Hoy inicia la parte final de la actual administración: el último año de gestión. En realidad ya poco o nada podrá hacer. Sí, la estructura administrativa seguirá su ritmo lento y en ocasiones accidentado, los programas en marcha continuarán, los recursos se distribuirán y aplicarán según las previsiones, pero ya no cabe esperar nada espectacular o el anuncio de grandes ideas a llevarse a efecto. Ese tiempo ya pasó. Ahora, ante la inminencia de lo que está por concluir, la atención está puesta en lo que no se hizo, en los resultados que se obtendrán y en el tipo de propuestas que cabe discutir, sobre todo frente a la variada oferta electoral que está en ascenso.

En el terreno de la inversión en ciencia y tecnología, dado que ya fue aprobado el presupuesto para el año próximo y como vimos en estas mismas páginas la semana anterior, el gobierno federal no logrará lo que se había propuesto y quedará pendiente la tarea de alcanzar un mayor volumen de recursos. Los objetivos estratégicos del programa sectorial señalaban que el presupuesto nacional (inversión pública y privada) para ciencia y tecnología al término del sexenio deberían representar 1.5 por ciento respecto al PIB (en el 2001 representaban el 0.60). Igualmente, indicaba que la inversión nacional en investigación y desarrollo experimental (IDE) sería del uno por ciento respecto al PIB (en el 2001 era de 0.40). En el mejor de los casos ambos indicadores solamente alcanzarán la mitad de lo propuesto.

Ya hemos insistido en diferentes ocasiones sobre la discrepancia que se aprecia entre la Ley General de Educación (artículo 25) y la Ley de Ciencia y Tecnología (artículo 9 bis), en lo que concierne al uno por ciento del PIB que debería alcanzar el gasto en el rubro científico. La primera claramente indica que se trata de gasto estatal (solamente público) y la segunda también de forma inequívoca señala que se refiere a gasto nacional (público y privado). En cualquiera de los dos casos no se alcanzará la meta de inversión, pero sí estaría más cercana de lograrlo si se admite como válido el indicador de gasto nacional que prescribe la normatividad científica.

Dos factores resaltan en este asunto. Los legisladores son quienes elaboran los ordenamientos legales, es su trabajo y actividad sustantiva, en ese sentido resulta cuestionable su actuación y su responsabilidad en la incompatibilidad que se aprecia en las leyes de referencia. Es, por esa razón, un pendiente que debe adjudicarse a los legisladores. El otro factor que conviene mencionar es el volumen de inversión nacional en ciencia y tecnología. La forma de cálculo es con base en una encuesta y el dato más reciente es del 2001, fecha en la que se indicaba que la participación de la inversión privada alcanzaba una participación relativa del 35 por ciento en la inversión total, y tanto la inversión pública como privada representaban para ese mismo año el 0.72 por ciento respecto al PIB (Conacyt 2003). Es de suponer que actualmente la proporción se ha elevado, sobre todo por el apoyo de los crecientes incentivos fiscales y por el manejo de los fondos para proyectos, por tal razón es posible que la proporción esté cercana al uno por ciento y apegada a la ley de ciencia. Desafortunadamente, solamente caben las suposiciones, dado que no existe un dato oficial más reciente. Ni en las cifras que publica Conacyt (antes indicadores y ahora informes generales) ni en las del más reciente informe de gobierno aparece el dato.

Otro aspecto sobre el que también cabe llamar la atención es el de las capacidades en recursos humanos e infraestructura que se propuso para el fin del sexenio. El programa sectorial se propuso triplicar el acervo de recursos humanos con posgrado (pasar de 25 mil a 80 mil), el de investigadores nacional (de 8 mil a 25 mil) y el de nuevas becas por año (de 6 mil a 22 mil 400), y duplicar tanto el número de becarios Conacyt por año (de 12 mil 600 a 32 mil 500) como el de doctores por año (de un mil 100 a 2 mil 300).

A diferencia del presupuesto, las cifras sobre el logro en materia de acervo de recursos humanos todavía no son precisas. Sin embargo, por las tendencias de los cinco años anteriores, difícilmente se podrán alcanzar en el año próximo. Las estimaciones del mismo informe de gobierno señalan que en este año el total de recursos humanos con posgrado es de 37 mil 665 personas, imposible que se añada una cantidad igual para el año próximo, lo mismo que los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que para este año sumarán 11 mil 500 y de ninguna manera se duplicarán en el transcurso del año próximo. Por último, las becarios que registra Conacyt para ese año son poco más de 17 mil (bastante lejos de los 32 mil que se proponían) y ni hablar de los doctores por año.

Se debe reconocer que el programa sectorial advirtió que esas metas -que desde su aparición pública se les calificó como muy ambiciosas-, estarían condicionadas al logro de metas macroeconómicas nacionales. Ni unas ni otras, pero tampoco es justificación. El primero de diciembre del 2000, en la presentación pública del ahora diezmado gabinete, la cartera de Conacyt no tenía titular. Fue de los últimos nombramientos (en enero del 2001) y, como vimos hace un par de meses, tampoco logró concluir el periodo.

Los pendientes son múltiples y muy variados, pero en el año que queda será prácticamente imposible que se registre un avance sustantivo. No solamente se trata de la escasez de tiempo y la cantidad de presupuesto aprobado, también están las dos prioridades que el nuevo titular de Conacyt indicó al tomar posesión: mejorar la comunicación con las instituciones y apoyar la incorporación de jóvenes investigadores al aparato productivo y académico. Ya no es necesario insistir demasiado en esto. Sin embargo, lo que sí importa averiguar es cuáles son los asuntos fundamentales que conviene discutir y acordar frente a lo que no se hizo y ante la efervescencia electoral que ya se vive.