La universidad pública, por su autonomía, tiene la capacidad de autogobernarse. Por tanto, de hacer sus normas y tener vida política. Contar con un marco jurídico que fije las reglas para la elección a los cargos de autoridad y garantice la libertad plena para establecer planes y programas de estudio, investigación y difusión de la cultura.

Las universidades públicas del país son instituciones en las que la vida académica transita junto con la vida política en el campus. En estas instituciones hay un gobierno integrado por la rectoría, los cuerpos colegiados y las autoridades unipersonales que dirigen los establecimientos docentes y de investigación. Coexisten con agrupaciones, colegios y sindicatos de académicos, y con sindicatos de trabajadores encargados de los servicios. Se agregan las federaciones de estudiantes cuando se han organizado.

Los actores universitarios tienen relaciones de armonía y conflicto. Pero viven en un campo de lucha, de tensiones e intereses, por la obtención de posiciones de poder y dominación. De lucha por espacios académicos, por recursos para los proyectos, por prestigio, y por el predominio de visiones intelectuales y modos de hacer la ciencia.

La acción política universitaria, en ocasiones, se lleva a cabo mediante alianzas para ganar fuerza e imponer planteamientos y objetivos. En política, la lucha es de fuerzas para conseguir efectos pertinentes sobre el devenir y el quehacer de la rectoría. Los rectorados, por su parte, buscan establecer acuerdos, apoyos de grupo, y darle gobernabilidad a la institución. Ejercen sus funciones para lograr estabilidad institucional.

Además de los factores internos, el entramado político universitario se mueve por una enorme cantidad de procesos y elementos externos. En México, la presencia de la universidad en el escenario político de la sociedad, la relaciona, en primera instancia, con el gobierno federal y, en las entidades federativas, con el gobierno estatal.

Las relaciones universidad- gobierno son objeto de estudio. En algunos momentos han sido de convivencia, pero en otros de conflicto abierto. Recientemente, las relaciones con el gobierno han sido un factor interviniente en la confección del poder y la fisonomía de los rectorados. Por la vía de las políticas gubernamentales, financieras y de evaluación, la correlación de fuerzas interna ha fortalecido a los rectorados. Gestionan y manejan recursos e instrumentos de dirección que ayudan a resolver los conflictos a su favor. Cuando se traban, hay posibilidades de que el gobierno intervenga para resolverlos.

En los tiempos que corren es indispensable observar y analizar las cuestiones políticas en las universidades. Se han manifestado problemas, en varias de ellas, que vinculan lo interno con lo externo, en contextos políticos federales y locales que alteran la marcha institucional.

Las manifestaciones políticas en las universidades públicas estatales se han dado a raíz de la falta de financiamiento gubernamental. En este año, particularmente, la Universidad Veracruzana, unida en torno a su rectora, reclamó al Gobierno del Estado la entrega de más de 2000 millones de pesos, de los cuales 1625 son de subsidio Estatal. El Gobierno local, entrampado como está, ha procedido con falta de sensibilidad e incapacidad de diálogo, con una institución que tiene un enorme compromiso con su Estado y un altísimo reconocimiento académico en México.

Otro movimiento que exhibió sus particularidades fue el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El Rector fue un actor decisivo para movilizar a la comunidad, hacer un plantón en el Zócalo de Cuernavaca y demandar trece puntos, que de acuerdo con él no habían sido satisfechos por el gobierno estatal. Según los medios, esta demanda fue resuelta con la celeridad debida. Los manifestantes añadieron otras dos demandas: que el gobernador se someta a una consulta ciudadana para ver si sigue en el cargo y que el Congreso forme un Consejo Ciudadano encargado de hacer un plebiscito para decidir si el gobierno continua o no. ¿Juego político desde la Universidad contra el gobierno local?

Otras universidades estatales han estado movilizadas. La autónoma de Oaxaca, que es tal vez la institución académica que ha tenido mayor inestabilidad política en los últimos tres decenios, y la de Sonora por demandas salariales y laborales de los trabajadores sindicalizados. En Guerrero, la Universidad estatal reclama estar olvidada por el Gobierno Federal para atender el adeudo millonario que tiene por el reconocimiento de antigüedad de la plantilla laboral.

Algo pasa en el sistema educativo que no está bien. Y, este año no es uno más. Las estimaciones y las expectativas económicas para el país no son buenas, el tejido social esta deshilvanado, las elecciones de junio seguramente dejaran un mal sabor de boca, sumada al asunto de la evaluación magisterial y a la falta de lugares en el nivel superior. En este marco, tenemos la obligación de dialogar y cuidar nuestras universidades, porque son extraordinariamente valiosas para impulsar la salida de la crisis.