El año próximo no solamente habrá una disminución en el presupuesto para la actividad científica y tecnológica, también se eliminan los programas de inversión en el sector. La disminución no es generalizada, se localiza especialmente en algunos centros y líneas de acción. Pero, eso sí, dicen que no todo son malas noticias. Bueno, no para todos, porque se pondrá en marcha un nuevo programa de incentivos fiscales para incrementar la inversión de las empresas.

Probablemente, estimado lector, recordará que al final del pasado mes de mayo, en la entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que había instruido a los titulares de Conacyt, Hacienda y Economía para crear un programa de estímulos fiscales. Una iniciativa que contaría con la aquiescencia del Consejo Coordinador Empresarial.

Todavía eran los días de Luis Videgaray, el ahora ex secretario de Hacienda, así que desde esa fecha se comenzó a diseñar el programa de incentivos. El asunto no era tan sencillo como aparentaba. Seguramente, la prioridad debió ser, usted también lo debe recodar, evitar los errores que provocó la reactivación de incentivos fiscales en las gestiones de Vicente Fox y parcialmente en la de Felipe Calderón (2000-2008).

En ese entonces, las críticas más fuertes a la aplicación de incentivos fiscales fue una ausencia de resultados claros y una excesiva focalización en unas cuantas empresas, principalmente transnacionales y especialmente del sector automotriz. Felipe Calderón lo suspendió y, a partir del 2009, optó por otorgar incentivos directos a pequeñas y grandes empresas (Programa de Estímulos a la Investigación, les llamó), pero tampoco fue suficiente.

Recientemente, Luis Videgaray se marchó precisamente el día previo a la fecha límite para la entrega del paquete económico 2017, pero lo dejó listo. El paquete, como se sabe, son las normas que prevén y regulan los ingresos y egresos de la nación para cada ejercicio fiscal; el ejecutivo federal envía su propuesta al Congreso, a través de la Secretaría de Hacienda, y los legisladores la dictaminan. La documentación se compone por unos Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y otras disposiciones fiscales.

La propuesta de gasto para la actividad científica y tecnológica para el 2017 considera un total de 83 mil 381 millones de pesos. Este año contó con 88 mil 582 millones de pesos. Es decir, en términos nominales, sin considerar la inflación, tuvo una disminución de 5 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, de las 15 dependencias que realizan actividades científicas y tecnológicas la disminución se concentró principalmente en Conacyt, la cabeza del sector.

El organismo no tendrá programas de inversión en infraestructura y le restaron 7 mil 277 millones de pesos de su ramo de gasto (este año, en cifras redondas, tuvo 38 mil millones y se propone que para el próximo se reduzca a poco menos de 31 mil millones). De la cantidad descontada, casi 6 mil millones son del presupuesto que ejerce centralmente el propio Conacyt, así que seguramente habrá más retrasos en las convocatorias, menor presupuesto para fondos competitivos y eliminación de programas, como el de Cátedras Conacyt, entre otros ajustes.

La disminución restante (1 mil 300 millones) será aplicada en el presupuesto de los Centros Públicos de Investigación (CPI). Todos tendrán menos recursos para el año próximo, quizás como acicate para la búsqueda de recursos propios. Tal vez el caso del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” sea la reducción relativa más drástica: pasó de tener 301 millones este año a contar solamente con 178 millones el año próximo. Una disminución de más del 40 por ciento.

Por su parte, la modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR), incluye un capítulo IX, denominado “Del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología”, en cuyo artículo 202, se establece que se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, el cual será equivalente al 30 por ciento de los gastos e inversión realizada.

También se especifica que el estímulo fiscal será otorgado por un comité interinstitucional, integrado por representantes de Conacyt, Economía, la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia —esa misma que hace una semana, en estas páginas, dijimos que parecía inexistente—, el Sat y Hacienda. Esta última lo presidirá y el primero fungirá como secretaría técnica.

La norma establece que el monto de incentivos fiscales a distribuir no será mayor a un mil quinientos millones de pesos ni podrá ser superior a 50 millones por contribuyente. Las cifras, como se puede notar, son relativamente modestas. Sin embargo, se supone que su mérito principal es que constituyen un detonante de la inversión privada en el sector. Ya lo veremos. Por lo pronto, parece que ya está aquí el tiempo de las restricciones presupuestales.