México no podrá salir de un crecimiento mediocre, volverse competitivo y tener un rumbo correcto sin un proyecto nacional en el que se le otorgue una alta prioridad a la educación superior pública. El país requiere un pacto político para su conducción que brinde racionalidad a la toma de decisiones. Mediante acuerdos de última hora y presupuestos insatisfactorios es imposible organizar a las instituciones educativas, al menos con miras de mediano plazo.

Los recursos económicos aprobados por el Congreso para que operen las universidades públicas estatales el próximo año fueron producto de un juego político en el que las cifras se modificaron varias veces, de un día para otro. Como en años anteriores, e! proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuso un monto menor al del presupuesto irreductible estimado para el cierre de 2005.

De esta suerte, una vez más, la asignación de! incremento quedó en manos de los legisladores. En el intercambio de presiones terminaron por dar una cantidad total casi igual a la que se manejó durante e! año en curso.

En los ajustes al presupuesto pesaron más los intereses partidarios que las necesidades señaladas por las instituciones en la justificación de sus propuestas. No valieron las inconformidades manifestadas por la ANUlES, ni la presencia de un grupo de rectores en la Cámara, como tampoco hablar con los diputados representantes de los estados para que intervinieran en las negociaciones.

Quienes fueron a la Cámara a llevar la voz de las universidades tuvieron que agregar y desagregar cifras, según variaran los criterios de los diputados. En e! reparto final e! aumento total fue magro, insuficiente y condenatorio a seguir en la escasez. Hubo una discrecionalidad que favoreció a algunas instituciones.

Las universidades del Estado de México, Tabasco y Guerrero recibieron incrementos muy sustanciales sobre su presupuesto irreductible del 2006 con relación al de 2005, en un rango que va de 22 a 67 por ciento. Otras tuvieron saldos negativos.

La Universidad Autónoma de Yucatán tuvo una diferencia relativa (5.1) en favor por abajo del porcentaje del incremento total (5.9), la de Colima no llegó ni al dos por ciento y la de Sonora prácticamente se quedó igual. Estas tres instituciones han recibido reconocimientos por sus avances académicos. Forman parte del Consorcio de Universidades Mexicanas, aquellas que satisfacen los indicadores oficiales de calidad. Ahora son ejemplo de que trabajar bien no es suficiente para recibir una recompensa acorde al desempeño.

Para definir el Presupuesto de Egresos de la Federación en este nivel educativo no contó el costo por alumno, las condiciones de trabajo de los académicos, tener certificados los programas docentes, posgrados de excelencia, un buen número relativo de doctores o investigadores nacionales, avances en la consolidación de grupos académicos, como tampoco el rezago financiero provocado por las políticas de distribución seguidas anteriormente. Lo que sí tuvo en cuenta la actual distribución, para favorecer a unos más que a otros, es que en el próximo año habrá elecciones.

Por otra parte, en la Fe de Erratas agregada al Presupuesto de Egresos, elaborada entre la noche del 14 de noviembre y la mañana del 15, aparecen reducciones a los montos dedicados a resolver el problema de las plantillas de personal de las instituciones de educación superior y a las pensiones. Se trata de dos rubros que impulsan a las instituciones a operar con números rojos.

Sería bueno conocer cuántas universidades públicas tienen problemas financieros para cerrar el año y cuántas iniciarán 2006 con estimaciones de saldos negativos entre sus ingresos y sus egresos previstos. Con la política que se sigue las ponen en una situación en la cual tendrán dificultades para operar y otras de carácter político que en ningún momento son deseables.

Es claro de lo hasta aquí señalado que, ante la insuficiencia de recursos federales, los rectores tendrán que recurrir a negociaciones con los gobernadores, los secretarios de Estado, las cámaras y las bancadas de los partidos en los congresos locales para conseguir Un subsidio estatal que auxilie a las universidades.

Las contribuciones de los gobiernos estatales a los presupuestos de las universidades son muy variables dependiendo de sus capacidades económicas, de su visión de la educación superior pública y del resultado de los cabildeos que lleven a cabo las autoridades universitarias. Hay gobiernos estatales que contribuyen con cerca de la mitad o más de los gastos de su universidad, lo cual es más bien la excepción.

En el resto de las universidades públicas estatales el subsidio depende en su mayor parte de la Federación, por lo que la asignación que otorgan los diputados les es crucial. A lo asignado hasta ahora, falta agregar al presupuesto de las universidades lo que se otorgue con motivo del aumento de los salarios el próximo año, siendo que el rubro de prestaciones personales puede absorber hasta más de 90 por ciento de los egresos.

Para que las universidades tengan recursos para sus tareas sustantivas deberán recurrir a solicitar fondos al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, al Programa de Mejoramiento del Profesorado, al Fondo de Asignaciones Múltiples y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. Deberán manejar con eficiencia el dinero de las cuotas, incrementar sus ingresos propios por vía de la venta de servicios, buscar mejores tasas para los rendimientos de sus inversiones y, por qué no, hacer uno que otro sorteo.

Requerirán recibir evaluaciones favorables por sus resultados académicos, obtenidos con pocos recursos, tener una administración ágil sin dinero suficiente para incrementar su competencia, eficiencia en el manejo de una red de relaciones para conseguir los recursos económicos, en la instrumentación de programas académicos y en el intercambio político en el interior de las instituciones.

Hoy, tener capacidad para gobernar una universidad pública, el ejercicio legítimo de la autoridad, se ha vuelto en extremo complejo y supone que el rectorado cuenta con habilidades y respalde políticos para negociar recursos financieros con múltiple agentes externos. También, renovar permanentemente sus lazos con la comunidad y que la universidad tenga una buena imagen en la sociedad.

Lo que no se puede es exigir sin dar. Demandar que le universidades tengan innovaciones, eleven su calidad académica, sirvan probadamente al desarrollo de su entorno social y tengan una gestión administrativa que apoye eficazmente a la academia y, al mismo tiempo, ofertar desde el gobierno federal una política económica restrictiva y una distribución de recursos que se decide en el Congreso sin tener en cuenta logros, necesidades y expectativas académicas reales de las instituciones.

Todos los países altamente desarrollados tienen un sistema de universidades fuerte en cuya consolidación influyó el gobierno federal. A nosotros nos tocó un sexenio en que no se ha querido actuar con la responsabilidad debida para apoyar financieramente a las universidades públicas, políticos que velan únicamente por sus intereses y deciden al margen de la ley.

La política educativa seguida no ha permitido que las universidades avancen lo que podrían y, en ese sentido, nos ha retrasado. Esperemos que los vientos futuros soplen en nuestro favor, porque las buenas universidades públicas además, irradian optimismo a la sociedad.