Las cifras son alarmantes. Una de cada cinco universitarias en Estados Unidos será víctima de un asalto sexual en su paso por la universidad. Más de la tercera parte de las violaciones ocurre dentro del campus universitario. Sin embargo, se reportan menos del cinco por ciento de los casos. Y sólo uno de cuatro violadores confirmados es expulsado de su universidad, según estudios realizados por activistas y por el gobierno.
Los números dan cuenta de la poca seriedad con la cual muchas universidades han tomado el tema de la violencia sexual. A menudo, culpan o ignoran a la víctima, mientras que la mayor parte de los casos quedan sin resolver. Según las víctimas—que también incluyen a estudiantes masculinos—las autoridades universitarias buscan evitar que los casos lleguen a la policía, por la mala publicidad que esto pueda generar.
¿Suena familiar? Como la Iglesia Católica, las universidades estadounidenses han preferido lavar sus trapos sucios en casa. Pero ya no lo podrán hacer. En los últimos meses, tanto el gobierno federal como los estatales han adoptado medidas para presionar a las universidades a combatir los ataques sexuales o enfrentar sanciones económicas y legales.
Las medidas han desatado un debate nacional sobre cómo prevenir la violencia. Los activistas insisten en que las instituciones son las principales responsables de proteger a sus estudiantes y asegurar que los violadores no salgan impunes. Otros, incluyendo a columnistas conservadores, culpan a la cultura de libertinaje sexual y abuso de alcohol que predomina en muchas universidades, la cual, alegan, hace más vulnerables a las mujeres.
El problema de la violencia sexual en las universidades del país no es nada nuevo. Pero quizás por primera vez, es un tema central en las políticas de educación superior a nivel nacional.
En enero, el presidente Obama creó el White House Task Force to Protect Students from Sexual Assault (Grupo de Trabajo para Proteger a Estudiantes de los Asaltos Sexuales). Cuatro meses después, el Departamento de Educación federal tomó la decisión inédita de hacer públicos los nombres de las instituciones que están siendo investigadas por presunta negligencia en el manejo de estos casos. Actualmente, hay más de 70 instituciones en la lista, incluyendo a las de mayor prestigio, como Harvard, Princeton, Yale y Berkeley.
“La violencia sexual es más que un crimen contra individuos. Amenaza a nuestras familias, amenaza a nuestras comunidades; en última instancia, amenaza al país entero,” dijo Obama al anunciar la iniciativa el 22 de enero. A su vez, prometió combatir el problema con toda la fuerza de la ley: “Tenemos la capacidad de frenar los ataques sexuales, apoyar a los sobrevivientes, y llevar a la justicia a los culpables”.
También hay esfuerzos a nivel estatal. Estas incluyen una controvertida propuesta de ley en California, que busca cambiar la definición legal del consentimiento sexual. Durante décadas, el lema de los activistas en contra de las violaciones sexuales ha sido “no quiere decir que no”. Ahora, el mensaje cambiaría a “sí quiere decir que sí”.
La propuesta, que fue aprobada por el Senado de California en mayo y ahora pasa a la Asamblea Legislativa del estado, obligaría a todas las instituciones que reciben fondos estatales a establecer un estándar de “consentimiento afirmativo”, para ser utilizado en casos de ataques sexuales. Cualquier acto sexual que no haya sido autorizado por ambas partes sería considerado no consensual o forzado. Otros estados, incluyendo Maryland, Texas y Connecticut, también han introducido en los últimos meses propuestas de leyes para presionar a sus universidades a tomar más en serio los casos de violencia sexual.
Las nuevas iniciativas gubernamentales buscan dar respuesta a una nueva oleada de protestas por parte de activistas estudiantiles. Estos grupos ahora están aprovechando las redes sociales para atraer más atención a su causa. En los últimos dos años, se han formado varios grupos nacionales como la Student Coalition Against Rape (Coalición Estudiantil en Contra de las Violaciones, o SCAR, por sus siglas en inglés), que ha unido a miles de víctimas y activistas en todo el país. También se han organizado marchas en Washington D.C. y en otras ciudades para exigir medidas gubernamentales.
Han encontrado un aliado en Obama, quien tiene dos hijas adolescentes. Su nueva iniciativa tiene cuatro ejes: identificar la magnitud del problema en los campus; promover la prevención de los asaltos sexuales; ayudar a las instituciones a responder de forma eficaz en casos de violencia; y mejorar y hacer más transparentes los esfuerzos del gobierno federal para monitorear y combatir los delitos.
El abril, el grupo de trabajo federal publicó el reporte “Not Alone” (No Están Solos), que recauda información de miles de entrevistas con víctimas, activistas, expertos y funcionarios universitarios. Incluye recomendaciones para las instituciones, cuya falta de respuesta adecuada, dice, ha hecho que “muchos sobrevivientes se sientan aislados, avergonzados, o culpables”.
El gobierno también creó una página de Internet, NotAlone.gov, que proporciona información sobre casos de presunta violencia sexual en distintas universidades y da asesoría a las víctimas en materia legal. En abril, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación publicó en la página los nombres de las primeras 55 universidades que estaban siendo investigadas por presuntas violaciones al Título IX de la Ley Federal de Educación Superior. El Título IX, que data de 1972, establece sanciones para instituciones que no cumplen con la equidad de género o que fallan en prevenir la violencia sexual.
Sin embargo, el tema permaneció en los márgenes de la agenda federal hasta principios de esta década, cuando un escándalo de abuso sexual sacudió a la Universidad Estatal de Pensilvania. Jerry Sandusky, un técnico del equipo de futbol americano de la universidad, fue encontrado culpable en 2012 de haber abusado sexualmente de por lo menos ocho menores durante décadas. Además, el tribunal encontró que muchos de los superiores del entrenador tuvieron conocimiento de los abusos y no hicieron nada. Al final, el rector de la universidad, una de las más grandes del país, tuvo que renunciar y Sandusky fue sentenciado a entre 30 y 60 años de cárcel.
En 2011, en medio del escándalo en Pensilvania, el Departamento de Educación emitió una serie de directrices y políticas para las universidades en casos de violencia sexual. Dos años después, el Congreso aprobó la Campus Sexual Violence Elimination Act (SaVE, por sus siglas en inglés), que obliga a las universidades a implementar programas de prevención de delitos sexuales. La ley fue firmada por Obama el 7 de marzo de 2013, como parte de la Violence Against Women Reauthorization Act (Ley para la Prevención de Violencia en Contra de las Mujeres). Todas las universidades que reciben fondos federales —es decir, la vasta mayoría— tendrán que acatar la legislación antes del 1 de octubre de este año.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con el enfoque de las medidas gubernamentales. Críticos argumentan que más que buscar soluciones legales al problema, hace falta un cambio cultural. El columnista conservador Ross Douthat, de The New York Times, argumentó en junio que las universidades no deben servir como tribunales para juzgar las relaciones sexuales de sus estudiantes. Hizo dos recomendaciones: primero, que el gobierno federal debe reducir la edad legal de consumir alcohol de 21 a 18 años, para desmitificar el tema del alcohol—y, con ello, reducir los excesos. Segundo, que las universidades deben regresar a los dormitorios unisex, con horarios límites de visitas, para minimizar las posibilidades de encuentros sexuales.
Tales argumentos enfurecen a los activistas, quienes ven un intento por culpar a la víctima y de quitarles responsabilidad a los violadores. Además, señalan que la violencia sexual también es un problema en las instituciones de educación superior cristianas y del ejército, en donde los alumnos están sujetos a reglas estrictas en temas de convivencia entre hombres y mujeres.
Tal es el caso de la Universidad Bob Jones, una institución cristiana fundamentalista en Carolina del Sur, que ha estado inmerso en un escándalo por casos de abuso sexual en el campus. Eso, a pesar de que la institución impone un régimen híper-estricto a sus alumnos—no pueden ver películas ni televisión, o escuchar música popular, sin mencionar las prohibiciones en torno al sexo.
En una aparente muestra de apertura, la universidad contrató a la consultora cristiana Grace (el nombre es un acrónimo de Godly Response to Abuse in the Christian Environment), para investigar su respuesta institucional ante la situación. Pero en febrero, la universidad terminó su contrato con Grace, alegando que la consultora había excedido su encomienda. Ante críticas de ex alumnos y los medios, la universidad después reinició la investigación, según reportes de prensa.
Otra universidad que ha estado bajo la lupa es Patrick Henry College, una institución evangélica en el estado de Virginia. En 2012, varias alumnas reportaron que habían sido víctimas de violación. Pero lejos de recibir ayuda, la funcionaria encargada les dijo que habían provocado los ataques por su forma de actuar y de vestir, según un reportaje en la revista The New Republic, que después se volvió viral en Internet.
No obstante, en general los medios han centrado su atención en los casos en universidades de alto prestigio—hecho que indigna a algunos activistas. Estos también cuestionan el hecho de que la nueva campaña gubernamental en contra de la violencia sexual sea dirigida hacia las universidades, en vez de hacia la sociedad en su conjunto.
“Nadie debe tener que sufrir un ataque sexual, y punto,” la columnista Rachel Cohen escribió en abril en la revista The Week. Citó estudios señalando que las mujeres pobres tienen dos veces más probabilidades de sufrir violencia sexual que sus pares más acomodadas. “El problema de la violencia sexual no es sólo un problema de las universidades”, dijo. “Esto debe ser una prioridad, no solo para las estudiantes universitarias, sino para todas las mujeres”.
