Los bombardeos de los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre Afganistán, iniciados el 7 de octubre, son un acontecimiento de alcance mundial que exige una definición por parte de todas las fuerzas políticas del país. Ese mismo día, los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, en lugar de pronunciarse sobre estos hechos, escenificaron la ceremonia de un acuerdo entre ellos mismos y que sólo a ellos concierne: el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.
Este acuerdo, firmado por el presidente Vicente Fox, PAN, PRI, PRD y otros cinco partidos menores, es una simple agenda de enunciados generales sin contenido ni definición precisos. Se limita a proponer, como dice el propio texto, un "conjunto de temas para ser considerados en la conformación de la agenda legislativa y en la definición de las acciones de gobierno". En otras palabras, es un documento declaratorio, cuyo contenido no compromete a nada a ninguno de los firmantes.
La importancia del documento está en otra parte. Es el pacto simbólico de recomposición de la clase política en torno a la única política nacional existente en este momento, la que encabeza el gobierno de Vicente Fox. En el caso de la dirección nacional del PRD, la subordinación a esa política es el único significado y objetivo real de este documento. Esa dirección abandona así, si es que acaso la tuvo, cualquier veleidad de constituir una oposición republicana en la sociedad y en las instituciones, para convertirse en cambio en una "leal oposición de Su Majestad".
Hay dos puntos precisos donde se hace evidente la naturaleza subordinada de esta posición.
En política interna, el PRD y el documento firmado no dicen una sola palabra sobre la paz en Chiapas, la contrarreforma indígena en el Congreso o el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Lo ocurrido con la ley indígena es una prueba entre tantas del doble lenguaje del presidente Fox y de lo que valen sus palabras, sus compromisos y los de su partido. La firma por la dirección del PRD de este acuerdo nacional, sin hacer ninguna reserva al respecto, confirma que el voto en el Senado por la ley Barttlet-Cevallos-Ortega no fue un "error táctico", sino una opción estratégica de estos dirigentes sobre la política y las alianzas del PRD. Aquí la están repitiendo, distanciándose del todo de la lucha de los pueblos indígenas y del hostigamiento permanente que sufren pueblos y comunidades en Chiapas.
En política internacional, el gobierno de Vicente Fox ha dado un viraje histórico. Ha roto con la política internacional mexicana de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de los conflictos a través de la ONU y el 7 de octubre -el mismo día en que se firmaba el acuerdo nacional- dio su apoyo y su solidaridad a los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
El terrorismo talibán es tan atroz como el bombardeo de civiles indefensos. El terror de Bin Laden, personaje creado y entrenado por la CIA, es hoy opacado por los bombardeos de sus creadores contra un país pobre e indefenso.
El gobierno de Vicente Fox ha puesto a México a la cola de la política de agresión y guerra del gobierno de George Bush. La dirección del PRD ha puesto a su partido a la cola de Fox y de Bush y no ha tenido una palabra de condena contra los bombardeos, frente a los cuales se levantan voces de protesta y repudio en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. De este modo, la firma del acuerdo político Fox-PAN-PRI-PRD tuvo como adecuada música de fondo el estruendo de las bombas sobre el territorio de Afganistán.
Esa firma en estos momentos significa la ruptura de la dirección nacional del PRD con los principios y las ideas sobre los cuales fue fundado el PRD en 1989, expresados ya en el llamamiento para su fundación suscrito en 1988.
La dirección nacional del PRD actúa como propietaria de este partido, de su historia y de sus luchas. Confiamos en que otras voces se alzarán para criticar esta política sin principios, sin autonomía y sin futuro.
