los primeros 100 lugares reciben un bono de 15 puntos, de un total de 100; entre las primeras 200, reciben 10 puntos; y las primeras 400, 5 puntos.
Es mucho poder para un ranking que ha sido descalificado por expertos – entre ellos Simon Marginson, de la Universidad de Melbourne - por su metodología “poco robusta”, porque depende en gran medida de los resultados de las encuestas de opinión.
QS está considerado el más comercial de los rankings, ya que busca colocarse en el mercado de la educación superior a través de nuevos productos, como el Ranking Latinoamericano de Universidades, cuya segunda edición salió en junio. También, ofrece consultorías a las universidades que buscan mejorar su posición en el ranking, a la vez fungiendo como juez y parte.
QS tiene la peculiaridad de que el orden de las universidades cambia entre un ranking y otro. Por ejemplo, mientras que en el ranking global, la UNAM figuraba al lado de la Universidad de Sao Paulo (USP) como las mejores de América Latina (en lugar 169 general), la universidad mexicana bajó al quinto lugar en el ranking latinoamericano. La USP, mientras tanto, quedó en primer lugar. QS explica la discrepancia por el cambio de metodología en su ranking latinoamericano, que toma en cuenta encuestas de empleadores.
A pesar de estas inconsistencias, QS ha logrado posicionarse como el ranking de mayor peso en la región, en parte porque produce su propio análisis de los resultados, que después es publicado verbatum en los medios locales. Muchas veces, aprovecha este espacio para impulsar su agenda privatizadora.
Por ejemplo, al resaltar la predominancia de las universidades brasileñas en su ranking latinoamericano - 65 de las primeras 250 universidades son de ese país – QS le da crédito al sector privado, que actualmente cubre el 72% de la matrícula de educación superior en el país. Para QS, “la inversión privada en la educación parece ser la forma más razonable de incrementar la proporción de inversión a nivel nacional en educación.” Y agrega, “mejorando la conexión entre las universidades y el sector privado puede representar una gran oportunidad para el país”.
Lo que no dice es que la vasta mayoría de las instituciones de educación superior privadas en Brasil son de muy bajo nivel. Tan es así, que muy pocas figuran en el ranking QS. Amén a la objetividad.
Como dice Baty: “Los rankings pueden servir como una herramienta valiosa para la educación superior a nivel mundial —pero sólo si los toman con cuidado”.
