Unos 180 mil chilenos de los sectores más pobres asistirán de forma gratuita a la universidad en este año, en la primera fase de la reforma educativa promulgada por la presidenta Michelle Bachelet. La reforma, que aún no ha sido aprobada en su totalidad por el congreso chileno, incluye otras medidas que buscan hacer más igualitario y competitivo al sistema educativo del país. También introduce un sistema de Carrera Magisterial, que condiciona el sueldo de los profesores a su rendimiento en evaluaciones periódicas (¿suena familiar?). Sin embargo, la meta central de la reforma es lograr que todo chileno que quiera pueda estudiar gratis para el año 2020.

Como primer paso, la llamada Ley Corta de Gratuidad fue aprobada por el congreso chileno por casi unanimidad el pasado 23 de diciembre. Tomará efecto en marzo, cuando inicia el nuevo semestre escolar. Los beneficiarios—que representan 27 por ciento de los 650 mil universitarios del país—provendrán del 50 por ciento más pobre—con ingresos familiares per cápita de menos de 220 dólares. Deben estar inscritos en una de las 25 universidades tradicionales, la mayoría de ellas públicas, y algunas otras que cuentan con la acreditación del gobierno (los institutos técnicos y algunas universidades privadas aún no entran en la ley).

“Como país dimos un paso importante en el camino de la gratuidad en la educación superior, un paso que hace tres años era impensable y parecía imposible de realizar: este año 2016 miles de jóvenes podrán estudiar gratis", dijo Bachelet, después de la aprobación de la nueva ley. Prometió seguir “avanzando hacia una educación de calidad, democrática y gratuita”.

La reforma educativa busca acabar con uno de los legados más polémicos y duraderos de la dictadura militar: el altísimo costo de las colegiaturas universitarias. Actualmente, Chile es el cuarto país del mundo con las colegiaturas más caras, proporcional al ingreso familiar, después de Hungría, Romania y Estonia, según un estudio del World Economic Forum (otros estudios colocan a Chile en primer lugar). En promedio, el costo de la universidad chilena representa 73 por ciento del sueldo de los padres de familia, comparado con el 53 por ciento en Estados Unidos—el país que tiene las colegiaturas más altas del mundo—y 18 por ciento en Japón.

El sistema, en donde la mitad de los estudiantes dependen de créditos estudiantiles del gobierno federal, le ha permitido a Chile a triplicar la matrícula en educación superior en los últimos 20 años. Actualmente, el país cuenta con una de las tasas brutas de matrícula más altas de la región: 73 por ciento en 2013, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, el costo para las familias ha sido altísimo. No hay cifras oficiales sobre el tamaño de la deuda estudiantil, ya que existen muchos programas, tanto públicos como privados. Pero un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Chile en 2012 encontró que 80 por ciento de los más de 5,000 estudiantes que les entregaban datos debían más de 7 mil dólares y 50 por ciento debía más de 14 mil dólares. Eso en un país en donde el promedio de salario rodea los 650 dólares mensuales, según cifras de 2014 del Instituto Nacional de Estadísticas.

La reforma promulgada por Bachelet representa un giro de 180 grados en las políticas educativas del país. Estas nacieron ya hace 35 años bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1981, que aún está vigente, autorizó la creación de universidades privadas y de instituciones no universitarias (centros de formación técnica e institutos profesionales.) Además, la ley transfirió gran parte del costo de la universidad a las familias chilenas como parte del proyecto ultra-neoliberal del régimen militar.

Como resultado, a diferencia de la tradición dominante en América Latina, las universidades públicas en Chile cobran colegiaturas, que actualmente suman 75 por ciento de los presupuestos universitarios, mientras el estado contribuye solo 25 por ciento de los fondos. La proporción pública-privada es la inversa que la de la mayoría de los miembros de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (el OCDE), el club de los 34 países capitalistas más desarrollados del mundo. Este esquema persistió tras el fin de la dictadura militar en 1990 y dos décadas de gobiernos de izquierda en Chile, incluyendo el primer mandato de Bachelet entre 2006 y 2010. Aún en 2009, Chile registraba el gasto público en educación más bajo del mundo, equivalente al 0.5 por ciento del PIB, según cifras del OCDE.

Para 2011, sin embargo, el peso de la deuda estudiantil se había vuelto insostenible. En ese año, cientos de miles de estudiantes salieron a las calles a protestar en contra del proyecto conservador del presidente Sebastián Piñera y para exigir el retorno a la educación superior gratuita. Piñera respondió con una propuesta conciliadora: reducir las tasas de interés de los créditos de 6 por ciento a 2 por ciento anual, limitar el monto máximo de pago mensual hasta 10 por ciento del ingreso del deudor, y condonar la deuda después de 180 meses. Sin embargo, el movimiento estudiantil rechazó la oferta y las protestas siguieron hasta el final de su mandato. En 2013, Bachelet, del Partido Socialista Chilena, volvió a ganar la presidencia con un voto arrasador de 62 por ciento, en gran medida por su promesa de cumplir con las demandas de los estudiantes.

Camino empedrado

No obstante, el camino hacia la gratuidad no pinta fácil. En juego están visiones encontradas sobre quién debe cubrir el costo de la educación superior. Para proponentes de la reforma, la educación es un bien público y un derecho que debe ser cobrado por la población. Para los opositores, es un bien privado, lo cual, al otorgar beneficios privados, debe ser pagado por las familias.

Desde que tomó la presidencia en marzo de 2014, Bachelet ha recibido críticas de ambos lados del espectro político. Por la izquierda, el movimiento estudiantil le ha acusado de tardar demasiado en implementar la gratuidad. Además, ha enfrentado una fuerte oposición por parte de los maestros, quienes alegan que no fueron tomados en cuenta en la formulación de la reforma. Mientras tanto, la derecha le acusa de poner en peligro la estabilidad macroeconómica del país, al promover una reforma tributaria en 2014 que busca canalizar más de 8 mil millones de dólares al año a la reforma educativa y a programas sociales. Se estima que solo la gratuidad de la educación superior costará entre 800 millones y mil millones de dólares al año.

Tampoco hay consenso en torno a quiénes—y cuántos—se deben beneficiar de la educación superior gratuita.

En marzo, Bachelet anunció que el próximo año la mitad de los estudiantes universitarios asistirían a la universidad de forma gratuita. Originalmente, quedaban excluidas las instituciones con fines de lucro y las universidades privadas que no son miembros del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que incluye las 25 instituciones más tradicionales del país, además de las otras instituciones del estado. Bajo la ley chilena, no se permiten universidades con fines de lucro, pero sí Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, que juntos representan casi la mitad de la matrícula en educación superior en el país.

No obstante, un grupo de parlamentarios conservadores presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional, alegando que la propuesta del ejecutivo discriminaba en contra del sector privado. También, alegaban que era injusto excluir a cientos de miles de estudiantes pobres que asistían a las instituciones con fines de lucro. El 10 de diciembre, el tribunal falló a favor de los opositores de Bachelet, y la presidenta se vio obligada a modificar la propuesta original.

Tampoco le ha favorecido la recesión económica que enfrenta el país. Para poder expandir el porcentaje de estudiantes que accede a la educación superior gratuita, algunos han propuesto una especie de “impuesto” para los estudiantes más ricos, para ser cobrado como un porcentaje de su sueldo después de graduarse. Esa propuesta ha recibido el apoyo de los ex líderes estudiantiles Camila Vallejo y Giorgio Jackson, férreos defensores de la educación superior gratuita, que ahora son miembros del congreso federal.

Otro tema a resolver se trata del monto que pagará el gobierno a las universidades, y sobre todo a las privadas. Actualmente, las colegiaturas cuestan un promedio de unos 5 mil dólares, con las más caras cobrando por arriba de los 7 mil dólares (un ejemplo de ello es la carrera de arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile). Algunos rectores han expresado preocupación de que el gobierno no pague el costo real de las carreras, lo cual impactaría negativamente en sus proyectos educativos.

Por su parte, Bachelet insiste en que todos estos detalles quedarán resueltos en los próximos meses, a través de consultas con los sectores involucrados. Como mínimo, dice, busca otorgar educación superior gratuita al 50 por ciento más pobre de la población, y, de preferencia, al 70 por ciento más pobre, para finales de su gobierno en 2018.

“Hoy vemos la gratuidad como un derecho, vemos la gratuidad en la educación superior como un derecho,” dijo la presidenta, en una entrevista con estudiantes después de la aprobación de la Ley Corta de Gratuidad. “Lo que hace un tiempo atrás parecía un objetivo imposible, va a ser una realidad en el país”.