La norma del Congreso establece que, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, las comisiones deberán integrarse durante el primer mes e instalarse en los siguientes 15 días. Así fue. Al final de septiembre los diputados quedaron asignados a distintas comisiones y en los días siguientes comenzaron a trabajar.

En cada inicio de legislatura, la titularidad de las comisiones casi siempre es motivo de tensas negociaciones, acuerdos e intercambios entre las fuerzas políticas. Presidir una comisión, aparte de algunos privilegios pecuniarios, implica encabezar la gestión de los asuntos turnados y también dirigir la elaboración de los dictámenes correspondientes.

Además, lo que ocurre con las iniciativas en las comisiones, casi siempre anticipan lo que también seguirá en el pleno, porque las comisiones siguen el principio de proporcionalidad que tiene la Cámara. Es decir, dependiendo del número diputados de cada fuerza política, se asignan las presidencias de comisión; mientras más diputados concentre un partido, presidirá un mayor número de comisiones —las más codiciadas— y tendrá más votos en las mismas.

En la legislatura que inició funciones el mes anterior, tal parece que las negociaciones fueron tersas porque la distribución de comisiones no generó mayores inconformidades o al menos no trascendieron públicamente. También, la titularidad de comisiones conservó más o menos la misma distribución que la legislatura anterior.

Según las cifras de la misma cámara de diputados, el total de legisladores se distribuyó entre los ocho partidos de la siguiente forma: PRI 203; PAN 108; PRD; 60; Verde Ecologista 46; Morena 35; Movimiento Ciudadano 25; Nueva Alianza 11; y Encuentro Social 8. Además, un diputado se declaró sin partido (Jesús Manuel Clouthier) y otra más independiente (Ariadna Montiel que renunció a su militancia perredista). Aunque debieran ser 500, en realidad la legislatura inició con 498, quedaron pendientes dos casos.

En la ley orgánica del Congreso se reconocen 52 comisiones ordinarias, pero desde la legislatura anterior le añadieron cuatro comisiones más: Distrito Federal; Economía; Jurisdiccional; y Régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Los diputados pueden crear tantas comisiones (ordinarias y especiales) como se les ocurra y a menudo ha sido la forma de alinear a representantes de partidos políticos o compensarlos.

El PRI presidirá 23 comisiones, entre ellas las de Gobernación, Justicia y Presupuesto y cuenta pública. El PAN tendrá a su cargo 12 comisiones, en las que se incluyen la de Fortalecimiento del federalismo, Seguridad pública y Hacienda y crédito público. Por su parte el PRD encabezará siete comisiones: Distrito Federal; Educación pública y servicios educativos; y Puntos constitucionales.

El Partido Verde será titular en seis comisiones, entre ellas, nada menos, la de Asuntos frontera sur —sureste, Medio ambiente y recursos naturales, así como la de Radio y televisión. El partido Morena, fuerza política representada por primera vez en el Congreso, presidirá cuatro comisiones, entre ellas la de Seguridad social y Transparencia y anticorrupción. Por último, Movimiento Ciudadano tiene 3 comisiones, Encuentro Social una y Nueva Alianza otra.

Precisamente, la comisión que preside el Partido Nueva Alianza es la de ciencia y tecnología; también la presidió en la legislatura anterior. El titular será el profesor José Bernardo Quezada Salas, tendrá siete secretarios y otros 14 integrantes (Diario de los debates. Anexo. 29.09.2015). El profesor Quezada, hoy diputado, fue secretario general de la sección 60 del SNTE, la que agrupa a los trabajadores del IPN. Todavía hace más de un año estaba entregando el pliego petitorio a las autoridades del Poli.

La comisión de ciencia y tecnología quedó instalada el pasado 15 de octubre. En la reunión, el ahora presidente de la comisión, Bernardo Quezada, instó a todos los integrantes, como lo han hecho la mayoría de legisladores y funcionarios en la última década, “a formar un frente en pro del sector, para que en esta Legislatura se logre destinar el uno por ciento del PIB a esas actividades” (Boletín No. 0237).

Lo sorprendente es que el diputado Quezada anunció que se buscarán recursos por 90 mil millones de pesos para ciencia y tecnología para el ejercicio fiscal 2016. Tal vez no se ha enterado que el proyecto de paquete económico enviado por el gobierno federal, el que deberán dictaminar en breve, incluye una propuesta de gasto para el sector por 90 mil 923 millones de pesos. Claro, a no ser que la idea sea recortarlo.

Hace dos semanas nos interrogamos sobre la conveniencia de suministrar información especializada a los legisladores. En vista de los pendientes legislativos, quizás la idea debiera comenzar a tomar forma.