Los recientes acontecimientos—que por otra parte vienen ocurriendo año con año—en torno a las movilizaciones de quienes no fueron admitidos en los procesos de selección de las principales instituciones de educación superior del país asentadas en la capital de la república (UNAM, UAM e IPN), han motivado interesantes reflexiones de especialistas y medios de comunicación. Los colegas Roberto Rodríguez y Manuel Gil, entre otros, han publicado en este mismo suplemento y en El Universal respectivamente, diversos análisis de la situación referida y han señalado, entre otros aspectos, la inexistencia de una política pública orientada a la construcción de nuevas universidades públicas, sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad de México. Han recordado también, que desde hace ya casi cuatro décadas no se ha creado ninguna universidad pública en esta capital, a excepción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada por el Gobierno del Distrito Federal. Se ha subrayado también el hecho que las tres instituciones antes mencionadas, han realizado durante los últimos años, esfuerzos tremendos por ampliar sus matrículas e incluir al mayor número posible de nuevos estudiantes. En este mismo sentido, se ha insistido—y en ello también parecer estar de acuerdo las autoridades de dichas instituciones—en que ya no es posible que esos tres establecimientos educativos sigan creciendo más.

Lo sucedido el fin de semana anterior con la Feria de la Educación Superior más Opciones, convocada por la SEP en la Biblioteca José Vasconcelos, allá por los rumbos de Buenavista, ha puesto de manifiesto otro aspecto de la problemática. Movidos por la posibilidad de encontrar oportunidades de ingreso en instituciones de educación superior que les permitieran realizar sus aspiraciones académicas, cientos de aspirantes se dieron cita en el mencionado acontecimiento, encontrándose, sin embargo con que las plazas disponibles se encontraban en instituciones particulares y en tecnológicas. Peor aún, algunas de estas últimas carecían incluso de la infraestructura necesaria (aulas, laboratorios, talleres) para atender de inmediato a los jóvenes que decidieran acudir a ellas, según reconoció el propio secretario de educación pública (Milenio, 04/08/2012). De acuerdo con el mismo funcionario, éste admitió la existencia de más de 100 mil aspirantes no aceptados en universidades públicas que buscan una oportunidad para continuar sus estudios y a quienes la SEP ofreció del 3 al 5 de agosto, 50 mil lugares en 100 instituciones de la zona metropolitana, de las cuales 51 son de carácter particular y 41 públicas.

La falta de lugares suficientes para que cientos de miles de jóvenes puedan proseguir con su formación en el nivel superior, se agudiza año con año, y, como se mencionó al principio las instituciones con mayor demanda sólo pueden recibir a una parte muy pequeña de los aspirantes. Según los datos disponibles, la UNAM sólo pudo aceptar a 17 mil 616 de los 183 mil 685 estudiantes que concursaron por un lugar. Es decir, se admitió únicamente a poco menos de uno de cada 10 solicitantes). El IPN, por su parte, tuvo una demanda de 92 mil 772 aspirantes, de los cuales pudo recibir sólo a 23 mil (uno de cada cuatro). A su vez, la UAM pudo ofrecer solamente 3 mil 849 lugares a los 36 mil 716 concursantes. Si bien en este último caso, se podrán sumar poco más de 5 mil seleccionados en el concurso de admisión de primavera. Todas estas cifras son muy elocuentes para mostrar la necesidad que existe de ampliar el número de instituciones para atender a quienes demandar tener un lugar en los estudios superiores. Hay que mencionar, de paso, que para muchos de ellos el pago de la inscripción y las colegiaturas en una institución privada es muy difícil por causa de los elevados costos y las depauperadas condiciones económicas de un número muy alto de familias que habitan en el DF y sus alrededores.

El asunto de la malograda Feria de la semana pasada en Buenavista, también pone de realce que lo más importante—y esto lo identifican cada vez mejor los jóvenes—no es solamente que el gobierno o la iniciativa privada les ofrezcan un lugar donde realizar estudios superiores, sino el nivel académico y la calidad de la infraestructura de los establecimientos educativos. Saben bien o al menos intuyen que una sólida formación profesional los hará entrar en condiciones más ventajosas al difícil y cada vez más estrecho mercado laboral. Por ello, entre las principales demandas enarboladas por los actuales movimientos estudiantiles en muchos lugares del planeta se encuentra la exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad.

Es indudable que el próximo gobierno tendrá que resolver este enorme problema que involucra a centenas de miles de jóvenes en la capital y en todo el país. No se podrá aplazar por más tiempo, si se toma en cuenta que, por el contrario, tenderá a agudizarse aún más por la presión que ejercerán quienes vayan egresando de la educación media superior, ahora que su obligatoriedad se ha visto elevada a rango constitucional.