Al final del mes pasado, el Congreso de la Unión concluyó el periodo ordinario de sesiones y comenzó el receso que se prolongará hasta agosto. Lo sorprendente es que después de casi dos años, a pesar de lo prescrito por la Constitución, todavía no existe una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Seguramente usted recuerda que la reforma del artículo tercero constitucional de mayo 2019, al establecer un marco normativo distinto para la educación y para las actividades científicas y tecnológicas, también dispuso la elaboración nuevas leyes reglamentarias para ese efecto.

El artículo sexto transitorio de la reforma constitucional de 2019 estipuló: “El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”. Los legisladores no cumplieron el plazo con la ley de Educación Superior, pero quedó aprobada en marzo de este año y entró en vigor el día 20 del mes pasado.

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI). A la fecha, solamente está registrado un proyecto de ley del senador José Alberto Galarza Villaseñor del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, aunque la iniciativa sigue en comisiones, pendiente de dictamen (Gaceta LXIV/3SPO-102/115601. 08.04.2021).

De hecho, el gobierno federal no ha ingresado ninguna iniciativa en el Congreso; tampoco los legisladores de Morena, salvo el proyecto de la senadora Lilia Rivera Rivera de febrero de 2019, pero que no respaldó su propia fracción parlamentaria y todavía ni siquiera había reforma constitucional.

El Congreso ha desplegado una intensa actividad legislativa. La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, hizo el recuento de la actividad del último año de ejercicio, destacando que se presentaron mil 694 iniciativas, mil 258 puntos de acuerdo y 279 dictámenes de ley o decretos aprobados (Versión estenográfica 30.04.2021).

En la vorágine legislativa, sin embargo, no hubo espacio para cumplir lo que señalaba la Constitución. ¿Es grave? El artículo transitorio tenía un carácter prescriptivo para el Congreso, aunque el incumplimiento no es la primera vez que ocurre, seguramente no será la última y no están previstas sanciones. No tiene consecuencias a la vista.

Quizás una de las mayores complicaciones es que la ausencia de la ley general ha dejado sin marco legal la modificación de normas y reglamentos del sector del último año. También explicaría las reiterados cambios, retractaciones y correcciones a estatutos, reglamentos y ordenamientos secundarios para el funcionamiento del sistema.

No obstante, permanece la pregunta clave de por qué dos años no han sido suficientes para acordar un proyecto de ley general o, aunque sea, las bases de un anteproyecto. Una parte de la respuesta corresponde a que, precisamente, se trata de una ley general, o sea, debe tener un amplio consenso y delimitar ámbitos de responsabilidad y competencia de diferentes órdenes de gobierno y de distintos sectores. No es una ley solamente del ámbito federal o de regulación de un organismo gubernamental.

A nadie escapa la relación eléctrica entre la autoridad del sector y diferentes actores, organizaciones y organismos del sector. El clima de crispación que se ha generado ha impedido la deliberación y aproximar posiciones para el diseño de una ley general. En este mismo Acelerador de Partículas hemos destacado algunos episodios. Una notable diferencia a lo que ocurrió en la Ley General de Educación Superior.

A lo largo de la semana pasada diversas instituciones académicas y organizaciones realizaron un amplio y extenso foro, denominado Jornadas de Reflexión, precisamente para discutir los rasgos deseables de un sistema de ciencia y tecnología y lo que es insoslayable para un eventual proyecto de ley general para el sector.

Formularon una serie de 15 puntos que son completamente atendibles y entendibles en una norma general. Por ejemplo, como primer punto destacaron la adopción de un federalismo para favorecer la distribución de competencias y coordinación del sistema. O bien, la garantía de una participación amplia de distintos sectores en la política de ciencia y tecnología; el establecimiento de prioridades nacionales considerando opiniones diversas; o el aseguramiento estable de financiamiento, entre otros puntos.

Los puntos podrían integrar la base de una agenda para acordar un proyecto de ley. Sin embargo, esta misma semana la autoridad organizó un foro distinto (“Hacia la Primera Ley General en Materia de HCTI en México”) para el mismo propósito, del cual seguramente saldrá una posición opuesta al expresado en las Jornadas. La crispación podría seguir.

En fin, el próximo periodo ordinario en el Congreso será en septiembre, no se advierte que el Congreso se disponga a sesionar de forma extraordinaria y si lo hace, seguramente no será para aprobar la ley general del ciencia. El receso podría aprovecharse para generar consensos mínimos para la nueva ley, en lugar de prolongar una confrontación estéril. Lo peor será tener una ley tardía, inaplicable y sin respaldo.

Pie de página: La semana pasada Conacyt informó sobre la renuncia de Mario de Leo Winkler a la dirección del SNI, sin especificar la fecha, dijo que fue por motivos de salud. En realidad, desde hace semanas se había especulado sobre su salida del organismo.