Parte del compromiso social de algunas universidades mexicanas y de América Latina ha sido su participación en la defensa y promoción de los derechos humanos (DH) y en el ejercicio de la ciudadanía. Aunque dicho compromiso no siempre—más bien en pocas ocasiones—ha sido a nivel institucional, no ha impedido que la participación estudiantil y magisterial en las movilizaciones sociales por su ejercicio haya sido intensa. La historia de las universidades de la región nos ha dado cuenta de un número importante de episodios y batallas librados a lo largo del siglo pasado y del actual, en que los estudiantes y profesores universitarios han sido protagonistas importantes en ellas. De hecho, para bien y para mal, una buena parte de la clase política mexicana se ha formado en las universidades, primero casi exclusivamente en las públicas, pero también recientemente en las de carácter privado.

Es bien sabido que los regímenes políticos de varios países de la región latinoamericana han tenido durante décadas como rasgos distintivos el autoritarismo y la falta de democracia. Por ello, la apertura y el ejercicio de los derechos democráticos han sido conseguidos después de largas luchas que han significado enormes esfuerzos colectivos y, en no pocos casos, el sacrificio de muchas vidas humanas. En ese sentido, la lucha por los derechos humanos, expresados en la declaración universal hecha por las Naciones Unidas en 1948, sigue siendo todavía un anhelo difícil de alcanzar en muchos puntos del planeta. Es más, hace poco escuchaba a la Dra. Gloria Ramírez, profesora de la UNAM y experta en la materia, señalando la paradoja que ha significado en nuestro mundo actual el estallido de guerras de intervención que buscan la pacificación de algunos países.

Sin embargo, pese a la expedición de los documentos que señalan la obligatoriedad de los DH, no siempre se han puesto en efecto en todos los países, incluyendo los más avanzados. Es bastante conocido, por ejemplo, que el ejercicio pleno de los derechos civiles y la no discriminación para la población de origen africano en los Estados Unidos, se haya conseguido apenas en los años 60 del siglo pasado. En México, el derecho de expresión y manifestación estuvo coartado a raíz de los acontecimientos de 1968. El derecho a elegir a los gobernantes y demás autoridades ha sido conculcado en múltiples ocasiones por los regímenes autoritarios en varias naciones del planeta. En otros lugares, apenas hasta hace pocos años se logró el voto y los derechos políticos para las mujeres, e incluso en algunas partes todavía no ocurre totalmente. La falta de respeto a las creencias religiosas también sigue siendo motivo de conflictos en varias partes del mundo. Asimismo, pese a los avances de los últimos años, la lucha por el otorgamiento y respeto a diversos derechos de los pueblos indígenas continúa siendo una exigencia. Lamentablemente, la lista se extiende a gran parte de los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Puede desprenderse de este desalentador panorama que si el goce pleno de los derechos humanos es condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía, también ésta constituye una aspiración incompleta.

Siguiendo el mandato de la propia ONU, en el sentido de promover los derechos humanos mediante su inserción en los planes educativos desde los niveles básicos hasta los superiores, las universidades tienen todavía una gran tarea por cumplir. No sólo con la participación activa de sus comunidades de estudiantes, profesores y trabajadores, sino con el ejercicio de sus actividades académicas sustantivas (docencia, investigación y difusión/ extensión) en la tarea de aportar conocimientos y reflexiones que permitan avanzar, por ejemplo, en la elaboración y puesta en marcha de los ordenamientos jurídicos—en diversas áreas—con objeto de garantizar el cumplimiento de los DH para todos los miembros de una sociedad.

En los momentos por los que atraviesa actualmente nuestra sociedad con motivo de la promulgación de la reforma educativa y con el fin de apuntalar el derecho a la educación, sería una buena oportunidad para que en el interior de las universidades se analizaran con profundidad y rigor las tres leyes secundarias que se derivaron de dicha reforma. Entre otros aspectos a considerar estarían los relacionados con los aspectos laborales de los nuevos ordenamientos, así como los propiamente pedagógicos, tales como las nuevas formas y modalidades de evaluación del trabajo docente y del aprendizaje de los estudiantes; los elementos que deberían integrar los modelos educativos y los currícula requeridos para formar a los alumnos con los conocimientos y habilidades adecuados para enfrentar las necesidades y desafíos del mundo actual; y las formas y estrategias de atención a la diversidad cultural en los tipos y niveles educativos, entre otros. Todo esto constituye entonces una asignatura pendiente y tendría que formar parte imprescindible del compromiso de las universidades y las demás instituciones de educación superior con la sociedad a la que se deben.