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El gobierno universitario y la estabilidad institucional
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 514 [2013-06-13]
 

Entre los muchos factores que influyen en el devenir de las universidades se encuentran las políticas públicas en materia educativa. Mediante ellas, el gobierno federal, y en su caso el estatal, buscan orientar el rumbo de las instituciones. Muchos investigadores hemos pensado y analizado los efectos de tales políticas sobre el cambio de la fisonomía de los rectorados, la estructuración del poder y el ejercicio de la política en el Campus.

A lo largo del tiempo, las políticas oficiales han implicado que los rectorados diversifiquen sus intercambios con una mayor diversidad de actores políticos externos, para agenciarse recursos extraordinarios al subsidio regular, que les permitan realizar sus proyectos de desarrollo institucional. Los lazos de los rectorados con el gobierno federal y estatal, pasaron a manejarse a través de un modelo de control, en el que se sujeta políticamente a las casas de estudio, utilizando el subsidio. En este modelo, el rectorado adquiere una posición subordinada frente a los gobiernos federal y estatal y les sirve como filtro de las políticas oficiales a la comunidad académica.

La sujeción del rectorado a los dictados oficiales implicó que el gobierno universitario tuviera que adquirir un sobrepeso político en la universidad: concentra la función de gestoría económica, el manejo político, interno y externo, la conducción administrativa (Véase Acosta, 2009) y la comunicación social. Para cumplir con estas tareas, el aparato del gobierno universitario se expandió y reforzó.

En la universidad, el rectorado tiene la importantísima tarea de mantener la estabilidad institucional, casi como una exigencia para contar con apoyos externos. El logro de la estabilidad requiere instrumentos para operar en la academia, que es un campo de lucha (Bourdieu, 2000), donde los grupos que conforman la comunidad tienen estrategias, intereses y privilegios, que buscan imponer. Además, tiene que resolver cualquier problema que surja de las relaciones laborales, las demandas estudiantiles, o de la propia administración; está sujeto a rendición de cuentas y evaluación con indicadores de desempeño oficiales.

Gobernar la universidad es un asunto políticamente difícil y complejo. Requiere un ejercicio del poder que articule demandas e intereses diversos en la comunidad, en torno a proyectos y programas institucionales que se encuentren en sintonía con las políticas públicas. El rectorado necesita resolver conflictos y establecer acuerdos, con reglas del juego aceptadas. Se trata de hacer de la universidad una institución gobernable, a lo que auxilia contar con recursos económicos y distribuirlos adecuadamente.

La estabilidad y la gobernabilidad institucional son necesarias, pero no suficientes, para que exista una buena actividad académica, conseguir recursos y dar confianza a la sociedad de la tarea educativa. Mantener la estabilidad institucional ha implicado, en el contexto de las relaciones del gobierno federal con la universidad, la reproducción del modelo de control político en las casas de estudio.

Un proceso de burocratización cada vez más acentuado, por la planeación estratégica y la certificación de programas, ha exigido un estilo centralista de conducción y administración institucional. La forma de gobierno ha demandado que muchas decisiones se tomen en la llamada "administración central" por grupos de funcionarios que han desarrollado su propia identidad. Responden, en innumerables ocasiones, sin la sensibilidad adecuada a las necesidades y modos del trabajo académico, que no puede sujetarse a estándares homogéneos, como los que las burocracias externas e internas le imponen.

Los rectorados descansan sobre el cuerpo directivo. Para que el orden institucional mantenga el equilibrio político se requiere que los directores sigan las políticas de la administración central, lo cual los pone en una posición de presiones cruzadas entre el rectorado y su comunidad. Tienen que apegarse al primero y controlar los cuerpos colegiados que presiden, donde está representada la comunidad. La eficacia y eficiencia del cuerpo directivo se aprecia por el grado de control o estabilidad política que consiga, mediante la toma de decisiones de los órganos colegiados.

La especialización de funciones del rectorado, y el control político interno y externo, nos llevan a la hipótesis de que la forma de operación política de las universidades ha dejado a los académicos sin participación y fuera de las decisiones institucionales. Lo nuevo es una creciente separación entre autoridades y académicos por falta de comunicación, credibilidad y confianza en la administración central, la cual tomó en sus manos la planeación del trabajo, sin la debida atención a los objetivos del desarrollo del conocimiento. Y, es en este marco en el que los académicos se volvieron políticamente apáticos.


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