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Sobre los rankings nacionales
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 158, pp.6 [2005-12-15]
 

Los diarios nacionales publicaron la noticia de que durante la última reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada el pasado 5 de diciembre en Valle de Bravo, el subsecretario de Educación Superior, anunció el establecimiento de un ranking de universidades públicas. De acuerdo con la información anterior, el objetivo principal es fortalecer una nueva fórmula para la asignación de recursos públicos, sobre la base del desempeño institucional de los establecimientos públicos universitarios. Se agrega, además, que la clasificación de las instituciones de enseñanza superior apoyará los programas de fortalecimiento académico y la consolidación de la planta docente. También se señala que el ranking se elaborará a partir de la fórmula que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) y las autoridades educativas, han diseñado para establecer mecanismos equitativos en la distribución del financiamiento destinado a las universidades públicas del país.

El énfasis estará enfocado al desarrollo institucional de cada universidad, con la finalidad de garantizar su calidad y pertinencia. Entre los criterios a evaluar se han mencionado los siguientes: calidad de la planta académica y nivel de formación de sus profesores-investigadores; resultados obtenidos en la certificación de sus programas curriculares mediante el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación; el porcentaje de alumnos inscritos en programas de excelencia académica, y los resultados que se logren con la aplicación con un examen general de egreso de la licenciatura.

A reserva de conocer con más detalle las formas con que se pondrá en marcha la propuesta en cuestión, resulta plausible que su propósito fundamental sea la distribución equitativa y transparente de los recursos financieros a los establecimientos públicos universitarios. Ello cobra singular importancia, sobre todo ahora que el proceso de asignación presupuestal ha dejado insatisfechas las expectativas y necesidades de muchas universidades públicas que continúan en la incertidumbre y la zozobra económicas.

En declaraciones a La Jornada (7/12/05, p. 46), el director del Instituto Politécnico Nacional, apuntaba las dificultades decrear un ranking de universidades públicas, aunque reconocía la posibilidad real de saber cuáles son la instituciones con mayores números de programas académicos de calidad "y, a partir de esta información determinar cuáles son los alcances que se han generado en la institución, sin olvidar factores como crecimiento de la matrícula, egreso y consolidación de los cuerpos académicos".

Al escribir estos comentarios, volví a revisar la nota publicada en CampusMILENIO por Philip Altbach (24/11/05, p. 3), donde. señalaba .los dilemas de los multicitados rankings. Decía que cuando se hacen bien, podrían ser herramientas muy valiosas para los consumidores, para quienes diseñan las políticas y para las propias instituciones académicas. También consideraba que en la actualidad, estas clasificaciones son inevitables, pues el público en general y quienes financian la educación superior quieren saber cuáles instituciones académicas son las mejores.

Sin embargo, también Altbach se cuestionaba cómo medir de modo adecuado el sistema académico de una nación, o en forma más particular, la calidad de una sola institución. Se interrogaba también acerca de la precisión de los parámetros de calidad utilizados para dicho fin, pues muchas veces lo que se terminaba haciendo era privilegiar a los privilegiados. Este era el caso cuando los parámetros correspondían a los aspectos de mayor fortaleza para las universidades más consolidadas y de mayor prestigio en investigación. Mencionaba que dos de las áreas muy poco exploradas hasta el momento eran los métodos para medir la calidad de la enseñanza, y los mecanismos para corroborar el impacto de la educación en los estudiantes.

Para Altbach, las universidades tienen diferentes misiones y metas, y los rankings no lo deberían pasar por alto. Para ser más justos y precisos, también tendrían que tomar en cuenta las formas en que los estudiantes perciben su experiencia académica. Esperemos que el ejercicio de transparencia que se pretende llevar a cabo con los rankings de universidades públicas a partir del próximo año, sirva realmente para dar a conocer la situación académica y financiera de estos establecimientos ante quienes se interesen en conocerla, y que, siguiendo de manera puntual el criterio de equidad, se reduzcan en el corto plazo las desigualdades y asimetrías.

Estas últimas, una vez detectadas, habrían de reducirse de manera efectiva. De ser así, el país estaría en posibilidades de contar con un sistema de educación superior público, más fortalecido, justo y con una mejor oferta de calidad para sus potenciales estudiantes.


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