No existe garantía si recibirán solución los graves problemas que aquejan al sistema educativo mexicano; tampoco el detalle de la eventuales medidas para atenderlos; y menos el tiempo en que se apreciarán claramente algunos resultados. Sin embargo, lo que parece indudable es que la educación ha logrado colarse a la agenda y ser capitalizada por la actual administración. Pero conviene moderar las expectativas porque apenas es un peldaño de una larga escalera y además es parcial.

En los años recientes, numerosos grupos, internacionales, empresariales, académicos, sociales, padres de familia, etcétera, por razones no siempre coincidentes, han expresado su descontento con la situación en materia educativa. Pero la mayoría, con muy pocas excepciones, han carecido de la fuerza para llevar sus opiniones al diseño de los programas gubernamentales o a la lista de prioridades nacionales.

Cuando más, la serie de reclamos ha logrado el impulso a algún programa, incrementar el financiamiento, demandar calidad educativa o ampliar la matrícula, todo dentro de un marco previsible. No por nada calidad, evaluación y financiamiento han sido los temas de las últimas dos décadas.

La agenda y los ritmos de los cambios educativos los lleva la parte gubernamental; tiene los recursos técnicos y dispone del erario. Hoy, una vez más, el tema de la evaluación y la calidad vuelven a ocupar el centro de las medidas. La figura presidencial no tiene las mismas características que en el pasado, pero su densidad sigue siendo el factor decisivo para impulsar o inhibir, para atender o ignorar. Así lo fue en el pasado y así es en el presente.

En su discurso de toma de posesión, Enrique Peña Nieto (EPN) señaló que el tercer eje de su gobierno sería: “lograr un México con educación de calidad para todos. Ese país que podemos ser, hará frente a los rezagos educativos, para estar al nivel de las naciones desarrolladas”.

En el mismo acto, EPN informó que enviaría al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional, en la cual se establecerían las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente y la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, éste último a cargo de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación plenamente autónomo. Además, también dijo que había instruido al secretario de Educación Pública para que éste solicitara al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos.

Al día siguiente, Enrique Peña Nieto firmó el Pacto por México con las tres principales fuerzas políticas del país, el cual incluyó el tema educativo y básicamente las acciones que había anunciado. Una semana después envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional con los mismos propósitos (incluído el adjetivo de calidad).

La reforma pasó sin grandes contratiempos en el Congreso de la Unión, actualmente está a punto de ser aprobada por la mayoría de los Congresos locales y seguramente en unas semanas más se pondrán en operación las modificaciones. Es decir, tanto los contenidos como los tiempos los ha marcado el gobierno federal.

Todavía falta la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y después el correspondiente programa sectorial, en los cuales se sepone se recogerá la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, el diagnóstico y las soluciones del tema educativo ya han avanzado en el terreno de los hechos.

No está mal el sentido de urgencia concedido por la actual administración, el asunto es que no hemos resuelto cuáles son o deben ser los temas prioritarios y, sobre todo si las medidas anunciadas hasta ahora, son las mejores para el sistema educativo. Por ejemplo, ¿debemos ser indiferentes al rezago educativo o al ajuste a la baja de la cobertura en media superior y superior? ¿Convertiremos nuevamente a la evaluación en un fin en sí misma?

Es ilustrativo de nuestra sociedad que, una vez más, el gobierno federal lleva la responsabilidad de la agenda educativa y son contados los sectores que han alzado la voz. Entre otros, se han expresado públicamente algunos grupos sociales, opiniones en medios, la propuesta de la UNAM (Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional) o las recomendaciones que recientemente entregó la OCDE en el Foro México 2013 (Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en México). Pocos.

Sin argumentos ya nos convencimos. Todavía no hay plan ni programa formal pero ya vamos a la operación de la reforma. No hemos tomado suficiente distancia de las políticas gubernamentales.