En México, hace casi cuatro décadas, en la época que parecía que todo el problema consistía en realizar un diagnóstico certero y planear meticulosamente la serie de acciones a llevar a cabo para solucionar cualquier dificultad que se presentara en la compleja tarea de conducir el desarrollo del país, se elaboraron voluminosos ejemplares de planes y programas sectoriales, para alcanzar la “autodeterminación” y el bienestar social. Las actividades científicas y tecnológicas también formaron parte de ese esfuerzo de planeación. No obstante, casi al mismo tiempo que quedaba concluida la primera tarea, laboriosa y global, de planeación, sobrevino la caída de los precios del petróleo, los altos niveles de inflación y los problemas con la deuda externa; el inicio de una profunda crisis que se extendería prácticamente a lo largo de los años ochenta.

En 1982, precisamente cuando comenzaba la crisis económica, era también el cambio de gobierno, concluía el sexenio de José López Portillo y comenzaba el de Miguel de la Madrid Hurtado. El mandatario saliente, ante el evidente incumplimiento y la fallida estrategia seguida, señalaba a la crisis económica como la principal causa. Por su parte, la administración que iniciaba funciones, acicateada por los efectos de la crisis económica, pero con una normatividad en marcha para la instauración de un sistema de planeación, volvió a realizar un diagnóstico de las actividades científicas y tecnológicas en las que otra vez quedaba de manifiesto su desvinculación con el entorno y un énfasis en la necesidad de impulsar un desarrollo tecnológico, lo mismo que la insuficiencia de recursos financieros, el escaso número de recursos humanos que se desempeñaban en actividades científicas y tecnológicas, y su alta concentración en el Distrito Federal y en el sector público. Otra vez, en consecuencia con su diagnóstico, la administración se planteó numerosos objetivos, estrategias y acciones. Pero, igual que la anterior, concluyó su periodo de gestión, registró algunos avances, y una vez más tampoco logró lo que se proponía.

Casi un cuarto de siglo después, en la primera administración gubernamental del siglo XXI y bajo un partido en el gobierno diferente del que había permanecido en las décadas previas, el diagnóstico del sector se volvió a formular, en buena medida coincidente con lo que se ha venido repitiendo en los diferentes periodos, como la escasa inversión que se realiza en el sector, el reducido número de recursos humanos dedicados a la actividad científica y tecnológica, la concentración regional e institucional de las capacidades y un bajo nivel de desarrollo tecnológico.

Aunque también enfatizó otros elementos, por ejemplo, la ausencia de un verdadero sistema nacional de ciencia y tecnología. En realidad, lo que intentaba principalmente era llamar la atención sobre el escaso control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para coordinar a las instituciones del sector y para centralizar los recursos federales que se destinaban a las actividades. En efecto, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas estaba sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y solamente operaba alrededor de un 13 por ciento del total del gasto federal canalizado a este rubro.

El siglo XXI

El principal planteamiento de la administración de Vicente Fox fue el de cambio, como una forma de diferenciarse de los regímenes anteriores en lo concerniente a sus formas y prácticas de hacer política. Al formular su Plan Nacional de Desarrollo, la administración de Vicente Fox indicó que no era un acto ritualista y expresión de buenos deseos como en el pasado, sino un diagnóstico realista y la presentación de alternativas concretas para resolver las necesidades sociales y poner al día al país. Además, propuso un Sistema Nacional de Indicadores para que se pudiera identificar lo que iba logrando a lo largo del periodo. No obstante, en el plan no apareció ni diagnóstico ni propuestas para el área de la ciencia y la tecnología.

Fue hasta la presentación del programa sectorial que aparecieron los tres grandes objetivos a cumplir, unos en el periodo y otros en un plazo de 25 años: 1) Contar con una política de Estado en ciencia y tecnología, entendiendo por tal una iniciativa transexenal, respaldada por la sociedad, por el ejecutivo federal y por el legislativo; 2) Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, donde se incluyeron cinco estrategias y las mayores metas cuantificables. Por ejemplo: incrementar el presupuesto nacional para ciencia y tecnología a 1.5 por ciento del PIB en 2006 o pasar de 23 a 40 por ciento de inversión privada en investigación y desarrollo experimental (IDE) en 2006, entre otros aspectos; 3) Elevar el nivel de competitividad y la innovación de las empresas, cuyas principales estrategias eran: incrementar la inversión del sector privado en IDE o promover la incorporación de personal de alto nivel científico y tecnológico en la empresa, cuya meta era pasar de una estimación de 5 mil personas en el 2001 a 32 mil para el año 2006.

El programa sectorial, por primera vez, y esta sí era una diferencia fundamental respecto de programas anteriores, planteó líneas de acción e indicadores precisos para cada objetivo estratégico. Lo notorio del caso es que la mayoría implicaba duplicar, triplicar o inclusive quintuplicar las cifras que tenían al comienzo y las que debían tener en 2006. Sobra decir que las metas no se alcanzaron y tampoco la mayor parte de indicadores. Los mayores logros estuvieron en el terreno de la normatividad: Conacyt se desectorizó de la SEP, se formuló una nueva ley para el área, se creó el ramo 38 de gasto y se instauraron los fondos competitivos orientados a la demanda, entre otros aspectos. No se puede decir que las cosas permanecieron de la misma forma, en esa administración, se registraron algunos avances, pero una efectiva planeación con prioridades claramente identificadas sigue a la espera de iniciativas.

El horizonte es todavía menos promisorio en la actual administración que concluirá su mandato en 2012. En su Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente sin mediar ningún diagnóstico ni consideración alguna, el componente científico y tecnológico apenas fue mencionado como parte de las estrategias para lograr el objetivo de “potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos". En particular, vuelve a reiterar la necesidad de: crear políticas de Estado a corto y mediano plazo para el sector; fomentar un mayor financiamiento para la ciencia básica y aplicada; evaluar la aplicación de los recursos públicos; descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; y la necesidad de una mayor inversión en infraestructura (p. 109).

Desafortunadamente, a punto de cumplir dos años de ejercicio esta administración y tras rendir su segundo informe de gobierno, solamente conocemos el marco de plan nacional, todavía no dice cuáles serán sus prioridades en el sector de ciencia y tecnología o qué nuevas iniciativas, si es que las hay, se propone poner en marcha. A la fecha sigue sin presentar su programa sectorial, ese documento que se supone desdobla en objetivos específicos, estrategias y acciones lo que dice el plan. Pero actualmente es inexistente.

En estos dos años, lo evidente es que ha continuado con las líneas de política de la administración anterior, lo cual no necesariamente es negativo, pero es inquietante que después de que ha transcurrido el primer tercio del periodo ni siquiera logre decir que repetirá el programa sectorial del sexenio pasado. Sobre todo porque el organismo rector de las políticas, Conacyt, parece no terminar de asentarse definitivamente, dado que esta en un ajuste continuo de su estructura directiva.

En lo que concierne a las medidas que ha tomado, aparte de continuar con los programas ya existentes, la que parece más clara es la de reactivar la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, una instancia que presumiblemente facilitará la coordinación entre Conacyt y las autoridades competentes de las entidades federativas. Pero nada más. Actualmente, los principales interlocutores de Conacyt para la formulación de las políticas ya han asumido sus funciones, como la nueva mesa directiva de la Academia Mexicana de Ciencias, las comisiones legislativas correspondientes o la coordinación general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el que no parece estar listo es el propio organismo. Nada menos. El asunto es cuánto más debemos esperar otra vez.