El informe anual que al comenzar el mes de septiembre rinde el presidente de la República reporta, fundamentalmente, los avances conseguidos en la implantación del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Desde hace algunos años se ha desarrollado una estricta concordancia entre el instrumento de planeación nacional, los programas sectoriales de la administración pública federal, el proceso de seguimiento del PND, y el informe presidencial. Es por ello que la mayor parte del texto se concentra en presentar, dimensionar, comentar y explicar los resultados de las políticas federales en el proceso de implementación del plan nacional.
Como en el actual sexenio la formulación del PND fue precedida por la firma del Pacto por México (PPM), derivado de acuerdos entre los tres partidos con mayor representación en el Congreso, las referencias en el informe a los compromisos establecidos en el PPM son constantes. De tal manera que el documento presidencias tiene un doble marco de referencia aunque, debe advertirse, entre el PPM y el PND hay una solución de continuidad más que razonable: son más bien escasas, aunque las hay, las diferencias entre los compromisos del PPM y las metas presidenciales.
El capítulo educativo del segundo informe tiene un eje central: los avances de la puesta en marcha de la Reforma Educativa del sexenio. Tal y como fue planteado, el proceso reformista cubre una zona mínima de la estructura de la educación superior pública del país, aquella que se refiere a la educación superior normal. El resto del sistema, es decir la educación universitaria y la tecnológica en los niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado, tienen un escaso nivel de intersección con los propósitos y procedimientos de la reforma del régimen educativo.
Así pues, en materia de educación superior los temas que se reportan corresponden, en lo fundamental, a los aspectos de crecimiento de la matrícula (cuánto y cómo se está creciendo), así como al desarrollo de los programas federales sustentados en los fondos extraordinarios que complementan el subsidio público al sistema de educación superior. Hay, sin embargo, datos de interés que vale la pena comentar.
El informe de gobierno indica que en el ciclo escolar 2013-2014 la educación superior atendió a 3.4 millones de estudiantes en la modalidad escolarizada, cifra que suma los niveles de licenciatura y posgrado. Se añade el dato según el cual, considerando solo la matrícula de licenciatura escolarizada (3.2 millones de estudiantes), se alcanzó un nivel de cobertura de 29.4 por ciento. La tasa de cobertura respectiva sube hasta 33.1 por ciento al considerar también la matrícula de licenciatura no escolarizada.
En este rubro, la meta del PND y del programa sectorial de educación es lograr un 40 por ciento de cobertura al término del sexenio. Dicha meta, tal como está formulada, comprende la suma de la matrícula escolarizada y no escolarizada de nivel licenciatura. Es decir que hace falta, para lograr tal escenario, un incremento de 6.9 puntos de cobertura, lo que significa, en números redondos, cerca de setecientos mil estudiantes adicionales, o un promedio de crecimiento en torno a 175 mil nuevas plazas por año. Si se toma en cuenta que en el último ejercicio el incremento fue de solo 120 mil estudiantes, la meta comprometida parece difícil de alcanzar, a menos que ocurra cualquiera de dos cosas: el ritmo de crecimiento de la matrícula pública se acelera considerablemente, o bien la meta se corrige con las cifras que del Conteo de Población 2015. Lo último ocurrió con los datos de los conteos de 1995 y 2005: las cifras de población descendieron, la cobertura parecía mayor y se cantó victoria anticipadamente ¿se acuerdan?
En el informe se reitera que la política de expansión basada en la creación de nuevas instituciones da prioridad a la modalidad tecnológica y a la educación a distancia. Así consta en el texto: “En la educación superior se busca alcanzar una mayor cobertura, pero con pertinencia, con carreras profesionales de corte tecnológico vinculadas al sector productivo, así como nuevas opciones y modalidades de educación abierta y a distancia que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación” (pág. 211). Lo que no se menciona, pues tampoco está definido en el programa sectorial, es hasta qué límite se prevé desarrollar la matrícula superior tecnológica y la matrícula a distancia. Sería del mayor interés conocer cuáles son los planes gubernamentales al respecto.
Las doce nuevas instituciones creadas en 2013-2014 dan una clara idea de la política respectiva: cinco nuevas Universidades Tecnológicas (Zinacantepec en el Estado de México; Minera de Zimapán en Hidalgo; Saltillo en Coahuila, Tierra Caliente y Mar del estado de Guerrero) y siete Universidades Politécnicas (en Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Atlautla y Otzolotepec en el Estado de México; de La Laguna en Coahuila, y García en Nuevo León).” Además, señala el informe, “estas instituciones aún operan en instalaciones alternas.”
