El decreto de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplirá el próximo año tres décadas. El actual Sistema es muy diferente al del inicio; suficiente comparar el volumen de sus integrantes (empezó con poco más de un millar y hoy suman casi 19 mil). Sin embargo, entonces y ahora, uno de sus puntos críticos ha sido la integración de las comisiones dictaminadoras.

En el contexto de la década perdida de los años ochenta, la idea de crear un programa para incrementar las percepciones salariales de los científicos y retenerlos en sus respectivas instituciones, fue el motor principal que animó la instauración del SNI.

Sin embargo, prácticamente al año siguiente de la puesta en marcha del Sistema vino su primera modificación y fue precisamente en sus comisiones dictaminadoras. En el decreto de creación solamente se consideraron tres comisiones: fisicomatemáticas e ingeniería; biológicas, biomédicas, agropecuarias y químicas; y sociales y humanidades.

Cada una de las tres comisiones, estableció el decreto de creación, estarían integradas por nueve investigadores nacionales del máximo nivel. Todos los integrantes serían designados por el Consejo Directivo del SNI, pero cuatro de ellos serían a propuesta de la entonces Academia de la Investigación Científica (la hoy Academia Mexicana de Ciencias) y todos durarían cuatro años en el cargo.

La primera modificación del SNI, en 1986, fue para desagregar una de las tres comisiones existentes. Principalmente por las inconformidades que suscitó en los ingenieros, la evaluación conjunta con físicos y matemáticos. Por tal motivo, se añadió una más: la comisión dictaminadora de ingeniería y tecnología. Pero no fue suficiente.

En 1988 vino una segunda modificación importante. Aunque autorizó la participación como evaluadores en la comisión de ingeniería y tecnología a expertos que no estuvieran reconocidos por el SNI, el tema central no fue la integración de comisiones, si no la ampliación a los investigadores provenientes de las instituciones particulares.

Después vinieron otras dos modificaciones, una 1993 y otra 1995, ambas para cambiar el número de integrantes de las comisiones dictaminadoras y la vigencia del cargo. La primera disminuyó a tres los candidatos que podía proponer la AIC y a tres el periodo que estarían vigentes en el cargo (antes eran cuatro en los dos casos). La segunda amplió a 12 el número de integrantes de las comisiones.

A pesar de los cambios, las protestas por los resultados de las evaluaciones han persistido. En 1999 nuevamente se reformó el Sistema, principalmente para ampliar a siete el número de comisiones y dar cabida a un mecanismo de impugnación a la evaluación recibida. Un mecanismo hasta entonces inexistente y que dio lugar al establecimiento de las comisiones dictaminadoras revisoras, sobre todo por la fundada inconformidad de Sergio Aguayo, investigador del Colmex.

El cambio más reciente fue en diciembre pasado, en el que se estableció como parte del capítulo de “obligaciones y sanciones” del reglamento del SNI que los investigadores que participan en las comisiones deberán observar en todo momento “las normas de ética, y en su caso, deberá excusarse de opinar o recomendar, cuando tenga algún interés directo o indirecto en el asunto o exista amistad o enemistad manifiesta con alguno o algunos de los investigadores evaluados”.

La adición a la norma fue producto, nuevamente, de la inconformidad de Sergio Aguayo, quien argumentó violaciones al reglamento por posibles conflictos de interés y tráfico de influencia en la evaluación de su expediente. El Conapred le dio la razón y emitió un exhorto a Conacyt.

Desde el 2006 la normatividad prevé que las siete comisiones se integren por 14 miembros y que se procure un “equilibrio y paridad entre disciplinas, instituciones, género y regiones”. Los designa el Consejo de Aprobación y considera la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Sin embargo, el equilibrio no siempre se cumple, lo cual genera fricciones e inconformidades.

No parece fácil una reforma profunda del SNI. En diferentes oportunidades se ha anunciado y no se lleva a efecto. En cualquier caso, uno de los aspectos que debe atenderse es el delicado y básico tema de las comisiones dictaminadoras, sobre el que descansa y está edificado el Sistema. Vale la pena no perder de vista el avance gradual que han sostenido y ponderar la relevancia de su integración.