A lo largo de su ya centenaria vida institucional, la Universidad Nacional ha atravesado por situaciones que han interrumpido sus funciones cotidianas de investigación, docencia y extensión. Quien se asome a su historia, observará que se trata de una institución viva en la que se han presentado conflictos de distinta intensidad entre grupos de variadas posiciones políticas, así como también la existencia de movimientos estudiantiles, de trabajadores y de académicos. Aunque en ocasiones las soluciones han tardado en llegar, por lo general han derivado en un mayor fortalecimiento institucional. Un amplio repaso a los momentos críticos muestra cómo en la década de los 30 el retiro del subsidio federal la llevó al borde de suspender sus funciones sustantivas, poniendo en riesgo su existencia misma y tener que acordar con el gobierno la revocación de tal medida.

Durante la década siguiente, las disputas entre diversos grupos políticos y la dificultad para construir consensos, la condujeron a una grave crisis institucional que sólo fue resuelta con la promulgación de una nueva ley orgánica por parte del Congreso de la Unión. En los años 60, un conflicto de tipo académico-administrativo ocurrido en la facultad de Derecho, derivó en la renuncia del Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, durante el conflicto del 68, el cual rebasó los muros universitarios y el cual había tenido un alcance no sólo metropolitano, sino nacional y con raíces internacionales, la Ciudad Universitaria fue ocupada por el ejército. El entonces rector, Javier Barros Sierra presentó su renuncia en protesta por dicha ocupación y por los ataques y calumnias del gobierno federal. La renuncia fue rechazada y Barros Sierra continuó al frente de la institución hasta terminar su periodo.

En la década de los 70, la ocupación de la rectoría por dos individuos delirantes, Mario Falcón y Miguel Castro Bustos, así como la realización de una huelga sindical y la falta de apoyo del gobierno federal presidido por Luis Echeverría, provocaron la caída de Pablo González Casanova. Pocos años después, en el mismo decenio, la huelga encabezada por el sindicato de académicos fue abruptamente reprimida por las fuerzas policiacas que ocuparon las instalaciones universitarias.

A mediados de los años 80, se desarrolló un amplio movimiento de estudiantes encabezado por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en contra de una serie de reformas estructurales y académicas derivadas del controvertido documento “Fortaleza y debilidad de la UNAM”, planteado por el entonces rector Jorge Carpizo. Tras algunas semanas de huelga, se realizaron varias mesas de negociación que permitieron llegar a acuerdos para derogar las medidas establecidas en dicho documento. También se acordó la realización de un Congreso Universitario el cual se llevó a cabo en 1990, aunque sin grandes modificaciones estructurales.

En la década de los 90 hubo diversas movilizaciones estudiantiles (1992, 1995 y 1997), en defensa de la gratuidad y la democracia académica. En 1999 se llevó a cabo la huelga estudiantil más prolongada de los últimos años cuando el Consejo General de Huelga (CGH) paralizó las actividades universitarias durante casi 10 meses. El conflicto tuvo como detonador la propuesta del rector Francisco Barnés de aprobar un nuevo Reglamento General de Pagos que incrementaba las cuotas de inscripción y semestrales, además de diversos servicios. Conforme pasaron los meses la solución al conflicto se fue empantanando, el rector Barnés renunció y la Junta de Gobierno designó a Juan Ramón de la Fuente, quien a principios del año 2000 llamó a un plebiscito para terminar la huelga. Al rechazar el CGH el resultado del plebiscito, la autoridad solicitó a la Policía Federal Preventiva (PFP) el desalojo de los huelguistas y la recuperación de las instalaciones.

El actual conflicto, originado por un enfrentamiento en el plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), a la que siguió días después la toma violenta de su Dirección General y la ocupación, también con violencia de la Torre de Rectoría, ocurre en el marco de un amplio proceso de revisión del plan de estudios del CCH. Quienes ocupan el edificio de Rectoría, argumentan que lo hacen porque sus demandas de rechazo al proceso no han sido tomadas en cuenta y exigen que los alumnos expulsados por los acontecimientos en Naucalpan sean reinstalados. Plantean, además, una negociación directa con el rector de la Universidad. Diversos sectores universitarios han manifestado su rechazo a la toma de las instalaciones universitarias, al tiempo que pugnan por una salida no violenta al conflicto. Hasta el momento de escribir estas líneas no se veía una pronta solución al conflicto por la negativa de los ocupantes a abandonar la rectoría y por el rechazo de las autoridades universitarias a negociar bajo presión.

Para nadie es desconocido que estos lamentables acontecimientos tienen lugar en un ambiente político y social muy enrarecido. El conflicto magisterial, originado por el rechazo de grupos disidentes del sindicalismo oficial a la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión, sigue enconándose cada vez más y amenaza con extenderse a otros estados del país, además de Guerrero y Oaxaca. Su solución no se ve próxima, toda vez que tanto los profesores disidentes como el gobierno federal, mantienen sus posiciones, de rechazo y de avanzar en la reforma, respectivamente. Por otro lado, en el contexto nacional, siguen sin disminuir significativamente los niveles de violencia e inseguridad, expresados en el exorbitante número de muertos.

La solución a tan conflictivo estado de cosas se antoja muy difícil y complicada, y está poniendo a prueba la capacidad y sensibilidad del gobierno federal y de los estatales, los partidos políticos, las organizaciones sociales y demás actores involucrados. Sin embargo, es indispensable encontrar los canales adecuados para que el país pueda tener la estabilidad y los niveles de seguridad necesarios para conseguir los cambios y construir los consensos que permitan ir hacia adelante con los programas, proyectos e iniciativas que den respuesta a las graves carencias e insuficiencias que existen en diversos ámbitos de la vida nacional.