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Un año
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 251 [2007-11-29]
 

La actual administración cumplirá esta semana su primer año de gestión. Tal vez es poco tiempo para decir qué ha realizado y qué no; muy pronto para calificar su desempeño o intentar un balance. Sin embargo, habrá que notar que todavía ni siquiera conocemos sus programas sectoriales, para saber qué se propone específicamente el actual gobierno, cuáles son las acciones que piensa poner en marcha y cómo piensa lograrlas.

La ley obliga al gobierno federal a presentar su Plan Nacional de Desarrollo a los seis meses de que está en el cargo. Así lo hizo. En mayo pasado nos anunció los cinco ejes que integran su plan y los correspondientes objetivos estratégicos, mismos que después tienen que reflejarse en los programas sectoriales.

La normatividad nada dice de los plazos que tiene el gobierno federal para dar a conocer los programas sectoriales; únicamente señala que es responsabilidad de las dependencias de la administración pública. Es decir, quedan a cargo las secretarías de Estado u organismos como Conacyt. Además, tal responsabilidad, dice la ley correspondiente, incluye asegurar que los programas sectoriales guarden congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y tomar en cuenta las propuestas de los gobiernos de los estados y las opiniones de los diferentes grupos sociales (Ley de Planeación, artículo 16). Por esa razón cada seis años se organizan los famosos foros de consulta.

En cada sexenio, desde que se adoptó el sistema nacional de planeación democrática, las fechas de aparición de los programas han sido diferentes. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, el programa sectorial de ciencia y tecnología fue presentado 14 meses después de iniciado el sexenio. Ernesto Zedillo ocupó más tiempo todavía: 16 meses; Vicente Fox antes de cumplir el año de su gestión ya había presentado el Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Por lo pronto, la actual administración ya se tomó más de un año.

Pero el tiempo que se toma la administración pública para la elaboración de sus programas —y los programas mismos— tiene importancia limitada: solamente porque parece estar correlacionado con un sentido de urgencia y oportunidad que le desea imprimir a su actuación ante los ciudadanos. Más relevante resulta, incluso sin programa de por medio, las primeras acciones que ha llevado a efecto.

En el área de la ciencia y la tecnología los resultados hasta ahora son limitados y prácticamente cimentados en la continuidad de las líneas de acción que ya estaban en marcha desde la administración anterior.

Es el caso de los múltiples programas que estaban y siguen estando en funciones, como el de becas, el Sistema Nacional de Investigadores, el apoyo a proyectos de investigación, etcétera. Pero también, por ejemplo, en la continuidad de los fondos competitivos, previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, y que constituyen uno de los instrumentos más eficaces de orientación a la demanda y de conducción del sistema científico y tecnológico. Al comienzo de este año, por cierto, Conacyt creó el fondo mixto en coparticipación con el Distrito Federal; después el Ejecutivo federal anunció la creación del Fondo para la innovación tecnológica en el que participaría la Secretaría de Economía y Concayt, así que se trataba de un fondo sectorial.

En lo que concierne a aspectos relativamente novedosos sobresale la reactivación, en mayo pasado, de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. La Conferencia es un organismo previsto en la ley para fomentar la coordinación y el contacto entre Conacyt y las entidades federativas, pero que prácticamente quedó abandonada al poco tiempo de su instalación en 2002.

También es de resaltar el incremento de recursos para ciencia y tecnología aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año próximo. No solamente porque los diputados le añadieron un mil millones de pesos a la propuesta original, sino también porque desde el proyecto del Ejecutivo tenía un incremento considerable (seis mil millones de pesos más respecto del ejercicio fiscal previo).

En la parte de gestión propiamente, aunque apenas es el primer año, el equipo de directivos de Conacyt tuvo su primer ajuste. A raíz de la renuncia de José Antonio de la Peña, quien compitió por la Rectoría de la UNAM y se desempeñaba como director adjunto de desarrollo científico y académico, quedó como encargado del despacho Luis Mier y Terán, quien a su vez era director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Por cierto, Conacyt no ha informado públicamente como quedaron los nombramientos; nada raro.

Salvo por las líneas de continuidad, que de cierta forma anuncian una trayectoria previsible, es difícil averiguar cuál es la apuesta de esta administración. Al menos durante este primer año de ejercicio no la anunció y menos la mostró.


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