En las elecciones generales de 2000 la derecha española se consolidó al frente del gobierno: José María Aznar fue reelecto presidente para 2000-2004 y el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Tal condición facilitó el impulso de nuevas reformas económicas y sociales, entre ellas, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002. Esta última incluye varias modificaciones al esquema de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) instaurado en 1990.

La LOCE precisa, en primer lugar, que en los dos primeros años de secundaria debería culminar la formación básica, mientras los dos restantes tendrían una orientación propedéutica. Para tercero de secundaria se establecieron dos “itinerarios” vocacionales: el tecnológico y el científico-humanístico. Para el cuarto año se consideraron tres itinerarios: tecnológico, científico y humanístico. Una novedad de la ley son los Programas de Iniciación Profesional (PIP), presentados como alternativa a los itinerarios. Ambas fórmulas conducirían al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Los críticos de las reformas de 2002 objetaron principalmente dos aspectos. En primer lugar, la temprana inducción de destinos escolares o profesionales mediante la implantación de “carriles” para trayectos universitarios, tecnológicos o destinados al sector laboral. En segundo, la pérdida de identidad de la educación secundaria al reforzar su carácter propedéutico en desmedro de la formación académica de tipo general.

La vuelta de los socialistas al gobierno de España en 2004 reabrió la agenda social española en varios frentes de las políticas públicas. Desde su discurso de toma de posesión, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anticipó: “El empleo, la vivienda, la atención a las personas dependientes, la educación, el poder adquisitivo de salarios y pensiones, no serán sólo competencias de uno u otro ministerio; serán preocupaciones del conjunto del gobierno y constituirán materia preferente de la atención política de su presidente”.

En 2006 se aprobó una nueva reforma educativa a través de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. La LOE se propone asimilar las más recientes orientaciones de política educativa de la UNESCO (educación de calidad para todos, fomento a la interculturalidad, educación para la ciudadanía y los derechos humanos), así como a los imperativos de mejora de calidad sugeridos por la OCDE.

En la nueva disposición la noción de “flexibilidad” es el eje de las propuestas de cambio para la educación media y se sugiere como solución a los problemas de segmentación cuestionados. En el plano curricular se introduce los siguientes cambios: se incorporan objetivos y contenidos en las áreas de ciudadanía y derechos humanos; se añade la formación artística como elemento básico de la cultura y se incorpora un enfoque de equidad de género (LOE, art. 22). Se cancela como tal la organización por itinerarios y, en su lugar, se retoma el modelo LOGSE de tres años con materias comunes y un cuarto con perspectiva vocacional. Se faculta a los centros escolares para organizar los cursos de ciencias del tercer año, ya sea de modo integrado o bien en forma desglosada.

Para el cuarto año de ESO se conservan las materias comunes, aunque la anterior asignatura de ética se transforma en “educación para la ciudadanía” (LOE, art. 25). La orientación vocacional del cuarto año, con la opción de “flexibilidad”, se busca cumplir a través de materias optativas (LOE, art. 25). En vez de los Programas de Iniciación Profesional, la LOE establece los Programas de Cualificación Profesional Inicial, que recogen elementos de los anteriores Programas de Garantía Social (PGS) contemplados en la LOGSE, así como elementos de los PIP diseñados en la LOCE, en particular, la opción de cursar módulos de formación general y capacitación profesional como vía alternativa a la obtención del título de graduado en ESO (LOE, art. 30).

La nueva disposición deroga las anteriores LOGSE y LOCE, así como también la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG, 1998), aunque mantiene en vigencia la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985).

Perspectiva

A partir del curso 2007-2008 la LOE iniciará su proceso de implantación. Por lo pronto, los estudiantes que para ese ciclo se inscriban en la ESO cursarán la materia de educación en derechos humanos contemplada en la reforma. También se prevé que, a corto plazo, los institutos y centros del bachillerato adopten las transformaciones curriculares definidas, previa revisión por los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas, así como por la decisión, en los aspectos que competen, de los Centros Escolares.

Entre los retos identificados para una adecuada implementación de la reforma están los de concretar en contenidos de enseñanza-aprendizaje el enfoque de competencias que se busca impulsar; desarrollar medios y procedimientos de evaluación congruentes con la orientación de la reforma; impulsar y concretar los objetivos de interculturalidad enunciados; mejorar la habilitación docente en las nuevas propuestas y contenidos de la reforma;,así como instrumentar procesos y ámbitos de coordinación que equilibren las atribuciones del gobierno, las autonomías y los centros escolares.