A casi cien años de la revolución, los mexicanos seguimos luchando por el sufragio efectivo. Por ello, la pugna política en la que se encuentra hoy la nación tiene una gran trascendencia histórica. Sí después del fallo del Tribunal Electoral persiste la desconfianza generalizada en el conteo de los votos emitidos por los ciudadanos el 2 de julio se habrá perdido la oportunidad de remontar las visiones de autoritarismo y corrupción con las que se representa la práctica electoral y, en general, la política en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Hay un hecho que se ha repetido continuamente en México. Los grupos dominantes son insensibles a que el poder público obtenga su legitimidad con base en la adhesión real y no nominal de la ciudadanía. Más aún: lo que estamos viviendo nos muestra que a la idea de que el triunfo electoral ha sido prefabricado o alcanzado por la vía de la manipulación o de la trampa le sigue el descontento social y el choque de fuerzas políticas. Sin lugar a dudas, se pone en riesgo cualquier proyecto constructivo. La creciente tensión política atenta contra la posibilidad de edificar un régimen de confianza entre los mexicanos. También, una imagen democrática en el exterior.

La duda proyectada sobre la limpieza de las elecciones ya no tiene remedio. La desconfianza en las instituciones ha sido sembrada y cultivada durante todo el proceso postelectoral. Ahora, sea quien fuere el presidente electo su representación política no será suficiente para remontar las relaciones de desconfianza entre gobernantes y gobernados.

En este punto, lo que está en juego no sólo es el rumbo de México sino la dignidad y hasta la cordura de los mexicanos. Porque después de la expectativa de cambio abierta en el 2000 y del "más de lo mismo" que hemos estado viviendo desde entonces, se sabe que las prácticas de autoritarismo y corrupción política, por tanto tiempo instaladas en el Estado mexicano, han persistido a pesar de la alternancia partidaria en el gobierno.

Las pasadas elecciones dieron al gobierno en turno y a las instituciones políticas la oportunidad de dar muerte, al fin, a las realidades e imaginarios del Estado mexicano intransigente. Representaron la oportunidad de cambiar la historia de México, brindando a todos la certeza de que ya se había alcanzado el sufragio efectivo y ahora empezaba el tiempo de consolidación democrática y de una más amplia y efectiva participación ciudadana.

Pero las cosas no ocurrieron así. La reincidencia en prácticas antidemocráticas y el uso corporativo para intervenir la elección militan contra la confianza entre y a los mexicanos. Actualmente, para dar posibilidad a la democracia y al desarrollo económico se hace necesario trascender las fuerzas del Estado y partir de las fuerzas organizadas de la sociedad para repensar y reconstruir a la nación.

Sin duda, entre estas fuerzas destacan las universidades e institutos de investigación públicos y privados a los que les corresponde influir en los asuntos clave del país. Hoy es absolutamente indispensable promover y lograr una mayor participación de la academia y de los intelectuales en los asuntos que aquejan a México.

No podemos darnos el lujo de tener universidades intelectualmente quietas. La salida de la crisis política que está experimentando el país exige la realización de debates públicos profundos, abiertos, con una amplia participación ciudadana. Esto hace imprescindible que las universidades desplieguen sus capacidades intelectuales para producir y distribuir información y conocimiento que nutran y orienten el debate y la reflexión y que permitan abrir opciones.

Con la salvedad de que hoy el llamado a que las universidades atiendan las problemáticas del país no se funda exclusivamente en la moral, sino en una necesidad histórica: o el futuro inmediato consiste en la participación real y efectiva de los académicos e intelectuales en debates públicos que expresen las inquietudes ciudadanas, les den cauce y generen un espacio de confianza o, por el contrario, las universidades y los institutos de investigación superior en México se enclaustran dando la espalda a la sociedad, agravando, todavía más, el problema de desconfianza en las instituciones que hoy tenemos los mexicanos.