En esta década, una buena parte de los esfuerzos de las políticas públicas en el terreno de la ciencia y la tecnología se han dirigido a tratar de alentar a las entidades federativas. No se trata de las primeras acciones en esta dirección, pero tal vez sí son las más sistemáticas y es posible que ahora comiencen a mostrarse los resultados.

En realidad, desde los años setenta, casi desde la fundación misma del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los diagnósticos coincidían en que las actividades en la materia estaban sumamente centralizadas regional e institucionalmente en el Distrito Federal y sugerían buscar alternativas a esta situación.

Poco a poco, a partir de los años setenta comenzaron a fundarse diferentes centros de investigación fuera de la Ciudad de México. El conjunto de instituciones fue integrando lo que al comienzo de los años noventa se conoció como los centros del sistema SEP–Conacyt, por ser las entidades de las que dependían financiera y normativamente; en ese entonces sumaban 29 centros. Los diferentes centros, aunados a los institutos dependientes de algunas secretarías de Estado y a los de algunas instituciones de educación superior, formaban la base del sistema de investigación.

Posteriormente, para el final de los años noventa, con la reforma de 1999 a la normatividad científica y tecnológica, el sistema SEP–Conacyt dejó de ser nombrado como tal y al conjunto de centros simplemente se les denominó “centros públicos de investigación”, aunque de todas formas continuaron formando una red. El cambio principal fue que debían ser reconocidos como tales por Conacyt, también por la dependencia coordinadora sectorial a la que pertenecieran (salud, educación, energía, etcétera) y por Hacienda para efectos presupuestales. Además, a partir de entonces deben regir sus relaciones con las dependencias públicas federales por medio de convenios de desempeño.

En la misma reforma normativa de 1999, como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, se propuso instaurar los fondos mixtos. Fondos que se integran con aportaciones de Conacyt y de los gobiernos estatales y municipales, y que buscan fomentar la investigación científica y tecnológica en los estados, y sobre todo descentralizarla. Sin embargo, los fondos comenzaron a funcionar en 2002 y hoy apenas se están evaluando.

Los centros, junto con las instituciones de educación superior en los estados, han sido los principales motores de impulso a la actividad científica y tecnológica en las entidades federativas. Sin embargo, en el año 2000, el DF seguía concentrando poco más de la mitad del total de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), aunque para esa fecha ya existían investigadores nacionales en todas las entidades. Tabasco, Nayarit, Campeche y Guerrero, con tres, siete, diez y 11 investigadores, respectivamente, eran las entidades con el número más bajo. Otras cuatro entidades (Tlaxcala, Durango, Guerrero, Quintana Roo) tenían entre 16 y 30 investigadores. Otro grupo (Aguascalientes, Colima, Chiapas, Hidalgo, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas) tenían entre 31 y 60. Después del DF, las entidades que tenían el mayor número eran: el Estado de México (435), Morelos (434), Puebla (327), Jalisco (292) y Baja California (230).

Al igual que con el número de investigadores, una proporción similar se conservaba respecto del número de proyectos. En el DF se realizaban 400 de los mil 8 proyectos de investigación; 42 por ciento del total. Las entidades que le seguían, aunque muy distantes, eran: Morelos (76), Estado de México (74), Puebla (53) Baja California (52), Guanajuato (41) y Jalisco (25).

Los datos para 2006 indicaban que la participación del DF en el SNI había disminuido 7 puntos porcentuales. Esto es, a diferencia del inicio de la década, ya concentraba menos de la mitad del total de investigadores. Igualmente, las entidades habían incrementado su participación en el número de proyectos.

Pero tal vez uno de los elementos más importantes es que la mayoría de las entidades federativas, a la par del aumento de actividades en la materia, han intentado establecer las normas y el sistema organizativo correspondiente. Antes de los años noventa, solamente Puebla, Querétaro y Tamaulipas contaban con un consejo estatal de ciencia y tecnología. Después, en 1991, se le sumaron Baja California y Zacatecas. A partir de 1996 se fueron instaurando de forma continua más consejos estatales. Los datos más recientes indican que solamente Chihuahua, Oaxaca Sonora y Tlaxcala, no cuentan con el organismo correspondiente.

La descentralización camina lentamente, es poco conocida la actuación de la mayoría de los consejos estatales de ciencia y tecnología y el tema de la distribución de los recursos financieros está a la espera de acuerdos. No obstante, como posteriormente lo veremos, las entidades federativas tienen ya un peso importante y lo será más en el futuro inmediato.