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Iniciativa para mejorar la equidad en las universidades brasileñas
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 475, pp.11 [2012-08-24]
 

La enorme falta de equidad en América Latina ha sido ampliamente documentada por organismos financieros y sociales, tanto de nivel internacional como local. Algunos de los países que integran la región han sido considerados entre los más desiguales del planeta. Este es el caso de Brasil, la nación más grande de Latinoamérica, la cual cuenta con abundantísimos recursos naturales y que recientemente ha emergido como una de las potencias económicas (actualmente se la considera como la sexta del mundo). El rápido crecimiento de su economía se ha manifestado en rubros tan diversos como la energía (petróleo, biocombustibles y generación de electricidad), las manufacturas de alta tecnología (aviones y armamento) y la agricultura (principalmente la producción de soya), entre otros.

Más aún, en años recientes y gracias a la conjunción del crecimiento económico con una política de clara orientación social, el país conosureño ha sido capaz de revertir de manera significativa los niveles de pobreza y de mortalidad infantil. En el primer caso, el Programa Bolsa Familia (Beca Familia) pudo sacar a más de 20 millones de brasileños de la miseria y en el segundo, los programas de salud pública consiguieron reducir las muertes infantiles de 47.1 por cada mil en 1990 a 19.3 por cada mil en 2007.

En el terreno educativo, el gobierno brasileño que encabezó Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2011, logró elevar considerablemente el nivel de escolaridad de la población, y particularmente en el nivel superior promovió el establecimiento de “cuotas” (lugares reservados) para estudiantes pertenecientes a grupos étnicos que habían tenido pocas oportunidades de asistir a las universidades (negros, mulatos, indígenas). Asimismo, en 2004 se creó el programa llamado PROUNI, con la finalidad de conceder beca integrales y parciales a estudiantes de escasos recursos económicos (con ingreso familiar menor a 1.5 salarios mínimos) para asistir a instituciones privadas de educación superior. A su vez, las instituciones adherentes al programa reciben exenciones fiscales. En ese mismo periodo se establecieron 14 nuevas universidades federales en distintos puntos del país. Esto significó un paso importante para la democratización en el acceso al nivel universitario, pues todavía el mayor porcentaje de estudiantes en la educación superior corresponde a las instituciones particulares.

Más recientemente, en el actual gobierno de la presidenta Dilma Rouseff y de lo cual ya dimos cuenta en pasadas colaboraciones (Campus Milenio 427, 18/08/2011), se creó el programa Ciencia sin Fronteras, que con el otorgamiento de 100 mil becas en un lapso de cuatro años, busca promover la consolidación, expansión e internacionalización de la ciencia y la tecnología, la innovación y la competitividad brasileñas por medio del intercambio y la movilidad internacional.

El pasado 8 de agosto, el senado brasileño sancionó una ley por la que se reserva el 50 % de los lugares de las universidades públicas federales y escuelas técnicas superiores a egresados de preparatorias públicas, asignándose cuotas por razón de raza y nivel económico. La ley, que será revisada dentro de diez años, sólo está a la espera que la presidente Dilma Rousseff la ratifique y pueda entrar en vigor. El origen de este ordenamiento radica en una resolución de principios de este año de la Suprema Corte que determinó la constitucionalidad del imponer cuotas por razón de raza en las universidades, y que ello no implica una violación a la autonomía universitaria.

De acuerdo con la nueva ley, la mitad de los lugares disponibles en las universidades públicas federales se reservan para alumnos que hayan cursado íntegramente la educación media superior en establecimientos públicos. De las plazas anteriores, la mitad se destinará a alumnos de familias con bajos ingresos económicos equivalentes al salario mínimo mensual (933 reales, equivalentes a 461 dólares). Los lugares restantes serán reservados para alumnos negros, mulatos e indígenas, de forma proporcional a la composición racial de cada estado. Quienes impulsaron esta ley, han sostenido que beneficiará a la mayoría de los estudiantes brasileños porque a las universidades privadas solo tiene acceso uno de cada diez estudiantes. De acuerdo con los diez años de vigencia de la ley, al término de ese periodo se podrán evaluar los beneficios concretos a las poblaciones que se propuso apoyar.

La reciente iniciativa aprobada por el senado brasileño permite reflexionar y discutir si es la medida más adecuada para equilibrar o disminuir las diferencias que se están observando en quienes acceden a las instituciones públicas de educación superior, especialmente a las que gozan de mayor prestigio. Algunos especialistas en el tema y diversos organismos internacionales han señalado que la composición social de dichas instituciones (las proporciones de quienes pertenecen a hijos de trabajadores de la ciudad y del campo o de clase media baja, son muy reducidas), muestra una creciente elitización. Habrá que ver si medidas como ésta consiguen mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes con menores recursos económicos y menor capital cultural.


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