Sorprende que en este segundo informe de gobierno, en el apartado sobre las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, se indique que “en 2008 concluyó la elaboración del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012, el cual incluye aportaciones de gran relevancia por parte de la comunidad científica y tecnológica del país, empresarios, centros de investigación, legisladores, instituciones de educación superior y, en general, de todos los involucrados en esta actividad” (p. 167).

Es una sorpresa porque si la elaboración del programa ya concluyó, no se entiende por qué hasta ahora no se conoce públicamente. En última instancia su ausencia no sería relevante, si no fuera porque ya transcurrió el primer tercio de ejercicio de esta administración y tal parece que las acciones en marcha no se rigen por estrategias precisas ni por la anticipación de prioridades.

Los únicos lineamientos del sector que hoy existen son los que se plantearon en el Nacional de Desarrollo (PND), pero se trata de principios y orientaciones generales que carecen de la definición de acciones y de metas precisas. Por ejemplo, en el PND se dijo que se establecerían políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo para el sector, también que habría mayor financiamiento para las actividades, una evaluación de la aplicación de los recursos públicos, impulso a la descentralización y mayor inversión en infraestructura.

Por el contrario, en el informe se reporta como la principal política pública en la materia, el apoyo a las entidades federativas para consolidar o instalar sus respectivos consejos estatales de ciencia y tecnología, así como el marco normativo para regular las actividades. A la fecha, según se dice en el informe, todas las entidades federativas cuentan con el organismo correspondiente, salvo Oaxaca, que está en proceso de instalarlo.

El avance en la instauración de los consejos estatales es un dato relevante, aunque más de las dos terceras partes ya estaban instalados antes de que iniciara funciones la actual administración, lo que no queda claro es si el fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas en las entidades federativas es la prioridad de este periodo o cuál será.

Más aún, en los anexos estadísticos del informe, en el caso de otras secretarías de Estado, como Energía, Salud, Turismo, etcétera, los indicadores están alineados con lo que señalan sus respectivos programas sectoriales. En lo que concierne al sector de ciencia y tecnología, solamente se mencionan como indicadores representativos.

Una de las primeras acciones sobre el sector que se mencionan destaca que, como parte de la integración de una agenda nacional de competitividad, la Secretaría de Economía y el Conacyt participaron en una nueva reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología. Es una iniciativa que busca incorporar un capítulo sobre innovación a la ley actual y que, al parecer, tiene el consenso del sector empresarial y las comisiones legislativas correspondientes. Según la información que se reporta, la iniciativa de ley se presentó el pasado 14 de mayo ante la Comisión Permanente del Congreso y se supone que en el actual periodo podría ser aprobada.

La idea no es nueva, desde el final de la administración anterior ya se había indicado la necesidad de destacar el componente de innovación en el sistema científico y tecnológico y de incorporarlo a la normatividad correspondiente. Incluso, se elaboró el proyecto de ley correspondiente, pero tal parece que la iniciativa no tenía el respaldo necesario. Si ahora es diferente se debe a las negociaciones entre los principales actores del campo y a las modificaciones que se produjeron, aunque valdría la pena precisar cuáles eran los puntos de tensión.

En fin, tal parece que pasamos de un extremo a otro. Si antes, cada primero de septiembre, la atención se concentraba en el mensaje político que pronunciaba el Ejecutivo federal con motivo de su informe de gobierno —por lo menos hasta antes del último año de Vicente Fox—, ahora parece que junto con la supresión de toda la parafernalia también se ha ido el interés por el contenido del informe.

Las nuevas disposiciones normativas establecen que, en lugar de la presencia del Ejecutivo federal en el Congreso y la emisión de su mensaje político, serán los titulares de las secretarías quienes deberán rendir cuentas a los legisladores y responder a sus requerimientos de información en un plazo perentorio. Con toda seguridad no se necesita el retorno a los años de lecturas tiesas e inacabables de logros del Ejecutivo federal y a los aplausos supinos, como tampoco a las ridículas escenificaciones de riñas en el Congreso, pero lo que sí importa es examinar el contenido del informe. Después de todo, es la fuente oficial que debiera mostrar de forma equilibrada y ponderada el estado que guarda la administración pública en sus diferentes sectores.