Los académicos universitarios bien podríamos solicitarle al presidente electo que le ponga atención al establecimiento de una nueva política para la ciencia. El punto viene al caso porque estamos profundamente convencidos de que el proceso llamado ciencia y su resultado, el conocimiento, son fundamentales para un desarrollo con crecimiento económico, mayor equidad, justicia y competitividad. Todo lo cual corre en paralelo a un régimen democrático.

Los mexicanos tenemos una historia llena de dificultades en la construcción de las instituciones dedicadas a hacer ciencia. No son muchas y la actividad científica que realizan no es suficiente para cubrir todas las necesidades de un país que tiene el reto de desarrollarse de cara a la sociedad del conocimiento.

Por ello, en materia de ciencia, no es posible continuar aplicando una visión economicista que sólo ve al conocimiento dirigido a la tecnología. La experiencia de los países post-industriales deja muy claro que su impacto sobre el bienestar material y cultural se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad.

Debido a la oportunidad que tengo de interactuar en diversos tipos de agrupaciones, he encontrado que los investigadores tenemos una serie de coincidencias sobre el contenido de la política de la ciencia. Expreso sintéticamente algunas de ellas.

Al Estado le toca hacer que la educación superior y la ciencia formen parte de un proyecto de nación. Fuera de dicho proyecto no se pueden dirigir correcta y adecuadamente. Por la vulnerabilidad, las características y condiciones de la actividad científica en México, le corresponde al Estado la responsabilidad de conducir el desarrollo de la ciencia y otorgar recursos suficientes para que las instituciones públicas en las que se lleva a cabo avancen y se consoliden. En el próximo sexenio no parece que haya otra opción viable para conseguir objetivos de más largo plazo.

Con instituciones educativas y científicas más fuertes, en mayor número y nexos más estrechos con la sociedad, habrá más posibilidades para articular los esfuerzos de distintos actores y agentes sociales en pro del desarrollo local y nacional. Asimismo, para establecer un sistema de distribución del conocimiento e intercambio de información indispensable para que la sociedad pueda beneficiarse de ellos. La educación y el conocimiento son bienes públicos.

Es preciso pasar a un modo de reproducción ampliada de científicos en el país. México, sí quiere alcanzar a otros países como el nuestro, tiene que ampliar su postgrado y producir anualmente un mayor número de doctores. Los investigadores nacionales estamos involucrados en esta tarea, para lo cual hay que revisar los instrumentos de evaluación. Somos nosotros los que tenemos el compromiso intelectual y político de formar a las generaciones de investigadores que vienen.

En este caso, el Sistema Nacional de Investigadores debe crecer en los próximos años conforme a la meta de llegar a 25 000 miembros, propuesta para este sexenio. Al SNI se le podrían hacer ajustes que mejoren su operación y garanticen su continuidad. El SNI ha sido un programa sin el cual no existiría la ciencia en el país. El Sistema a futuro es un fin para consolidarla.

Por su naturaleza estratégica, la educación superior y la ciencia requieren mantener una relación estrecha para el logro de los objetivos nacionales. Por ello, es necesario que se revise el marco jurídico para que se consiga una mejor coordinación entre ambas.

Un punto más es que los investigadores queremos trabajar en una organización en la que concurra la interdisciplina, en equipos, dentro de unidades académicas distintas a las tradicionales. Así lo demanda la realidad y los cuestionamientos que le hacemos.

En el próximo programa nacional de ciencia, las humanidades y las ciencias sociales no pueden quedar al margen por su destacado papel en un proyecto educativo de alcance nacional, en combatir a la pobreza, darle capital cultural a los mexicanos y construir la democracia.

Asimismo, no se puede pasar por alto que la comunidad científica ha madurado y tiene amplios vasos comunicantes. Su reclamo de una participación verdadera en la discusión, formulación e implantación en la política de la ciencia es crucial para que ésta tenga legitimidad y consiga sus propósitos. Un asunto tan delicado no puede quedar en manos de un pequeño grupo de expertos. El debate está abierto.