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¿Política de Estado o de gobierno en la educación superior?
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 294, pp.11 [2008-10-23]
 

Uno de los temas que centran los debates actuales en la educación superior es si existen políticas de Estado o de gobierno para este nivel educativo. Por un lado, se subraya la continuidad observada desde la década de los años ochenta en materia de cobertura, diversificación, federalismo descentralizador, equidad, calidad, pertinencia, gestión, planeación, evaluación y coordinación (Julio Rubio, 2006, La política educativa y la educación superior en México 1995-2006: Un balance). Asimismo, han habido, además de las líneas de continuidad, algunas rectificaciones y nuevos énfasis en los instrumentos de evaluación, los sistemas de estímulos al trabajo académico, el financiamiento adicional competitivo y la gradual federalización al subsidio. También se han profundizado las políticas desarrolladas mediante los sistemas de indicadores de evaluación y gestión de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), los programas de becas, los nuevos fondos de apoyo extraordinario a las instituciones de educación superior de los estados y los esquemas de acreditación (Roberto Rodríguez, CampusMILENIO, núm. 234, 02/08/07).

Con mucha frecuencia se ha mencionado que en México los cambios que ocurren cada vez que una nueva administración llega al Poder Ejecutivo federal—y más si es de diferente signo político—constituyen un obstáculo formidable para la construcción de políticas que trasciendan el horizonte sexenal. Más aún, las nuevas políticas que se impulsan en cada periodo raras veces han surgido de una minuciosa valoración de las anteriores.

Pareciera, entonces, que cada gobierno es víctima de la prisa que le impone la periodización del sistema político mexicano. Aunque los ejemplos antes citados serían casos que hubieran resistido el paso de varios regímenes e, incluso, la transición ocurrida en el año 2000. Ante un escenario como éste, no sería difícil afirmar que lo que hasta la fecha ha ocurrido en materia de educación superior ha sido solamente la continuidad de políticas de gobierno, pero no de Estado.

A este respecto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha propuesto una serie de criterios que pretenden precisar las características de una política de Estado: 1) tienen una visión de largo plazo (es decir, rebasan el horizonte sexenal); 2) su diseño es el resultado de amplios consensos entre los diversos niveles de gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas; 3) obligan a los gobiernos a considerarlos en sus planes y programas de desarrollo, y 4) la sociedad se compromete a impulsarlas en las distintas esferas de acción.

No es nada fácil cumplir estas condiciones. Por ejemplo, el referente a la construcción de consensos entre los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), grupos sociales y fuerzas políticas. La actual situación política nos muestra de manera clara un ambiente de encono, incluso no sólo entre los partidos y demás fuerzas políticas, sino aun dentro de ellos mismos. También el escenario político se ha vuelto más complejo por la aparición de nuevos actores como los congresos locales y federales, así como una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil.

De modo que para llegar a consensos en materia de educación superior se requerirá de una gran voluntad política de los diversos actores involucrados, con el fin de superar posiciones que por ahora parecen irreconciliables.

Por otro lado, la misma ANUIES reconoce que la dinámica que ha tomado la educación superior en el último cuarto de siglo hace necesario un nuevo marco normativo en el cual se consideren, al menos, los siguientes principios: fortalecimiento de la autonomía universitaria; la rendición de cuentas a la sociedad; un marco para las relaciones laborales congruente con la materia de trabajo académico; el establecimiento de mecanismos nacionales y estatales de planeación y coordinación, efectivos y flexibles, con una amplia participación de las comunidades universitarias; el reconocimiento de un esquema de evaluación y acreditación de programas académicos, y la regulación de la educación superior privada (ANUIES, La educación superior en el siglo XXI).

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior data de 1978 y la adición de la fracción VII del artículo tercero constitucional, que elevó la autonomía universitaria a rango constitucional, tuvo lugar en 1980, sin que hasta la fecha se haya elaborado una ley reglamentaria a este respecto.

Asimismo, en el rubro del presupuesto federal y estatal a las universidades, no ha sido posible hasta ahora establecer un mecanismo que termine con la incertidumbre que anualmente enfrentan esas instituciones.

Si bien alcanzar acuerdos en estos temas y plasmarlos en una legislación clara, flexible y eficaz, podría parecer una labor harto compleja y difícil, ya hay terreno avanzado, sobre todo dentro del organismo que agrupa a las instituciones públicas de educación superior. Faltaría entonces, lo que a veces es tan difícil de alcanzar: la voluntad política de todas las partes involucradas. Recurriendo al viejo proverbio español habría que señalar que en los asuntos aquí mencionados, “obras son amores y no buenas razones”.


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Last modification: April 29 2020 11:44:32.  

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