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Bioseguridad
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 241 [2007-09-20]
 

El debate sobre bioseguridad comenzó desde los años noventa con las negociaciones para llegar a un acuerdo internacional sobre la protección de la biodiversidad y la salud humana, dado el creciente flujo transfronterizo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en diferentes países y la gran expansión mostrada por la biotecnología moderna.

En enero de 2000 los más de 100 países integrantes de la Convención sobre Diversidad Biológica adoptaron el “Protocolo de Cartagena” en Montreal, Canadá, un primer instrumento internacional para tratar de normar la utilización segura de organismos transgénicos y evitar posibles efectos adversos a la biodiversidad y la salud. El protocolo previó su entrada en vigor hasta que el país número 50 de la Convención lo hubiera ratificado (artículo 37), lo cual ocurrió en julio de 2003; México lo hizo en 2002.

En cada país se han puesto en marcha nuevas disposiciones o adecuaciones a los marcos normativos para tratar de ir en el mismo sentido del Protocolo. En México, los legisladores comenzaron a discutir el proyecto de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) en abril de 2003, pero quedó aprobada hasta 2005. La mayor dificultad para lograr un acuerdo expedito y unánime, como también ocurre en el ámbito internacional, fue la restricción o no a la aplicación de la biotecnología y a la utilización de los OGM.

Aunque la promulgación de la LBOGM en 2005 constituyó un paso importante en la definición del marco normativo nacional en la materia (DOF. 18/03/05), quedó pendiente la reglamentación de su aplicación, donde debieran estar aclarados los aspectos más finos de la permisividad o limitaciones de la nueva ley. Esa tarea le corresponde esencialmente al gobierno federal y no sólo es complicada por las definiciones que habría que tomar sino también por el número de secretarías de Estado e instancias de diferente naturaleza que participan en ello.

El año pasado la Cámara de Diputados envió un exhorto a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para cumplir con las disposiciones de la ley respecto de la coordinación, integración y participación en la Comisión Intersecretarial encargada de definir las políticas sobre bioseguridad prevista en la ley, pues después de un año no habían cumplido con su encomienda. El exhorto también incluyó al Ejecutivo federal para que expidiese “a la brevedad”, el reglamento de la LBOGM. Concluyó el año y el exhorto no tuvo respuesta.

En febrero de 2007, el Senado emitió un punto de acuerdo para exhortar, otra vez, al Ejecutivo federal a expedir el reglamento correspondiente y para que les hiciera llegar un informe sobre los resultados de los acuerdos y tratados suscritos por México sobre bioseguridad y organismos modificados. Tampoco hubo respuesta, al menos no públicamente.

Ahora parece que ya está a punto de emitirse la reglamentación de la ley. Todavía no se conoce legalmente pero ya enfrenta la oposición de un grupo importante de empresarios y organismos relacionados con actividades agrícolas, como la Concamin, la Canacintra o la CNC.

En una carta pública dirigida al Ejecutivo federal y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, responsable de la reglamentación, señalan que: “Se tiene noticia que su gobierno evalúa el incluir en el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, próximo a publicarse, un nuevo aplazamiento para el inicio de las pruebas experimentales con maíz genéticamente mejorado con biotecnología” (MILENIO, 17/09/2007). Los firmantes se llaman sorprendidos y solicitan al Ejecutivo autorizar las pruebas experimentales y, después de diez años, no retrasarlas más.

Al igual que cuando se discutió la LBOGM, lo que está en disputa es la aplicación de la biotecnología y la permisividad para extender la utilización de OGM. No es un asunto irrelevante es, por el contrario, de suma importancia. Es un tema que divide y polariza no solamente a la opinión pública, a los políticos o a los grandes bloques regionales en el ámbito mundial, también genera opiniones encontradas en los integrantes de la comunidad científica. El único aspecto en el que parece haber un relativo acuerdo es en la incertidumbre sobre los efectos que podría haber a mediano y largo plazo.

En esta circunstancia lo que único que cabría hacer es permitir y acotar claramente la utilización de los OGM y garantizar la aplicación de la norma. No sería una buena opción una norma completamente punitiva ni otra totalmente laxa que constituyera un riesgo para el medio ambiente y para la salud.


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Last modification: April 29 2020 11:44:32.  

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