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El conflicto del IPN (segunda parte): La mesa de diálogo y los acuerdos
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm. 605 [2015-04-30]
 

El 9 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el texto de los acuerdos que, al cabo de la ronda de mesas de diálogo entre los representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) y los del gobierno federal (SEP, Segob y SHCP), se lograron concretar mediante una formulación satisfactoria para ambas partes. Las negociaciones consumieron prácticamente un mes del conflicto: del 4 de noviembre al 5 de diciembre de 2014.

Para establecer la agenda y dinámica de los diálogos se tomó como principal documento de referencia el entregado por la AGP a las autoridades el 20 de octubre de 2014, también conocido como tercer pliego petitorio del movimiento estudiantil politécnico. Tras haber convenido el formato general del diálogo público, los estudiantes se prepararon para aprovechar, de la mejor forma posible, las oportunidades que abría el encuentro con los funcionarios federales. Hubo, de parte de los estudiantes, un proceso cuidadoso de selección de voceros basado, fundamentalmente, en las capacidades para debatir que demostraron en ejercicios enfocados a tal propósito. Además, la AGP se apoyó en varios asesores expertos en temas de política y normatividad, lo que tendría impronta en la expresión formal de los acuerdos conseguidos.

La publicación en el diario oficial del acta notarial que consigna el resultado de la negociación es un hecho inédito en la historia del movimiento estudiantil del país, como también lo es que en éstos se hayan establecido compromisos para que el director del IPN concrete vías hacia su implementación. Veamos, en síntesis, en qué consisten los acuerdos.

Conviene hacer notar que cada uno de los ocho acuerdos establece un enunciado general, denominado “tema”, que fija el enunciado en que los funcionarios y los estudiantes convinieron frasear los puntos clave del último pliego de peticiones. Para cada uno de los ocho temas se enumeran los compromisos específicos pactados, de modo tal que el documento final, que además de ser publicado en el DOF se difundió en la Gaceta Politécnica y en varios medios de la prensa nacional, contiene decenas de acuerdos específicos. No obstante, vale la pena repasar los ocho temas generales.

El primero de ellos exige garantizar que no habrá represalias a los participantes en el movimiento. En el desglose de acuerdos, aparte de conminar a las autoridades a respetar este acuerdo, se conviene la creación de la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos. El segundo tema establece “la desincorporación de las unidades de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional al Sistema Nacional de Bachillerato y a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, en lo presente y en lo posterior.” El tercero indica la obligación que asumirán las autoridades del IPN y el ejecutivo federal de “reconocer el carácter resolutivo y refundacional del Congreso Nacional Politécnico”, además se fija un plazo de ochenta días hábiles para conformar la comisión organizadora respectiva.

En el cuarto tema se demanda la no injerencia del Tecnológico Nacional de México en los asuntos del IPN. En el quinto se establece el compromiso de que la función de vigilancia deberá recaer en un órgano interno dependiente del sector administrativo del Politécnico en lugar de la policía bancaria e industrial, como venía ocurriendo. El sexto tema compete a las remuneraciones de los ex directores del Politécnico. Además de reiterar la suspensión de la práctica de mantener el sueldo de los directores del IPN después de transcurrido el periodo de cargo, se establece el compromiso de transparentar sus ingresos actuales, así como de derivar hacia becas estudiantiles el monto de los recursos que se ahorren con la medida.

El séptimo tema se refiere a la existencia y operación de los grupos de porros del Politécnico. En el acuerdo respectivo se enuncia la obligación de que el gobierno federal evite las prácticas del porrismo, pero además se indica la denominación de varios grupos que posiblemente participen en estas prácticas y la exigencia de que sean investigados. Entre otros, el Frente de Organizaciones Politécnicas, A. C. (FOPAC), la Confederación Nacional Política de Egresados del IPN (CONAPPE), la Porra Oficial (HPO), el Grupo de Animación Politécnica (GAP), la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP), la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET) y la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), entre otros.

Por último, el octavo tema, o grupo de acuerdos hace referencia al financiamiento del sector de educación superior e investigación científica y tecnológica. Aunque el enunciado es preciso, la única obligación que acuerdan las autoridades es lograr “un incremento sustancial” en el gasto dedicado a esas funciones, y que las autoridades del Politécnico se comprometan a transparentar los ingresos y egresos de la institución.

Prácticamente todos los temas y acuerdos dependían, parcial o completamente, de la designación de un director. Por ello la SEP designó al terminar la quinta ronda de negociaciones (20 de noviembre de 2014) a Enrique Fernández Fassnacht como nuevo director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), luego de 51 días que esta institución careció de esa figura responsable de la dirección del instituto. El director entrante asumió los compromisos suscritos, se pronunció a favor de la realización del congreso y decidió la reanudación de actividades después del periodo vacacional de fin de año. Pero los ocho acuerdos no serían el fin de la negociación. Habría más: el reemplazo de directores que los grupos estudiantiles participantes consideraban indeseables.


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